Apesar del bajo crecimiento de la economía nacional, aunado a las altas tasas de desempleo, subempleo y economía informal, y la creciente desigualdad del ingreso, el gobierno federal presenta un programa fiscal austero donde recorta el gasto público para aumentar el superávit primario (la diferencia entre ingreso y gasto, excluyendo el pago de la deuda) para cumplir con las obligaciones financieras y tratar así de reducir el monto de la deuda. Dicha política fiscal va dirigida a mandar señales a los mercados y a las calificadoras internacionales de que se mantendrá la llamada “responsabilidad” fiscal para evitar presiones inflacionarias y sobre el tipo de cambio que pudiesen afectar a los dueños del dinero, a fin de que no le bajen el grado de inversión y le restrinjan los créditos. La política económica presente en los Criterios Generales de la Política Económica 2019, dista mucho del discurso pronunciado por el presidente López Obrador el 1º. de diciembre en contra del neoliberalismo. En tal documento se defienden los mismos fundamentos macroeconómicos que han venido predominando, tales como el “manejo responsable de las finanzas públicas”, la autonomía del banco central, la liberalización del sector financiero, así como el libre comercio, bajo el principio que ello es “esencial para facilitar la conducción exitosa de la política económica y financiera”. Es decir, seguiremos con la misma política económica neoliberal causante de que la economía tenga menos industria, bajo crecimiento, alta economía informal, bajos salarios, creciente desigualdad del ingreso, y un acelerado proceso de privatización y extranjerización de los sectores estratégicos de la economía, lo cual no se revertirá al continuar dicha política neoliberal. Tal política ha sido exitosa para el sector bancario-financiero que obtiene tasas de ganancias arriba del 28% anual, pero no para el que busca empleo y no lo encuentra, y que con la política económica actual seguirá aumentando el desempleo a pesar del programa de jóvenes Construyendo el Futuro, debido a que la economía no crecerá con los recortes presupuestales y al proseguir el libre comercio, y la banca aumentando la tasa de interés y restringiendo el crédito al sector productivo.
Los nuevos funcionarios de la SHCP no se dan cuenta que política de austeridad fiscal que defienden no reduce la inflación, ni estabiliza el tipo de cambio, ni disminuye el monto de la deuda, debido a que atenta sobre el crecimiento de los sectores productivos, lo que mantiene las presiones sobre precios, como sobre importaciones, el sector externo y el tipo de cambio. Al restringir el crecimiento económico, como el ingreso de empresas e individuos, el gobierno termina recaudando menos, por lo que prosigue el déficit fiscal, y el aumento de la deuda pública.
El gasto programable contemplado en el paquete presupuestal pasa de 17.1% del PIB en 2018 al 16.4% en 2019, lo que representa una caída de 2.4% en términos reales. Aquí se ubican los recortes a Secretarías del gobierno, a Estados, a universidades, donde resalta el recorte al presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México por 1,133 millones de pesos, lo que representa una caída del 6% respecto al presupuesto del 2018. La decisión gubernamental de no aumentar impuestos, ni crear nuevos y de trabajar con equilibrio en las finanzas públicas, pasa a recortar el presupuesto en educación, como los requerimientos de mayores gastos y de inversión necesarios para encarar los rezagos productivos y de empleo que enfrenta la economía nacional.
El gobierno perfectamente puede optar por establecer impuestos al sector financiero para financiar su gasto e inversion para no sacrificar el gasto en educación y el crecimiento económico y la generación de empleo. Ello además, permitiría mejorar la distribución del ingreso. Se evitaría así que el mayor gasto público beneficie más al sector bancario-financiero y al gran capital.
Un presupuesto equilibrado puede ser expansivo, si los ingresos públicos descansan en impuestos a las ganancias del sector financier, lo que permitiría expandir el gasto a favor del sector productivo, el empleo y la educación, contribuyendo ello al crecimiento económico. Pero el nuevo gobierno no opta por ello, para no ser mal visto por el sector bancario-financiero. No se dan cuenta que un gobierno soberano es más fuerte que cualquier grupo económico nacional e internacional, y no tiene porque seguir con las reglas del juego que éstos imponen.
Pero ello no pasa por los nuevos funcionarios de la SHCP que fueron elegidos por haber trabajado en el Banco Mundial, institución que impulsa las políticas económicas neoliberales a favor de los dueños del dinero. Al continuar con más de lo mismo, rápidamente vendrá el desencanto de la población y el nuevo gobierno no podrá tener mayor votación en las elecciones intermedias como espera para realizar cambios constitucionales para su Cuarta Transformación. ■
