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Zacatecas y el precio de las balas

Zacatecas y el precio de las balas

Para Gloria Jazmín el invierno de 2016 duró para siempre. La madrugada del sábado 19 de marzo su vida fue cegada por cuatro tiros de una pistola nueve milímetros en algún rincón de Guadalupe. Tenía 21 años y 30 semanas de embarazo. El asesinato, funesto y doloroso, fue uno de los 584 que se registraron ese año en territorio zacatecano. La opinión pública apenas se escandalizó y su muerte pasó a engrosar una estadística del horror, a la que tristemente parece que nos hemos “acostumbrado”: a partir de 2010, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), prácticamente se cuadruplicó el promedio anual de homicidios en la entidad respecto a la década previa.

El lugar común no es más que la constatación de una tragedia crónica: la violencia desangra a Zacatecas. A las defunciones hay que sumar las familias desintegradas, las migraciones forzadas, pero sobre todo esa perenne sensación de que el reinado de las sombras es terriblemente democrático: 9 de cada 10 zacatecanos reconoce vivir con miedo frente a la inseguridad que azota al estado. Y no es para menos, este 2018 también se ha pintado de rojo. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta hasta octubre 451 homicidios dolosos, tres cuartas partes de ellos con arma de fuego.

Aunque a veces opacada por el estruendo de las balas, la violencia tiene una dimensión económica; nos cuesta a todos en pesos y en centavos. Según el Índice de Paz México 2018, la violencia generada a nivel nacional durante el año previo tuvo un impacto de 4.72 billones de pesos, que equivale a ocho veces el gasto público en salud y siete veces el que se realiza en el sector educativo. Esto contempla los costos directos, como gastos médicos, en fuerzas policiales y encarcelamientos; los indirectos, que son los costos posteriores al delito, por traumas físicos y psicológicos, así como el ingreso futuro perdido, y el efecto multiplicador de ambos costos: “si una comunidad fuera más pacífica, las personas dedicarían menos tiempo y recursos a protegerse de la violencia”, señala el reporte, es decir, estos recursos podrían convertirse en inversión en infraestructura, salud y educación, por ejemplo.

En el Índice, elaborado por el Institute for Economics and Peace -un organismo internacional independiente y sin ánimo de lucro-, Zacatecas se ubica entre los cinco estados menos pacíficos del país. Mientras que a nivel nacional el impacto económico de la violencia fue durante 2017 de 33 mil 118 pesos por persona, para cada uno de los zacatecanos significó un costo de 44 mil 351 pesos. En términos globales, la violencia tuvo el año pasado un impacto en Zacatecas de 82.3 mil millones de pesos, es decir, mucho más del doble del Presupuesto de Egresos del gobierno estatal. El dato es, a todas luces y sin ambages, simplemente aterrador.

Las causas de la violencia desbordada en territorio zacatecano son múltiples y complejas. Pesa, sin duda, su posición geográfica estratégica que lo convierte en un nodo central de las rutas del narcotráfico, una rosa de los vientos que ha devenido en estrella de la muerte. No obstante, una de las determinantes más graves para la persistencia de esta violencia es la impunidad, ligada a la ineficacia del sistema de seguridad y del sistema de justicia. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2018, Zacatecas ocupa los primeros lugares, respecto a la cantidad de población, en número de personal en la procuraduría, en agencias del Ministerio Público y también en el personal del Tribunal Superior de Justicia.

Aun así, señala ese reporte, el estado tiene un nivel alto de impunidad: solo 17 por ciento de los imputados en el estado obtiene una sentencia, mientras que la media nacional es de 29 puntos porcentuales. Evidentemente algo está fallando. Pese a que el Poder Judicial recibirá el próximo año 490 millones de pesos, casi 50 millones más que la Legislatura, es muy poca la atención que se la ha puesto a la eficacia de ese gasto. Nada le regresará la vida a Gloria Jazmín, pero es indispensable generar condiciones y construir políticas públicas integrales para evitar que la violencia siga desangrando a nuestro estado. ■

*Historiador. Su tesis doctoral, sustentada en El Colegio de México, obtuvo el Premio Genaro Estrada 2018 de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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