Ciudad de México. Por violaciones graves a derechos humanos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura atribuibles a elementos del Ejército mexicano en agravio de nueve hombres –cuatro de ellos con la calidad de militares al momento de los hechos—, ocurridos en Chiapas, Durango, estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 16VG/2018 al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda.
El exhortó también se dirigió al ex encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, por la violación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
La recomendación les fue debidamente notificada el 28 de noviembre pasado, dos días antes del término de la administración de Enrique Peña Nieto.
La CNDH detalló que entre 2014 a 2016 recibió diversas quejas presentadas por parte de las propias víctimas, así como una vista presentada por un Juzgado de Distrito y dos quejas por parte de la Defensoría Federal, en las que manifestaban que elementos adscritos a la Sedena habían realizado, en distintos momentos, la detención arbitraria de nueve personas y que durante el tiempo que estuvieron bajo su custodia habían sufrido actos de tortura.
La Recomendación se dirige a la Sedena porque se encuentra relacionada con una práctica de los elementos militares que realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o de denuncias anónimas y que derivan en actos violatorios de derechos humanos.
Como resultado de la investigación, la CNDH acreditó que se violaron los derechos humanos a la libertad, integridad, seguridad jurídica y personal de nueve agraviados (hombres) detenidos por militares y que resultaron víctimas de actos de tortura, dos de ellos, también fueron objeto de actos de violencia sexual.
Los hechos se suscitaron en seis diferentes estados de la República (Chiapas, Durango, estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas). «Como práctica constante, se acreditó que los actos violatorios consistieron en el amarre de extremidades (manos y/o pies), golpes, vendado de ojos, agresiones psicológicas, descargas eléctricas (a dos personas), golpes con objetos (en glúteos y plantas de los pies), intentos de asfixia y actos violentos».
Además, la CNDH acreditó que un agente del Ministerio Público Militar (para el caso de tres víctimas) y los agentes del Ministerio Público Federal (para seis víctimas) violentaron el derecho de acceso a la justicia en agravio de los nueve. Quienes en al menos seis casos tuvieron elementos suficientes para iniciar una indagatoria penal por la probable comisión del delito de tortura.
Sin embargo, a la fecha, sólo en cinco casos se ha iniciado la averiguación previa correspondiente, precisando que ha transcurrido un término que oscila entre 11 meses y cuatro años y ocho meses para el comienzo de su integración. Así como que de un caso no se tiene conocimiento de que se tramite la investigación ministerial conducente. Por ello, también se dirigió la Recomendación a la PGR.
