La militarización en las actividades policiacas tiene larga data en el país. y también es histórica la oposición internacional a esa función de las fuerzas armadas por dos motivos centrales: (1) porque con ello se eleva considerablemente la violación de los derechos humanos, y (2) ahí donde ha ocurrido en realidad ha subido la violencia que, al parecer, es lo que dicen atacar. Quiero mostrar lo que ha ocurrido en México en la relación de violencia y vulneración de derechos humanos con la intervención del ejército en tareas policiacas. Para ello, daré cuenta de los estudios empíricos que existen y qué nos dicen al respecto.
Está en la memoria el caso paradigmático de la intervención del ejército en el combate al crimen organizado: la operación Condor en el 77. La organización de producción de mariguana y amapola de Sinaloa fue atacada con fuerza. Se dispersaron un poco y el resultado final fue la creación del poderoso cartel de Guadalajara. Los sinaloenses encabezados por Félix Gallardo se apoderaron de la capital tapatía. Y una vez que se estabilizaron en esa zona, y lograron corromper a la dirección de la tristemente famosa Dirección Federal de Seguridad, a todos los gobernadores de la región y piezas clave del ejército, ingresaron al negocio del trasiego de cocaína en alianza con los colombianos. Esta experiencia no ha sido bien leída por los gobernantes que continuaron por la vía de la militarización de la seguridad en el combate del narco. Así fue en la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública en 1995. O la estrategia de militarizar la cabeza de todos los órganos de seguridad civil, que consistió en nombrar generales o capitanes como directores de seguridad en los estados, donde ellos a su vez, nombraban (a través de los alcaldes) a los directores de seguridad en los municipios. Tampoco resultó esa estrategia: aquí en Zacatecas hay contundencia en dicho fracaso.
Después de ese año (1995) viene un tiempo de una serie de operativos que cubren (casi) la totalidad del territorio nacional. Y se dan de dos maneras, operativos de las fuerzas federales en los estados, y aquellos que se organizan de forma conjunta entre policía federal, secretaria de marina, de la defensa y las policías estatales (las llamadas Bases de Operaciones Mixtas). Dichos operativos los respaldan con peticiones de los gobernadores. Podemos rastrear las justificaciones que hace el gobierno federal de la participación federal a través del programa nacional de seguridad pública y del programa sectorial, de los dos últimos sexenios. Sólo que en los programas sectoriales justifican dichas acciones bajo el objetivo de destruir las zonas de siembra y producción de enervantes, pero en realidad los reportes de destrucción son muy pocos. Lo que reportan los diarios son detenciones de algunos líderes de grupos o la muerte de otros de ellos mismos.
Es sintomático que en los informes presentados por las secretarías de la defensa y de marina, no indiquen cómo su acción disminuyó la violencia en las zonas de su intervención. Sólo señalan datos de aplicación: número de efectivos movilizados y territorio visitado. Otro indicio negativo importante es que se tomaba presos a líderes de grupos delincuenciales, pero su respectivo patrimonio nuca fue afectado. Hacen mención de una tipología de operativos: golpe de mano (puntuales), operación rastrillo (contra el narcomenudeo), y el llamado Operación inflexible. La pregunta es, ¿pacificaron los territorios intervenidos? Veamos.
Un estudio que publicó la investigadora del CIDE, Laura Atuesta, que realiza un análisis econométrico a nivel municipal para medir presencia de fuerzas federales, con el fin de estimar el impacto de dicha presencia en el incremento de la violencia observada en el país, resulta que los números no son alegres. En la construcción de la correlación, usa de un lado los datos del número de enfrentamientos con el crimen organizado, donde participan fuerzas federales, número de delincuentes detenidos, los muertos, y aquellos donde específicamente participa la Sedena. Y del otro lado de la correlación, se pone de relieve el número de homicidios en el corto y el largo plazo.
Y los resultados son los siguientes: “los resultados sugieren que, en el corto plazo la violencia se ve más afectada si las fuerzas públicas detienen a miembros del crimen organizado que si estos mueren durante el enfrentamiento. El efecto de un detenido adicional causa un incremento en los municipio de 8.9 por ciento”. El estudio basado en metodologías econométricas concluye que la violencia y la violación de derechos humanos se va a las nubes. Si el objetivo es pacificar al país, entonces la militarización hasta ahora ha resultado contraproducente. La pregunta al nuevo gobierno es, ¿cuál es la estrategia diferente en la intervención militar en tareas de seguridad pública para cambiar los resultados 180 grados? Aun no lo vemos. Es un misterio. Es una pregunta en espera de respuesta. ■
