En México hoy estamos asistiendo a un fenómeno muy raro: una confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por un lado y el Poder Judicial por otro. En realidad, la teoría de la separación o división de poderes para garantizar que el poder controle al poder no se ha llevado a la práctica con responsabilidad. La hegemonía del titular del Poder Ejecutivo sobre los otros dos poderes es una de las causas de fondo de la atrofia de la arquitectura republicana, que también explica, en el fondo, la grave descomposición institucional que padecemos. Nadie en sus cabales puede negar que las funciones de procuración y administración de justicia se desempeñan con poca eficiencia y de que la ley se sigue aplicando discrecionalmente: “al amigo justicia y gracia, y al adversario justicia a secas”. El poder legislativo legisla por consigna y nunca ha cumplido cabalmente su función de control político del Ejecutivo, ni la de revisión de las cuentas públicas de los otros dos poderes o de los ayuntamientos. Hasta hoy, son excepciones los casos de miembros de la élite del poder en México que hayan sido condenados por beneficiarse con los recursos públicos o por lavado de dinero de procedencia ilegal.
Es muy conocida la anécdota de que Porfirio Díaz solía decir “ese gallo quiere maiz” cuando alguna persona manifestaba alguna crítica a su prolongada gestión. A la conducta consecuente a esa expresión se le llama “maicear” y al beneficiario “maiceado”. En los tiempos actuales, la manera más frecuente de controlar adversarios es permitiéndoles que se beneficien abusivamente de los recursos públicos mediante mecanismos aberrantes como las “herramientas legislativas” en la Legislatura de Zacatecas, o los llamados moches y las estafas maestras con la proliferación de empresas fantasma. Y en la base de todo ello el pacto no escrito que hasta hoy les ha garantizado la impunidad. Pero como dice el dicho, no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo aguante.
La elección de AMLO como presidente de la República equivale a que ha llegado al centro de la red de redes de corrupción un agente extraño y, para colmo, convencido de que esa red de redes es el mal mayor que debe combatir su gobierno. Su triunfo electoral ha provocado que cambie una pieza clave del rompecabezas de la corrupción, lo que ya ha empezado ha provocar una reacción en cadena que pondrá al descubierto a las distintas piezas del mecanismo. Ese es el significado de las acciones de distintos actores que han empezado a actuar para impedir la aplicación de la disposición constitucional de que ningún servidor público gane más que el presidente, y que las remuneraciones de todos ellos estén contenidas en el presupuesto de egresos de la federación que se aprobará este mes. Llama mucho la atención la participación en ese esfuerzo de la Suprema Corte, lo que significa que la conducta reiterada de auto asignarse remuneraciones exageradas, tanto si las comparamos con sus pares de otros países, y más si las comparamos con los ingresos de la inmensa mayoría de los mexicanos. Ojalá pronto rectifiquen.
