En general estamos ante una historia de presupuestos inerciales. Lo cual significa que no hay grandes innovaciones en el proceso de gobierno. Sobre la base del presupuesto del año anterior, se realizan pequeños ajustes y con ello se integra el presupuesto del año actual. Pero dado que la corte dictaminó que el presupuesto del 2018 es ilegal y estuvo lleno de irregularidades, ¿se puede tomar como base inercial para construir el presupuesto del año 2019? En teoría, el ejercicio 2019, si toma como base el anterior, está con ello avalando una distribución ilegal del recurso público.
La base legislativa cambió completamente. Pero nada impide que las prácticas sean de la misma corte. Se supone que el supuesto básico de los legisladores es que la propuesta que viene del ejecutivo ha pasado por un proceso de planeación que ha diagnosticado la realidad del estado y tiene las soluciones a la puerta de su acción. Es decir, que la propuesta de distribución de recursos no es arbitraria, sino basada en una racionalidad basada en evidencia. Tal vez en algunas áreas del gobierno haya avances en el desarrollo de una racionalidad de este tipo, pero en el conjunto del gasto no hay razones para pensar que así es. Para saber que se está reflejando presupuestalmente las necesidades y la voluntad social, no hay más que la participación de la sociedad en la elaboración del presupuesto. Entre mayor sea la participación social, menor es la arbitrariedad de los órganos representativos. La línea que divide la representación de la suplantación es muy delgada.
En pocas palabras, la manera de resolver la arbitrariedad y las prácticas interesadas en la elaboración de los presupuestos es la realización del Presupuesto Participativo. Pero en todo el ciclo presupuestal: desde la planeación, discusión de alternativas, la decisión, la ejecución, y hasta la evaluación del mismo. Todo puede ser participativo, con diversas modalidades. Los actores que son sujetos de los programas y los afectados de las decisiones son los que deben ser invitados a participar. Hay formas y mecanismos para hacer que la sociedad se involucre y sea corresponsable de los procesos de desarrollo generados desde el Estado.
Sin embargo, no vemos que las prácticas se dirijan en esa dirección. El presupuesto es capturado por intereses muy localizados. Los legisladores toman la propuesta del ejecutivo y actúan movidos para incluir en el presupuesto los objetivos o metas de sus respectivos grupos de interés. En las pasadas elecciones todos los partidos se comprometieron a apoyar formas participativas de la asignación del dinero público. El saldo a esta fecha es que la mayoría se ha olvidado de dicho compromiso, y unos pocos siguen en la idea y planear la manera de llevarlo adelante. El riesgo en estos escenarios es que la iniciativa de esos pocos termine en la conocida congeladora legislativa. Esperamos que los interesados (legisladores y funcionarios) en impulsar el presupuesto legislativo tenga éxito.
