■ Procedimiento legislativo se violentó por parte del PRI, PVEM, Panal y PAN, denuncian
■ Podría tener efectos jurídicos para aquellas personas que no estén de acuerdo con el cobro de impuestos que se les hizo durante este 2018: Gerardo Espinoza
■ Godezac aún no ha recibido notificación de la SCJN; hasta que esto ocurra cuando se conozcan los efectos legales que tendrá la sentencia: Jorge Miranda
Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválido el paquete económico de Zacatecas para el presente año debido a que los ministros advirtieron irregularidades en el proceso que los ex diputados locales siguieron para su aprobación en diciembre de 2017.
El 5 de diciembre del año pasado fue aprobado este paquete económico sin la presencia de la oposición y entre acusaciones de haberse violado la ley y los reglamentos durante el proceso.
Los legisladores de los grupos parlamentarios minoritarios en aquel momento, los de Morena, el PT, el PRD y Encuentro Social, rompieron el quórum de la sesión que se pretendía realizar ese 5 de diciembre con el objetivo, según expusieron, de alargar los tiempos de aprobación para que pudiera llevarse a cabo un análisis más preciso del documento que el Gobierno del Estado presentó apenas 17 días antes.
Sin embargo, sin convocar a la oposición y cambiando a la presidenta de la mesa directiva, los diputados oficialistas del PRI, el PVEM y el Panal, junto con los del PAN, reiniciaron los trabajos y aprobaron sin discusión el paquete económico.
Por ello, los legisladores de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de invalidar el proceso y por tanto los documentos autorizados ese 5 de diciembre. La sentencia a favor fue la que obtuvieron este lunes.
El abogado que elaboró el recurso fue Gerardo Espinoza quien, en entrevista este lunes, recordó que esta determinación de acudir a la SCJN la tomaron por considerar que “hubo una violación al principio del debido proceso; el procedimiento legislativo se violentó por parte del PRI, del PVEM, del Panal y del PAN”.
Destacó que estos grupos parlamentarios mostraron una urgencia inusitada al querer aprobar el presupuesto a principios de diciembre, cuando todavía quedaban más de 20 días para que concluyera el plazo legal que tienen los legisladores para autorizar el paquete económico.
Pese al tiempo que les restaba para el análisis de la propuesta del Ejecutivo estatal, dijo que “al parecer por instrucciones del secretario de Finanzas los diputados acortaron el procedimiento, no discutieron el paquete en comisiones y no convocaron a la oposición para la discusión tanto del presupuesto de egresos, de la ley de ingresos y de toda la miscelánea fiscal”.
Consideró que esta resolución de la SCJN sienta un precedente para que, independientemente de la composición política de las Legislatura estatales, deba privilegiarse la deliberación política, es decir, “tiene que haber respecto a la voluntad popular y a la integración de los órganos legislativos, y permitir que todas las voces sean escuchadas”.
Esto es algo, puntualizó, que no se respetó en Zacatecas el año pasado y que ahora ha derivado en que durante todo el año se ha ejercido un presupuesto y se han cobrado impuestos de forma ilegal.
Gerardo Espinoza sostuvo que esta resolución da pie para “volver a creer” en la Suprema Corte y, aunque lamentó que la sentencia se obtuvo 11 meses después de interpuesto el recurso, indicó que sí podría tener efectos jurídicos para aquellas personas que no estén de acuerdo con el cobro de impuestos que se les hizo durante este 2018.
Ante las declaraciones dadas por el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, a través de un comunicado oficial, en las que asegura que no tendrá consecuencias en esta parte de la recaudación, el abogado recalcó que este funcionario “acostumbra mucho a dar esas declaraciones a la ligera; cada vez que hay un amparo contra impuestos, cada vez que se gana una acción legal, dice que no afecta. A lo mejor, en su descaro y cinismo, no significa nada importante, pero para nosotros sí lo es”.
Dijo que no descartan que cualquier ciudadano que haya sentido vulnerados sus derechos por los cobros, quizá mayores, que en este 2018 le hicieron respecto a lo que pagó en 2017, pueda inconformarse para exigir una devolución de la diferencia.
Y es que con esta resolución, desde el propio Gobierno del Estado se informa que cuando sean notificados y el paquete económico 2018 quede invalidado deberán entrar en vigencia las leyes de 2017.
A través de un boletín, el Gobierno del Estado informó que todavía no ha recibido la notificación de la SCJN que haga de su conocimiento este resolutivo. El secretario de Finanzas, según se expone, sostuvo que será hasta que esto ocurra cuando se conozcan los efectos legales que tendrá la sentencia.
No obstante, de entrada el funcionario calificó en esta comunicación oficial como “extemporánea” la resolución de la SCJN, pues el presupuesto de egresos 2018 ha sido ya ejercido casi en su totalidad.
“La resolución es como si hubieran sentenciado a cadena perpetua a una persona que ya murió”, aseguró el secretario Miranda Castro, quien agregó que este resolutivo no es retroactivo. Por ello, según se agrega en el boletín, “no será afectado el cobro de impuestos estatales realizado hasta ahora ni las erogaciones presupuestales ya ejecutadas por las dependencias respectivas”.
Tras señalar que esta declaratoria de invalidez “debe tomarse con toda seriedad y responsabilidad”, se concluye que “cualquier efecto que acuerden los ministros sólo aplicará para los días que restan del año y, probablemente, serán subsanables aplicando en automático las normas que estuvieron vigentes para 2017”.
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