Al interpretar lo acaecido en el ámbito político nacional el primero de Diciembre del año en curso, es necesario diferenciar entre dos condiciones de la palabra “legitimidad”. Se dice que la palabra legítimo hace referencia a todo lo que se encuentra en conformidad con las leyes, pero la legitimidad puede, en cierto momento, devaluar su sentido si no cuenta con el reconocimiento de las mayorías, al tratarse de un proceso electoral democrático. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, cuando se proclamaba como el presidente legítimo de la nación, se refería a que gozaba del reconocimiento de un amplio porcentaje, de mayor diferencia en cuanto a los sufragios emitidos, con respecto a sus contrincantes políticos, en las pasadas contiendas electorales. Aunque de manera chapucera nunca haya accedido al poder ejecutivo, acorde con los ordenamientos jurídicos, uno de los hechos que contribuyó a magnificar la falta de credibilidad en los procesos electorales nacionales, siempre gozó de la preferencia de un mayor sector de votantes, quienes atestiguaron impotentemente la imposición de Felipe calderón y Enrique Peña Nieto como presidentes de la República, en 2006 y 2012, respectivamente.
Pues bien, el pasado primero de Diciembre, Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el presidente legítimo de todos los mexicanos; ha asumido su primer día de mandato, legal y popularmente. Ahora no sólo ha recibido la aceptación de una gran mayoría de ciudadanos, sino que ha recibido el poder ejecutivo de manos del saliente inquilino de Los Pinos, quien, para beneplácito del pueblo de México, se va, aunque dejando atrás una estela de podredumbre institucional observable por todos los actos de corrupción, impunidad, ineficiencia gubernamental, pero sobre todo, por la represión al movimiento social, que caracterizaron su sexenio. Un trivial expresidente de la República, oscuro y resignado, quien entrega la banda presidencial a Porfirio Muñoz ledo, máximo representante de la Cámara de Diputados, expresa las características del sexenio terminal, contrarias a las simpatías emanadas hacia el recién electo dirigente nacional, quien a pesar de las condiciones en que recibe el país, sigue siendo considerado como la máxima esperanza para revertir los daños perpetrados por los pasados presidentes, acordes a las políticas rapaces de empobrecimiento de muchos y el enriquecimiento de pocos.
Noche de fiesta la del primero de Diciembre; noche de esperanza y de manifiesta simpatía hacia un presidente de la república como nunca se había percibido antes, en tiempos recientes. Pero los pronósticos económicos no son alentadores; inclusive los “periodistas chayoteros” siguen tratando de incidir en sus audiencias sobre el problema que representa la adquisición de recursos para que el esperanzador presidente en funciones cumpla con sus promesas de campaña, sin considerar, claro está, que la debacle nacional ha sido fraguada por los salientes mandatarios de la nación, desde que se eligió el modelo neoliberal como fundamento gubernamental. Contra las estrategias mediáticas explotadas por los mismos aduladores de los sistemas políticos encabezados por el priísmo y el panismo, los soñadores que visualizaron mejores condiciones para el desarrollo económico, y por ende, mejores contextos para la vida social, visualizan más que nunca la posibilidad del cumplimiento de los cien puntos directores del nuevo mandato.
A grandes rasgos, la caída de la nefasta “Reforma Educativa” resulta ser un avance desmesurado con respecto a un futuro alentador en el que se rescate la trascendencia que el docente ostentaba hasta antes de la llegada de los gobiernos encabezados por Vicente Fox, Felipe calderón y Enrique Peña Nieto, quienes para poder fundamentar sus imposiciones educativas se dedicaron a engañar a la sociedad con respecto a la falta de calidad en el servicio educativo, sin considerar la inyección de recursos al que estaban obligados a aportar, como gobierno federal. El compromiso a no robar, ni permitir que se abuse del poder por parte de algún funcionario público, mediante la iniciativa de ley que permite tipificar la corrupción como delito grave, posiblemente siente las bases para un desempeño público que redunde en servicios de carácter social más eficientes. La libertad de expresión, considerando las diferencias políticas, religiosas, étnicas, etc., tampoco es un avance mínimo; el derecho a manifestar las inconformidades por cualquier medio de comunicación no será perseguido de manera selectiva, ni se reprimirá a quien no esté de acuerdo con los designios del poder. En el plano económico, la generación de proyectos productivos intentará sentar las bases para abatir la inconformidad social que se manifiesta cotidianamente por los habitantes del campo y de cualquier ciudad, pero sobre todo, el hecho de que los programas del gobierno tengan como población preferente a los pueblos indígenas, atendiendo a todos los mexicanos sin importar creencias, clases, ni partidos, parece un alentador despertar después de la pesadilla que se ha experimentado por más de 30 años.
Recibiendo el bastón de mando de parte de los pueblos originarios de la nación, y tras un evento dirigido por Fernanda Tapia, la irreverente cronista de las anomalías características de los telenovelescos representantes del gobierno federal, en red televisiva nacional, la noche del primero de diciembre de 2018 es un parte aguas en la vida política nacional, un presagio alentador de un mejor gobierno federal. La noche terminó con una verbena popular, de la que inclusive los “analistas chayoteros”, los otrora porristas y cantores de las desgracias sociales provocadas por la discriminación aplicada por los ejecutivos nacionales anteriores, estuvieron de acuerdo en que se trató de un evento popular, ratificando el término “legitimidad” en su máxima interpretación. Bienvenido, Presidente legítimo. ■
