Ciudad de México. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posesión del cargo el sábado, citó para el lunes a los padres de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 para anunciar acciones de investigación del caso, informó hoy un abogado de las víctimas.
El director del centro de derechos humanos Prodh, Mario Patrón, dijo al programa de radio Aristegui Noticias que se espera la firma de un decreto presidencial para crear comisiones de investigación y seguimiento.
A la cita, que se hará en el Palacio Nacional, sede de Gobierno, están convocados los familiares de los jóvenes estudiantes de la escuela de Ayotzinapa y sus representantes. «No es cualquier signo político que los padres y madres estén citados el primer lunes de trabajo formal de este nuevo Gobierno», dijo Patrón.
Los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en un hecho que involucró a policías y a integrantes de un grupo dedicado al tráfico de drogas.
Fueron perseguidos y atacados en la ciudad de Iguala, 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, después de apoderarse de unos autobuses para una manifestación, algo que acostumbraban a hacer para poder trasladarse.
Nunca se esclarecieron las causas, pero expertos independientes afirman que Guerreros Unidos traficaba drogas en autobuses hacia Chicago y que los jóvenes podrían haber tomado, sin saberlo, un autobús con un cargamento de cocaína.
Además de las desapariciones, tres estudiantes y otras tres personas perdieron la vida en los tiroteos que se produjeron esa noche.
«Si casos como Ayotzinapa no se resuelven, pues es un mensaje lapidario para otras historias de graves violaciones a los derechos humanos que no tienen la representatividad que sí tiene el caso Ayotzinapa», dijo Patrón.
La Fiscalía general afirmó, después de las investigaciones iniciales, que los jóvenes habían sido incinerados en el basurero de la vecina ciudad de Cocula y que las cenizas fueron lanzadas a un río. La versión, conocida como la «verdad histórica» de la Fiscalía, fue refutada por peritos independientes, pero el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, volvió a defenderla hace unos meses.
Patrón dijo que en septiembre, cuando López Obrador se reunió con los padres de los estudiantes en el cuarto aniversario de la desaparición, se comprometió con ellos a tomar varias acciones para llegar a la verdad. Esos acuerdos fueron la creación de una comisión especial de investigación con facultades penales, es decir un mecanismo extraordinario de Justicia, una comisión de carácter político para asegurar que toda la administración pública apoye las investigaciones y permitir la asistencia técnica internacional. Sólo un hueso calcinado de uno de los jóvenes, encontrado en unas cuestionadas diligencias judiciales en la zona del río San Juan, fue identificado con certeza como perteneciente a uno de los estudiantes.
Varios organismos de derechos humanos se han ocupado del caso Ayotzinapa y denunciaron omisiones de las autoridades para evitar el ataque, así como deficiencias e irregularidades en las investigaciones. «Uno de los principales retos que enfrentará este Gobierno es cómo romper los pactos de impunidad», dijo Patrón. «Resolver Ayotzinapa permitiría generar un efecto de reestructuración, de reformas institucionales, que permitan a otras miles y miles de víctimas también acceder a la verdad y la Justicia».
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CIDH) de México presentó el miércoles un informe en el que señaló que hay evidencias de que 19 personas fueron incineradas en el basurero pero que no se puede determinar si se trata de alguno de los estudiantes por las propias deficiencias de la investigación.
Otros organismos, en cambio, entre ellos el Equipo Argentino de Antropología Forense, han señalado que no existen evidencias científicas de que una quema masiva la noche de la desaparición de los jóvenes, aunque sí hay pruebas de que en ese sitio otras personas fueron incineradas en otros momentos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, presentó también el miércoles su informe final sobre Ayotzinapa. En el documento, el organismo señaló que «persisten una serie de desafíos», entre ellos que la investigación es fragmentada, incompleta y carece de una directriz clara. Además, expresó su preocupación de que «aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del Basurero de Cocula».
