Entre los actores que se han sumado al enérgico llamado a Andrés Manuel López Obrador para que componga el país incluso antes de tomar protesta como presidente de México está la Iglesia Católica, la cual recientemente publicó en su semanario “Desde la fe”, el artículo Primero justicia y después perdón, de la activista Isabel Miranda de Wallace.
En el texto se señala que el “perdón” que López Obrador ofrece a los delincuentes en el marco de la amnistía que el gobierno entrante podría implementar es “inmoral y ofensivo”, y demandó de AMLO acciones para obtener “justicia”.
La petición a López Obrador puede ser legítima y sin duda es compartida por millones de mexicanos, pero lo cuestionable es la autoridad moral de la iglesia para tomar esa bandera, pues ha demostrado que incurre en un mutismo a modo cada que le conviene; ha modulado convenientemente sus declaraciones y exigencias hacia la clase política mexicana desde que su poder se relativizó en México luego de la Guerra de Reforma, y salvo contadas y dignas excepciones como la de la congruencia social de Alejandro Solalinde, en la actualidad no representa mucho más que un grupo de poder que sólo prioriza sus intereses particulares.
En el tema específico del crimen organizado, antes de buscar emitir juicios y establecer parámetros de “justicia” la Iglesia debería comenzar por admitir que en territorio mexicano sigue muy vigente su nexo con la esfera criminal, en una trama en la que se cuenta desde el “bautizo” de las armas de los sicarios en múltiples iglesias o el lavado de dinero en obras de caridad promovidas por el clero, hasta la complacencia de la Iglesia para bendecir los fastuosos mausoleos ubicados en Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa, los cuales son dedicados a cientos de narcotraficantes abatidos.
La relación Iglesia-narcotráfico en México ha sido larga, y no deja de llamar la atención que mientras el vínculo a gran escala entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el narco estuvo más fuerte entre los años setentas y el 2000, el clero católico mantuvo conveniente silencio, incluso en casos tan emblemáticos como el de las “narcolimosnas” que se han repartido prácticamente sin parar en el norte del país, aunque también se han registrado en otras partes de la República Mexicana, como en Pachuca, Hidalgo, donde en el Centro de Evangelización Juan Pablo II llegó a colgarse una placa de gratitud al ex líder de los Zetas, Heriberto Lazcano, “El Lazca”, por ser un agente benefactor para ese centro religioso.
En niveles mayores se puede referir igualmente el polémico asesinato del arzobispo de Guadalajara, José de Jesús Posadas Ocampo, el cual dejó más preguntas que respuestas gracias a los funcionarios que participaron en el esclarecimiento de los hechos, a pesar de que lo único que quedaba transparente era la implicación de los grupos de narcotraficantes, en particular el Cártel de Sinaloa.
La relación de la iglesia con el crimen organizado dedicado al tráfico de estupefacientes resulta escandalosa, pero no lo es menos su vínculo con parte de lo más oscuro de la clase política mexicana. Al respecto quedan para la posteridad las bendiciones del cardenal Norberto Rivera al ex presidente Carlos Salinas de Gortari en eventos públicos, en particular cuando Salinas era el paladín del proyecto neoliberal que conduciría a México al primero mundo, y la iglesia se tomaba muy en serio su papel de respaldar estratégicamente al PRI en dicho proyecto.
En el mismo tenor se pueden mencionar los matrimonios amañados de Martha Sahagún con Vicente Fox, y el de Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto. En ambos casos el clero mexicano intervino “fast track” para que el Vaticano visibilizara los divorcios de ellas con sus ex parejas, y Fox y Peña Nieto le pudieran proyectar a la población matrimonios congruentes con el estereotipo que las televisoras generaron en torno a sus personas: en el primero de los casos un matrimonio guadalupano de primera línea, y en el segundo una relación que encarnaba el cuento de hadas promovido por años en las telenovelas de Televisa.
En el marco de la coyuntura política por la que México está a punto de atravesar, sería muy bueno que la iglesia asumiera la consigna de que “el buen juez por su casa empieza”, y en relación a ello cambie la profunda relación que ha mantenido por décadas tanto con grupos criminales dedicados al tráfico de estupefacientes, como con los delincuentes de cuello blanco a los que tanto le gusta bendecir. ■
