Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo con la propuesta de legisladores de su partido, Morena, de prohibir las comisiones a los bancos. Recordó que ha prometido que no buscaría reformas en materia fiscal en los primeros años de Gobierno. Parte de dos supuestos, uno que en las elecciones intermedias obtendrá mayor número de votos, lo que lo legitimaría más para impulsar cambios constitucionales y reformas en materia fiscal y financiera y el segundo supuesto es que “en los primeros años de su sexenio acreditará que es posible el crecimiento económico por medio del combate a la corrupción y del desempeño de un gobierno austero”. El problema es que es difícil que vuelva a tener la votación alcanzada el 1º de julio pasado, dado que el combate a la corrupción y el gobierno austero no le darán para alcanzar el crecimiento y bienestar buscado. Al no realizar cambios de la política económica predominante que ha actuado a favor del sector bancario-financiero y de las empresas transnacionales, la economía mexicana seguirá manifestando bajo crecimiento, alto desempleo, crecientes desigualdad del ingreso, así como mayores presiones sobre el sector externo que llevarán a mayores presiones sobre la paridad cambiaria, como sobe la tasa de interés, lo que empeorará los problemas económicos, políticos y sociales que padecemos y vendrá el desencanto.
López Obrador dijo que no cambiaría las reglas de operación de los bancos y que éstos “tendrían todas las garantías en nuestro país”, lo cual dará paso a que éstos sigan cobrando altas comisiones y altas tasas de interés, y prosigan obteniendo altas ganancias. El que será Secretario de Hacienda dijo que las “iniciativas que buscan mejorar la condición de vida de los mexicanos no necesariamente lograrán su objetivo si no toman en cuenta los impactos en las finanzas públicas y en la estabilidad del sistema financiero”, y añadió que se requiere escuchar a expertos para ver el impacto de las comisiones bancarias. La respuesta a esto la dan los cursos de Introducción a la Economía de una universidad pública, donde se señala que las políticas a favor del sector bancario, como la austeridad fiscal, las altas tasas de interés, las altas comisiones, actúan en detrimento de las empresas industriales y agrícolas y de las familias, que ven reducidas sus ventas e ingresos, e incrementadas las transferencias de recursos que tienen que pasarle a la banca. Ello descapitaliza a las empresas y familias por lo que se restringe su inversión y consumo, se frena la actividad económica y se recrudece la desigualdad de la riqueza a favor del sector bancario. Las mayores ganancias de la banca no se traducen en mayores créditos a favor del sector productivo y de la generación de empleo, sino esos recursos pululan en el propio sector financiero. Las finanzas públicas se beneficiarían por el mayor crecimiento que la eliminación de comisiones generarían, debido a que potenciarían la capacidad de inversión y de consumo de empresas e individuos. El sistema financiero tendría menores ganancias, pero sería más estable, pues con mayor crecimiento económico, se tendría mejor capacidad de pago de la deuda.
Según la calificadora Fitch Rating en caso de ser aprobada la propuesta de Morena en el Senado “tendrá efectos negativos en el mediano y largo plazo en los esfuerzos de impulsar la intermediación e inclusión financiera en el país”. No se dan cuenta que no tenemos intermediación e inclusión financiera a favor del sector industrial y agrícola y a favor de la generación de empleo y del crecimiento económico. La banca tiene ganancias anuales arriba del 25% y la economía solo crece al 2.1% promedio anual. Esas calificadoras actúan a favor de los intereses de los dueños del dinero, y no a favor de tener bancos funcionales al crecimiento económico y a la generación de empleo.
López Obrador aseguró que respeta la libertad de los legisladores de presentar iniciativas. Dijo, “soy muy respetuoso, no doy línea a nadie. No hay consigna”. Si en verdad es así, no es para que cuestionara la iniciativa presentada por el líder de Morena en el Senado. Si él no está de acuerdo en hacer cambios constitucionales y presentar reformas fiscales y al sistema bancario, que el Ejecutivo no lo haga, pero el Legislativo que es un poder independiente y soberano, tiene todo el derecho de presentar y aprobar las iniciativas de Ley que considere pertinentes para la transformación del país y para el impulso del crecimiento económico y para reducir las desigualdades existentes.
El sector financiero ha dicho que los legisladores de Morena deben actuar con responsabilidad y deben tener presente que habrá consecuencias. Quieren que se siga gobernando a su favor. No se dan cuenta que la mayoría de la población votó el 1º de julio por un cambio en el país, y no por seguir con más de lo mismo. Un Estado soberano tiene capacidad de encarar cualquier embate del sector bancario. Ellos son los que desestabilizan al país cuando no se hace lo que ellos quieren, y de ahí la necesidad de que el poder Legislativo no se amedrente ante las presiones de los dueños del dinero. ■
