Son muchas las cosas que deben ocurrir para relanzar a México por la vía del desarrollo humano. Y las expectativas son altísimas de lo que el nuevo gobierno hará al respecto. Pero es evidente que eso que han llamado ‘cambio de régimen’ no ocurrirá en un año. Todos las personas que están esperando el cambio en su sector correspondiente esperan que en el primer día empiecen los cambios: el campo se haga (casi) autosuficiente, se sustituya la reforma educativa con otro proyecto educativo que sí garantice el acceso efectivo de los niños al saber, el modelo de salud se transforme de un esquema clínico malo y caro a otro que lleve prevenga las enfermedades crónicas; las universidades que no tengan problemas financieros y al mismo tiempo estén comprometidas con el estudio y solución de la problemas nacionales; la justicia transite a formas de juicios rápidos y efectivos, que podamos superar el pantano de impunidad en que vivimos; la violencia se vea disminuida, junto con la pobreza; y claro está: la corrupción. La pregunta es, ¿cómo y en qué ritmo va a cambiar todo esto?
Condición sine qua non para el cambio son la modificación de la estructura hacendaria y el rompimiento de la influencia de los poderes fácticos en las esferas de gobierno. Sin estas condiciones no habrá dinero que financie el desarrollo de los programas sociales en un contexto de baja percepción de recursos petroleros; y no habrá condiciones políticas para que el chantaje de los mega-ricos y las trasnacionales permitan mejorar las condiciones laborales de la contratación de trabajadores, se oferte la obra pública a pequeños y medianos empresarios nacionales, la comunicación de los grandes medios de cobertura nacional se diversifique y, a fin de cuentas, el motor de la corrupción se acabe. La pregunta es, ¿cómo y en qué momento habrá cambio en la estructura de la hacienda pública donde El Capital pague impuestos a través de las herencias y pago directo por concepto de utilidades? ¿Cómo será el mecanismo para alejar y blindar al Estado de los poderes fácticos?
Pues bien, no hay respuestas sobre la Estrategia que va a implementar la nueva fuerza política que tomó la dirección del país, expresada en mayoría en el Congreso de la Unión, más de 20 legislaturas locales, el Gobierno Federal y un sinfín de municipios. ¿Qué papel tendrá el partido Morena en esa Estrategia de cambio? ¿Qué cosas hará ahora y qué cosas después? ¿Por qué en el orden propuesto? La iniciativa de Morena en el senado para obligar a disminuir las tasas de utilidad de los bancos, que fue rechazada por AMLO, provoca la pregunta: ¿sí lo hará?, ¿en qué momento? Las declaraciones del presidente electo van en el sentido de que muchos de los cambios importantes ocurrirán en la segunda parte del sexenio, y en los primeros 3 años dedicarse a estabilizar el barco. Pero son declaraciones crípticas. Debemos conseguir compromisos y metas de la ruta del cambio para 6 años.
¿Qué se hará desde gobierno federal? ¿Qué tipo de cosas impulsará el poder legislativo? ¿Cuál será el papel de Morena? En el caso de este último, está todo por definir: es un partido que cumplió su objetivo con el triunfo en las elecciones pasadas. Ahora deberá (prácticamente) refundarse. En morena se conglomeran los militantes y líderes de los movimientos sociales que hicieron posible el triunfo, y por ello, tienen que tener una propuesta de ruta del cambio que debe tener el país, y confrontarla con el resto de las fuerzas políticas del país. Los legisladores federales, estatales y gobiernos municipales responder a una línea del partido que los llevó al poder. Por ello es vital que el partido tenga una línea. ¿Será clonada de gobierno federal o tendrá autonomía relativa? ¿Será un apéndice del presidente o dialogará con él desde su posición específica? No hay definición del rostro que tendrá el partido que ahora tiene el gobierno. ¿Cuál será la relación de Morena con los movimientos sociales? Los aparatos partidarios tienden a la burocratización y a la obediencia de las líneas que vienen del gobierno, y los movimientos no: éstos se concentran en sus agendas y necesidades propias. Son menos domesticables. La relación del partido con los movimientos, y de aquel con los legisladores y el gobierno federal, definirá el ritmo de las propuestas para los cambios. La presión de recursos para atender las necesidades sociales impulsará la reforma hacendaria, ¿hasta cuando la pospondrá el gobierno federal? Los grupos parlamentarios bien pueden adelantarse. ¿De qué depende el atraso? Muchos de los actores del próximo gobierno afirman que ahora no es el momento para realizar el cambio en las leyes que comentamos, pero deben explicar, ¿qué condiciones deben cumplirse para que sea el momento? Y ¿cuál es la ruta para cumplir dichas condiciones? Sobre esto último sólo hay silencio.
En suma, hay dos pendientes en la agenda del debate que definirá la ruta del cambio ‘de régimen’ al que se comprometió el próximo gobierno: (1) qué temas y asuntos van primero y cuáles después en las modificaciones de leyes, programas y proyectos de gobierno; y (2) cuál será la relación del partido Morena con los movimientos sociales, y de estos con las bancadas parlamentarias y el ejecutivo federal, en la definición de la ejecución de los cambios propuestos. Antes de que acabe el año deberemos tener claridad en estos temas, de lo contrario, se puede hacer nudo la ruta del cambio. ■
