De acuerdo con la información publicada por La Jornada (Israel Rodríguez), a finales de agosto de 2018 las instituciones bancarias que operan en México obtuvieron ingresos, sólo por el cobro de comisiones y tarifas, de 106 mil 499.46 millones de pesos, que representan un incremento de 53 por ciento respecto de lo captado, por el mismo concepto, en agosto del primer año de gobierno de EPN cuando alcanzó 69 mil 512 millones. La semana pasada, la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa de decreto para eliminar la mayoría de las comisiones que cobran los bancos por los servicios que prestan. La simple presentación de la inicitiva movió a los mercados financieros, y los dueños del dinero de inmediato lanzaron amenazas y operaron para generar la percepción de que la caída de la Bolsa de Valores de México y el alza en el tipo de cambio, peso-dólar, ocurridas en esos días, se debieron por completo a la presentación aludida, sin informar adecuadamente que al mismo tiempo se produjeron movimientos parecidos en muchas partes del mundo.
Desde el error de diciembre de 1994 y la posterior extranjerización de la mayoría de las instituciones financieras, el Gobierno Federal ha afirmado que nunca ha dejado de exhortar a la banca para que reduzca el número y monto de las comisiones que cobran a su clientela, y la respuesta de los dueños del dinero simplemente ha sido incrementar sus utilidades netas: de 1997 a la fecha, suman alrededor de un billón 300 mil millones de pesos, sin considerar los pagarés del Fobaproa (algo así como 240 mil millones adicionales) que Vicente Fox y su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se comprometieron a saldar (Información de Carlos Fernández Vega). Además se dieron el lujo de mantener su política de astringencia crediticia al sector productivo, factor que explica, en parte, el crecimiento mediocre de la economía nacional.
Ante la coyuntua creada, el Gobierno que asumirá el primero de diciembre, reiteró que mantendrá los equilibrios macroeconómicos, que no se va a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública, que no va a haber déficit, que no se va a endeudar el país, que no se aumentarán impuestos ni se crearán nuevos y que, en los próximos 3 años, no habrá cambios a la legislación bancaria. Es evidente que esa reiteración va encaminada a crear condiciones de confianza en los mercados, para que no bajen el grado de inversión al país y ello no aumente las tasas de interés y reduzca los flujos de capital. La política económica anunciada por AMLO, que se expresará en el presupuesto de egresos 2019, mantendrá el planteamiento neoliberal de equilibrio fiscal, pues al no incrementarse el gasto no tendrá impacto significativo sobre la actividad económica y sobre el empleo, en virtud de que lo que deja de gastar e invertir el sector privado, recaudado por el gobierno, es lo único que éste invertirá, por lo que no habrá incremento de demanda e inversión. Aunque hay que decir que no es poca cosa que se den los primeros pasos para que el estado vuelva a ser el rector del desarrollo económico.
En el mundo de hoy, ya no pueden ser acalladas las denuncias de que los economistas neoliberales que dirigen las calificadoras y los mercados financieros internacionales son los que dictan las políticas económicas a los gobiernos para que, independientemente de la posición ideológica de éstos, sigan actuando a favor del gran capital nacional e internacional. El nuevo gobierno tuvo una abrumadora votación que demanda cambio de rumbo, que pronto se desbordará si la economía continúa con las mismas políticas económicas, pues no se lograrán los objetivos de crecimiento, empleo, bienestar y soberanía. El gobierno de AMLO no tiene por que acatar durante todo su mandato las disposiciones de las agencias calificadoras y organismos financieros internacionales, que responden a los intereses del capital financiero global. Un gobierno soberano con fuerte apoyo popular, recuperando el manejo de la política monetaria, cambiaria y fiscal, puede contrarrestar lo que tales mercados quieran hacer contra la economía nacional. El gobierno puede gastar en todo aquello que se produce internamente, puede emitir deuda en su moneda, y no caería en insolvencia pues el gobierno tendria el control de la moneda. Asumamos en serio que se requiere de gran crecimiento de la inversión para encarar los rezagos productivos y la baja productividad que enfrenta la economía nacional. Si se instrumenta una nueva política económica orientada a fortalecer la esfera productiva para que la economía reduzca las presiones sobre el sector externo y los requerimientos de financiamiento de dichos mercados, la dinámica económica atraería inversión extranjera directa de China, Europa o de otros países no subordinados al vecino del norte, que sería benéfica tanto para el impulso del crecimiento económico y la diversificación de las exportaciones. Esperemos que un rápido afianzamiento del nuevo gobierno genere las condiciones para aplicar una nueva política económica. Hay que actuar para lograrlo.
