México vive la mayor impunidad de su historia registrada: en 2017, en nueve meses se registraron más de dos mil asesinatos. Pero el colmo es que se resuelve sólo el 5 por ciento de los homicidios. De los 154 mil 557 asesinatos cometidos en el país de 2010 a 2016, el 94.8 por ciento permanecen impunes. Esta situación de vergüenza se debe al colapso del sistema de justicia mexicano. Los agentes del Ministerio Público y los jueces tienen una carga de trabajo excesiva. Otro vicio de la justicia en México es que la investigación para esclarecer los crímenes no se centra en llegar a la verdad, sino en encontrar a un culpable, esto es, una de las causas de la crisis de impunidad en el país es que el sistema de justicia mide sus resultados por el número de detenidos.
Se trata de un método que permite simular la impartición de justicia pasando por detener a un presunto culpable, muchas veces a partir de una confesión conseguida por tortura, sin investigar el caso. Sólo en 2016, el 35 por ciento de los prisioneros en México no tenía condena: personas legalmente inocentes pero encarceladas que son víctimas de un sistema enfocado en llenar prisiones, pero no en prevenir crímenes ni en crear u homologar un protocolo que diga cómo investigar un homicidio. El ejemplo más claro de este enfoque distorsionado de la justicia es el de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero: un tribunal federal determinó por unanimidad que la investigación oficial presenta graves deficiencias que impiden esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014.
Además de estar desbordado y mantener un enfoque errado, el sistema de justicia presenta un déficit de recursos materiales. La mayoría de las ciudades no tienen una morgue equipada para autopsias ni médicos que analicen los cuerpos. También los peritos, detectives y funcionarios del Ministerio Público de México están muy mal pagados. Las bases de balística —que permiten rastrear las armas implicadas en delitos, dentro y fuera del país— no funcionan en uno de cada tres estados. Los problemas del sistema fallido de justicia no se deben a la falta de dinero, pues entre 2008 y 2015 el presupuesto para seguridad interna se ha incrementado de 27,000 a 43,000 millones de pesos.
Resolver la crisis de justicia en México exige crear contrapesos legales y sociales para vigilar el servicio público. A su vez, el Congreso tiene que establecer un protocolo nacional de investigación de homicidios y establecer fiscalías especializadas que investiguen estos casos —sólo la mitad de los estados cuentan con ellas. Y la sociedad civil también tendría que ayudar a la renovación de nuestro sistema de justicia. Pero, ante todo, se debe empezar por romper el paradigma judicial actual: no debe enfocarse solo en el número de detenidos, sino en la solución de los crímenes, el hallazgo de sus móviles y el diseño de una política preventiva eficaz afincada en el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos. Para ello, el nuevo gobierno deberá tener la voluntad política de reformar las instituciones judiciales. Hasta ahora no la ha tenido.
