■ El objetivo, hacer “un balance hídrico” del sexenio de Enrique Peña Nieto
■ Califican como falsas las promesas de minera Peñasquito de generar empleos, de no perjudicar el agua y el medio ambiente
El cuarto Congreso Nacional “Agua para todos, Agua para la Vida” que se realiza en Zacatecas del 9 al 11 de noviembre, organizado localmente por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), tiene como objetivo hacer “un balance hídrico” del sexenio de Enrique Peña Nieto, “que es muy desafortunado”, dijo Pedro Moctezuma Barragán.
Agregó no obstante que también se enfatizarán los logros de la organización que encabeza, entre los que mencionó el haber “puesto luz” sobre los 10 decretos que para levantar la veda de cuencas del país emitió el presidente saliente y que “abrían la puerta a lo que después quisieron hacer, la concesión de la totalidad de las aguas disponibles a través de Conagua digital, el 15 de octubre de este año”.
El también coordinador general del Programa para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dijo que en la reunión se acordará un plan de acción al que llamarán “Alfabetización hídrica”, mismo que integra acciones legales, de incidencia política y de resistencia.
Entre ellas mencionó la próxima presentación de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas ante la 64 Legislatura federal, mediante la que “Agua para todos, Agua para la Vida” busca cambiar el paradigma de la gestión del agua, “de una gestión autoritaria y extractivista” a una que esté en armonía con la naturaleza, involucre la participación ciudadana y vaya en concordancia con la reforma al artículo 4 constitucional del 8 de febrero de 2012; un pendiente que observó, ya suma seis años de retraso legal.
Dijo que este mandato constitucional referido al derecho humano al agua plantea el acceso de “todas las mexicanas y mexicanos” al líquido vital de manera equitativa y sustentable, “por igual para todos” y de manera amigable con la naturaleza, con la participación ciudadana como coadyuvante para “conseguir el acceso al agua de la población”.
Por esta razón dijo en referencia al relevo en el Gobierno Federal, esta ley ciudadana “juega un papel vital para este gran cambio que viene”.
Interrogado sobre el Sistema Milpillas, cuyo vaso se ha dicho contendrá 67 millones de metros cúbicos de agua procedentes del Río Atenco, y que pretende construirse en terrenos ejidales del municipio zacatecano de Jiménez del Teul, refirió que el planteamiento que se hará al nuevo gobierno es que se establezca “una moratoria a los megaproyectos”, tal como ocurrió con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) que pretendía construirse en Texcoco.
“Estamos planteando que el nuevo gobierno en primer lugar revise las bases técnicas, revise la documentación legal de todos estos proyectos, y revierta la política que siguieron los sexenios anteriores que fue una política que generó una crisis ambiental aunque también grandes negocios, sobre todo de corporaciones foráneas y de corporativos como el de Carlos Slim”.
Frente a representantes de organizaciones, comunidades y ejidos de Tabasco, Chiapas, San Luis Potosí, Baja California Norte, Estado de México, Hidalgo, Nayarit y Zacatecas que participan en el 4 Congreso de Agua para todos, mismos que se mantienen en resistencia en defensa del derecho humano al agua, Moctezuma Barragán destacó que durante el mes de octubre se obtuvieron “dos grandes victorias” en esta materia.
Se refirió a “frenar el Aeropuerto de Texcoco a nivel de cuenca” y detener las concesiones de “todas las aguas nacionales disponibles”, incluidas las referidas a los decretos del 10 de junio pasado, todas las reservas federales, los cauces de río y los lechos de lago”, que a través de Conagua digital pretendía abrir el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Les queremos informar que lo mismo que hizo Felipe Calderón para la minería, quiso hacer Enrique Peña Nieto con el agua el primero de octubre; a escondidas sacó un acuerdo en el Diario Oficial para abrir la concesión de todas las aguas nacionales disponibles”.
Pero también informó “con gusto”, que el 15 de octubre y producto de una lucha nacional que implicó “presionar fuertemente al equipo de transición –del gobierno electo- se logró evitar que funcionara Conagua digital, y por tanto acabamos con esa posibilidad”.
Advirtió que sólo fue un impase por los próximos seis meses, por lo que la Coordinadora Agua para todos exigirá al nuevo gobierno que no haya una sola concesión más destinada a la minería y las existentes se revisen a fin de cancelar las que tengan irregularidades “como las que tienen aquí”.
El discurso clausuró una serie de denuncias realizadas por las organizaciones afiliadas a la Coordinadora ayer frente a la puerta principal de Minera Peñasquito de la canadiense Goldcorp, a modo de preámbulo de un cierre simbólico hecho a la empresa extractiva por considerarla “tóxica y ecocida de la región del semidesierto”, dijo Felipe Pinedo, líder del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, y cabeza del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM).
Entre las intervenciones de los integrantes del FCAM, el presidente del comisariado ejidal de Cedros, Rigoberto López Martínez, hizo una reseña de los ofrecimientos hechos hace nueve años por parte de Peñasquito a las comunidades, entre otras, que obtendrían empleo, que “no perjudicarían el agua y el medio ambiente”; mismas que remató con un, “y quiero decirles que ha sido falso”.
Precisó que de los 6 mil empleos directos que genera Peñasquito sólo han obtenido puestos de trabajo unas 400 personas de todas las comunidades aledañas. Y respecto al manantial que alimentaba las siembras de frijol, maíz y chile que antes de la llegada de la empresa eran la forma de manutención de las poblaciones, “se secó por culpa de la minera”.
La autoridad ejidal anunció que están por demostrarle a la empresa canadiense mediante un dictamen derivado de la realización de estudios hidrológicos, “que todo –el agotamiento del manantial y la escasez de agua- se debe a sus trabajos”.
Habló de la perforación de pozos de mil metros de profundidad y la desviación de la Cuenca 37, “por la cual nosotros dejamos de tener agua”.
Adelantó que así le sucederá también a otras comunidades circundantes, El Vergel, Mazapil, Tecolotes, El Rodeo, Matamoros, “a todos los ejidos, como a nosotros ya nos afectaron”.
López Martínez también expuso la contaminación por los jales; señaló los altos montículos ordenados uno sobre otro frente a sí, y agregó, “si se fijan en aquel cerro, ahí hay un anexo que se llama Mesas del Portezuelo, a 300 metros están los tiraderos de la presa de jales”, que contaminan con sus polvos a las personas de las comunidades.
El agua que ahora se obtiene está contiene arsénico, plomo y otros metales pesados, que no la hacen “apta para consumo humano ni para los animales ni para cultivos ni nada”.
Se refirió asimismo a los enormes camiones, los denominados yucles, también claramente visibles desde lo lejos por su gran tamaño y que cargan precisó, 360 toneladas de piedras mineralizadas, pero también “barren” todo el ecosistema: palmas que tardan en crecer entre 100 a 120 años, biznagas que llegan a su madurez en 200 y que son arrasadas en segundos.
Luego de su recuento instó a los presentes a “luchar juntos”, una convocatoria que formó parte de los mensajes refrendados por cada voz procedente del sur, del norte, oriente o poniente del país, a veces gritada en consigna con un “¡no están solos!”, útil para cada una de las luchas.
“Dijeron que no estamos solos, tampoco ustedes están solos, cuando se necesite nosotros vamos a estar en Chiapas, en el Estado de México porque la unión hace la fuerza”.
En otra evaluación, sintética pero puntual, de la problemática de las comunidades aledañas a Peñasquito, la señora Irma Hernández, de El Vergel, dijo, “antes estábamos mucho mejor porque por lo menos no teníamos miedo de que se nos fuera a acabar el agua, de que nuestros hijos no se nos fueran a enfermar. Ahorita vive la gente en una constante zozobra de miedo, enfermedades, contaminación, ¿y qué se hace si este es un monstruo que no le encontramos la cabeza dónde apachurrársela pa’ fin de poder aplastarla?”.
Ella misma ofreció la solución, una que se repitió como mantra, “soy muy clara, no podemos con ella porque desgraciadamente aquí en nuestras comunidades no hay unión”.
Dijo que la estrategia de Peñasquito-Goldcorp es “dividirnos”. Y otra vez sobre el tema de los ofrecimientos de empleo con que el consorcio convenció a los ejidatarios, precisó que les ofrecen a sus hijos “los peores trabajos”, como el caso de uno de los suyos que labora “en el terregal” –en el tajo y entre los jales-.
Las revisiones de los integrantes de las comunidades siempre van acompañadas de un reproche para las autoridades en sus tres niveles “porque ellos –Goldocorp- con quien hicieron convenio fue con los gobiernos, nosotros fuimos los últimos, ¿qué hemos recibido como afectados? Nada absolutamente”.
También entre la comitiva que acudió ayer a esta visita primero a las inmediaciones de Peñasquito y posteriormente a Salaverna, en el municipio zacatecano de Mazapil, estaba Darcy Tetrault, docente investigador en la Unidad Académica de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
En su mensaje destacó que realiza investigaciones solidarias con las comunidades de afectados por la minería en Zacatecas y otras partes del país, y como información, que la obtención del oro, por la que se produce la devastación ecológica y social reseñada, es un elemento “que realmente no necesitamos para la vida”.
Precisó que 45 por ciento del que se extrae a nivel mundial se destina a la joyería, con el otro 45% se fabrican lingotes que constituyen la base material para la especulación financiera, y solo el 10 por ciento se utiliza para usos industriales.
“Todo eso es para los ricos que están especulando, que están consumiéndolo, y queda detrás toda esta devastación”.
Luego del acto de clausura simbólica de la puerta principal de Peñasquito, la comitiva se dirigió a Salaverna, donde el líder comunitario Roberto de la Rosa Dávila, junto con Miguel Muñoz y Cuauhtémoc de la Rosa, relataron por enésima vez, ahora a los representantes de organizaciones, comunidades y ejidos de otras latitudes del país, la destrucción sistemática de su comunidad desde 2010 por parte de la Minera Frisco Tayahua de Carlos Slim, y el propio Gobierno del estado.
En las escaleras que conducían a una iglesia fracturada pero todavía en pie hasta el pasado 23 de diciembre del 2016 cuando personal de Protección Civil ejecutó derrumbes y desalojos en Salaverna sin una orden judicial, se realizó ayer una especie de asamblea.
Allí los habitantes narraron cómo ha ido disminuyendo su población, en este momento de 16 familias, de las cuales solo cuatro se mantienen de manera permanente en el lugar.
“Les queremos dar la bienvenida a lo que queda de nuestro pueblo después de ser el centro minero más importante de toda la región norte de Zacatecas”, inició así su intervención Roberto de la Rosa, para contrastar el escenario de destrucción con la propaganda de desarrollo y bienestar económico que dicen las autoridades implica para las comunidades de la entidad la presencia de la minería.
