Omisión del Estado ante crisis migrante, denuncia Peimbert

Y peor aún, al echar mano a todo tipo de presiones, amenazas y acciones directas para hacer más arduo el avance de estas víctimas, expulsadas de sus países por la violencia. El gobierno mexicano ha fallado en implementar un modelo eficiente de intervención para dar la debida atención humanitaria a estos ciudadanos, que cumplen ya 15 días de recorrido por territorio mexicano en condiciones de extrema precariedad.

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Peimbert y el equipo de la defensoría oaxaqueña asistieron y observaron el tránsito de la caravana desde el momento en el que la columna humana dejó territorio chiapaneco para entrar a Oaxaca y hasta su salida hacia Veracruz.

Hubo un momento, relató, en el que se abrió la oportunidad de agilizar y humanizar el camino del éxodo con la disponibilidad de autobuses para trasladarlos.

Fue en Juchitán, donde la caravana permaneció dos días reorganizando su ruta. Con la intervención de diversos actores, entre ellos universidades e iglesias de Oaxaca, se había apalabrado el uso de 70 autobuses. Según un censo que levantó la DDHPO en Arriaga, una estación antes, había poco más de 7 mil 300 personas.

Pero funcionarios del gobierno federal, y esto me consta, hicieron insistentes llamadas telefónicas a los dueños de las empresas de transportistas oaxaqueños. Los presionaron, incluso los amenazaron con acusarlos de tráfico de personas y de quitarles las concesiones si cedían sus unidades. Les advirtieron que incluso corrían peligro, ya que entre los centroamericanos supuestamente vienen pandilleros, cosa que hasta ahora no se ha demostrado. Y al final, anoche los transportistas cedieron y se negaron a facilitar los autobuses. Así, dieron la espalda a estas 7 mil personas.

Ni renta ni préstamo

Cuatro de los más poderosos concesionarios del estado –Alejandra Gómez Candiani, presidenta de Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca y de la sociedad cooperativa Choferes del Sur; Erasmo Medina, de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao; Moisés Villanueva, de Servicios de Transportación Exprés de Antequera, y Alberto Rebollar, de Alianza de Transporte Multimodal de la Ciudad de Oaxaca– anunciaron que no iban a brindar el servicio ni en renta ni en préstamo.

Y con ello se endureció el cerco con que el gobierno federal ha intentado que los caravaneros no avancen hacia Ciudad de México.

Este retiro de un apoyo vital a miles de migrantes que ya vienen desfallecientes forma parte de un patrón de acciones implementadas fundamentalmente por la Policía Federal, la Gendarmería y el Instituto Nacional de Migración para obstaculizar la movilidad de la caravana, insiste Peimbert. Y constituye una flagrante violación al derecho humanitario al que el Estado mexicano está obligado a observar.

Tráfico de personas

Pareciera, dijo, que la finalidad es impedir su llegada a Ciudad de México. Pero si pudieran llegar a la capital, ya en mejores condiciones físicas, se podría propiciar un debate que les permitiera reflexionar sobre su situación de migrantes y quizá rencauzar la caravana.

A partir del jueves 1º de noviembre la columna de desplazados enfrentó una nueva modalidad de hostigamiento. “Documentamos que a lo largo de todo el trayecto policías y agentes migratorios estuvieron deteniendo a los tráileres, camiones, pickups, camionetas e incluso vehículos particulares que solidariamente daban aventón a los más vulnerables, niños, mujeres y discapacitados. Su argumento es que quienes los llevaran podrían incurrir en el delito de tráfico de personas.”

Y en Matías Romero sólo se les permitió acampar en lo que el ombudsmanoaxaqueño describe como un terreno sin luz, sin cubierta, con víboras. Durante la noche cayó una tormenta. Agregó: Esta es una violación más: según la reforma a la ley de derechos humanos, el artículo uno constitucional establece que cualquier reglamento queda supeditado al cumplimiento de las obligaciones del Estado en caso de una crisis humanitaria, y esta lo es. En el momento de bajar a niños y mujeres de los vehículos y obligarlos a caminar decenas de kilómetros bajo el sol los expusieron a que se insolaran, deshidrataran, desfallecieran y sufrieran consecuencias graves en su salud.

El titular de la defensoría oaxaqueña informó que se emitió una medida cautelar a todas las autoridades del DIF nacional y estatal, a la Secretaría de Salud, a las comisiones para la protección de la niñez, a policías de todos los órdenes y a agentes migratorios para que se abstengan de seguir implementando acciones que obstruyan el paso de la caravana y la asistencia a los más vulnerables.

Manos insuficientes del INM

Enumeró todas las acciones de autoridades que, a su juicio, constituyen violaciones graves al derecho humanitario: ausencia de un protocolo de intervención ante un grupo humano de esta magnitud y en extremas condiciones de vulnerabilidad, ausencia de intervención de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, obligadas a estar presentes, y no dejar todo el manejo de la crisis en las manos insuficientes del INM.

Detalló, por ejemplo, que la Secretaría de Salud sólo desplegó una ambulancia en la ruta y la Cruz Roja otras cuatro, para atender a más de 7 mil personas realizando un esfuerzo sobrehumano. Todos tienen instrucciones de retirarse a las siete de la noche. A lo largo del día fueron atendidos cientos de niños menores de 10 años con graves problemas broncorrespiratorios y fiebre de 38 y 39 grados. Dos mujeres embarazadas empezaron a tener señales de partos espontáneos y fueron trasladadas al hospital general de Juchitán, que se negó a atenderlos. Fueron ingresadas en un hospital privado, con pocos recursos, Juquila.

Además, se registraron tres casos de niños con dengue hemorrágico, se han realizado más de 2 mil curaciones de llagas en los pies, cientos de casos de deshidratación. Es un milagro que hasta ahora no se hayan registrado más pérdidas de vidas.