Lamento mucho que varios de mis compatriotas que han emprendido la lucha de proteger el ambiente y los recursos naturales, estén siendo asesinados por instrucciones de los que tienen el poder económico y se creen dueños y señores de la nación. El delito de homicidio contra los ambientalistas se da en todos los planos, sobre todo, donde el interés económico depredador del sistema natural quiere imponer por encima de la Ley, su voluntad y ganas de sobreexplotar todo aquello que produce riqueza. Por ejemplo, en Colombia se priva de la vida a un defensor de la naturaleza, cada dos días, esto representa aproximadamente 173 líderes ambientalistas indígenas y sociales en 2017, cifra que amenaza con elevarse para este año de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y, de acuerdo con la organización británica Global Witness, 116 defensores del ambiente fueron asesinados en Latinoamérica y 32 de ellos perdieron la vida en Colombia. Concretamente, el activismos que ejercían los ahora caídos era la defensa del territorio y del ambiente, promoción de la organización comunitaria, demanda de restitución de tierras u oposición a proyectos mineros energéticos. Brasil registra 57 ambientalistas asesinados, Filipinas con 48, México y Perú aumentaron de 3 a 15 y de 2 a 8 asesinados, de igual forma, la Global Witness agrega 23 asesinatos de guardabosques que defendían la caza ilegal en el continente africano. En nuestro país debemos recordar el homicidio de Isidro Baldenegro en Enero de 2017 a quien le dieron 6 balazos para terminar con un activismo hecho proyecto de vida protegiendo la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental de las empresas madereras que todavía trabajan en la región, y que le permitió obtener el Premio Goldman en 2005, algo así como el Premio Nobel Medioambientalista. Así las cosas, desde 1995 han perdido la vida más de 103 luchadores, otros más, padecen detenciones ilegales, diversas agresiones y amenazas verbales, pues como no, a quien se le ocurre invocar justicia para la naturaleza, o proteger espacios verdes que son patrimonio de presentes y futuras generaciones, cuando lo que se estila es la depredación total de los recursos, algunas leyes como la Ley Minera, están diseñadas para el despojo y la depredación legal de nuestros ecosistemas y, ponerse en contra de los intereses económicos es exponer nuestra vida y la de nuestras familias. En estos tiempos donde prevalece la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad, cualquier individuo con una mínima inteligencia puede disponer de la trayectoria, de la vida o la integridad de una persona, para eso, la clase dominante que detenta el poder ha construido un estado de derecho endeble, inexistente y manipulable. En el Informe sobre la Situación de los Defensores Ambientales en México 2015, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), se reconoce que México está viviendo una etapa de promoción e implementación de grandes proyectos de desarrollo conocidos como megaproyectos centrados en su mayoría en la explotación irracional de los recursos naturales disponibles en el territorio nacional, sin medir las consecuencias en materia de sostenibilidad ambiental y que se vinculan con el uso y aprovechamiento del agua, descargas residuales, rellenos sanitarios, minería, presas hidroeléctricas, gasoductos, liberación de organismos genéticamente modificados, proyectos eólicos y otros más, que obedecen a la apertura al saqueo y la depredación que promueve la reforma energética de 2014. Peor aún, el CEMDA reconoce que en su mayoría, dichos proyectos se han autorizados sin respetar los derechos humanos de las personas y comunidades que viven en los territorios afectados, por lo que sin duda, es la misma Administración Pública Federal y las dependencias del sector ambiental, las que están promoviendo la depredación natural a cambio de moches para autorizar y acelerar los permisos. Entonces, el gobierno federal de Peña Nieto es cómplice de los grandes consorcios económicos que no son sometidos al orden y a la Ley, y que prefieren mejor matar a los ambientalistas que adoptar medidas adecuadas desde la sustentabilidad para preservar los recursos naturales que nos son comunes intergeneracionalmente. Así, la muerte de mi hermano Margarito Díaz, líder y marakame wixárika integrante de la Unión de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango, y Nayarit, y de todos y todas las demás que han caído en la lucha por proteger lo que debiera garantizar el estado, tienen un autor intelectual y material que los ha privado de la vida, pero no de su obra pues cada que muera uno debemos multiplicarnos en acciones y voces que reclamen y luchen por aquello que nos ha negado el mal gobierno: la satisfacción de las necesidades para las presentes y futuras generaciones. ■
*Integrante del Consejo Mundial para la
Defensa de los Derechos Humanos
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