Cuesta trabajo creer que a estas alturas de la sucesión, a un mes exactamente en que el nuevo Gobierno Federal asume formalmente el cargo, las universidades públicas estatales estén con el ‘Jesús Mío’ en la boca. Entendemos que la educación superior pública es concebida por la izquierda como una de las grandes claves del desarrollo nacional: promueve las capacidades económicas internas y tiene la importante misión de vehículo de la movilidad social. A diferencia de un régimen bajo el dogma neoliberal donde prefieren importar patentes a invertir en la innovación propia lo que explica el abandono de las universidades públicas en los últimos sexenios.
Por la forma en que hemos visto batallar a las autoridades de las 10 universidades estatales en crisis, se constata que las universidades públicas estatales no son una prioridad para el gobierno saliente y va tomando forma la duda sobre la política que aplicará el gobierno entrante, que no ha presionado lo suficiente al saliente para que resuelva las demandas de ese grupo de instituciones antes del primero de diciembre.
La posición del nuevo gobierno no es homogénea: tiene posiciones divididas. El caso de los representantes de éste en Zacatecas es muestra clara de la diversidad interna. La última vez que AMLO visitó la entidad, todo mundo pensaba que el Rector se iba a entrevistar con el presidente electo para discutir el tema de la crisis financiera de la UAZ, pero los organizadores de la visita, (activos del nuevo gobierno) desestimaron o hasta bloquearon esa entrevista. Las múltiples muestras del desinterés del destino de las universidades públicas de ciertos dirigentes políticos del nuevo gobierno, contrasta con el activismo y el genuino interés de otros. Así las cosas, el apoyo dependerá de la correlación entre estos grupos, lo cual a su vez depende de la estrategia de los líderes universitarios en torno a sus demandas.
Los recursos que la UAZ necesita para sacar el año oscilan ente 260 y 320 millones de pesos, en los máximos y mínimos de cumplimiento de las prestaciones contractuales. Puede conseguirse ese monto si se esos recursos en el Presupuesto de Egresos para 2019 y luego pedir el adelanto necesario para cubrir los compromisos laborales de los dos últimos meses de este año. Ahora que al parecer se van a ahorrar 100 mil millones con el cambio de proyecto de nuevo aeropuerto, es una oportunidad para presionar que se destinen mayores recursos a la educación superior, específicamente los mil 400 millones que necesitan las universidades en cuestión para salir el año. Lo cierto es que los sindicatos y las propias autoridades se han visto tibios, temerosos y torpes en el proceso de gestión. No se han convocado acciones de mayor contundencia para llamar la atención y arrancar los recursos necesarios para sanear su situación financiera. La mayoría de las acciones han sido de escritorio y gabinete. Sólo una universidad en huelga, pero aislada. La pelea para lograr una mayoría a favor del financiamiento de la educación superior al interior del nuevo gobierno es esencial. Para lo cual se requiere creatividad y estrategia que supone un fino conocimiento de la mecánica de funcionamiento de esta arena política. Las razones no bastan, se requiere lograr la favorable correlación de las fuerzas: combinar un atractivo proyecto educativo con astucia política. Y a la fecha ambos ingredientes no han brillado.
