Primer acercamiento a la administración de la cuarta transformación

Primer acercamiento a la administración de la cuarta transformación

En días pasados, el coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, según sus propias palabras “por petición expresa del ciudadano Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador”. De un análisis (muy superficial y exprés) de la iniciativa, se pueden destacar varios puntos, atendiendo a la agenda que había venido posicionando el propio líder de la llamada Cuarta Transformación.
En primer lugar, destaca la creación de las que ya han sido llamadas Súper-Delegaciones, sin que desaparezcan las ya existentes del todo, pues cada una de éstas será valorada para determinar su permanencia (aquellas delegaciones hoy existentes cuya presencia no se considere útil y resulte onerosa serán suprimidas, dice textualmente la iniciativa). De cualquier forma, cambiarán de nombre y serán, a partir de la implementación de esta reforma, Oficinas de Representación. Las únicas Delegaciones que conservarán dicha denominación, son las ya conocidas “Súper-Delegaciones”, que tendrán la característica de depender directamente de la Oficina de la Presidencia (es decir, del Presidente), y tendrán como función “las tareas de coordinación de acciones entre las autoridades estatales y municipales y el Ejecutivo federal. (…) verificarán las acciones estratégicas en materias prioritarias y llevarán a cargo la supervisión del debido cumplimiento en la prestación de servicios y trámites a cargo de las dependencias y entidades federales, en las entidades federativas”, otra vez, transcrito textualmente de la iniciativa del Presidente Electo, a través del Diputado Delgado. (Sí a eso no se le puede llamar una Súper-Delegación no entiendo a qué podría llamársele como tal).
Hay buenas noticias para el combate a la corrupción. Para comenzar la iniciativa sí reconoce y hace espacio al Sistema Nacional Anticorrupción, estrategia del Estado mexicano que no era mencionada ni considerada en el primer anuncio que López Obrador hizo sobre su visión de la administración pública que encabezará, en los ya conocidos Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana. Así, la Secretaría de la Función Pública conserva sus atribuciones con respecto a dicho sistema y fortalece su vinculación con los órganos internos de control, al hacerlos dependientes, no solo jerárquica y funcionalmente de dicha dependencia, sino también presupuestalmente, ello con el fin de “erradicar la discrecionalidad en lo nombramientos, así como en sus estructuras y con ello reclutar a los mejores perfiles”, otra vez en una transcripción textual de la exposición de motivos de dicho documento.
Entre otros puntos que destacan se encuentra la centralización de las tareas administrativas, al crear las Unidades de Administración y Finanzas, mismas que serán designadas (y removidas) por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ello con el objetivo de “reducir los gastos de funcionamiento de las estructuras administrativas y como una medida para el mejor control del ejercicio presupuestal”. Dichas unidades sustituirán a las oficialías mayores de las distintas dependencias de la administración pública federal, con excepción de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, con lo que el Presidente Electo, hace una clara demostración de respeto, reconocimiento de cierta autonomía y otorga margen a las fuerzas armadas, siguiendo una regla no escrita del Presidencialismo mexicano moderno.
Finalmente, hay cambios en las denominaciones de algunas secretarías y en las atribuciones de casi todas. La Secretaría de Desarrollo Social pasará a ser la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) será la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (para cuyo análisis recomiendo el artículo de Alejandro Hope del pasado 22 de octubre en El Universal). Para cerrar, destaco como lo hizo el académico del Colegio de México, Fernando Nieto, que a la Oficina de la Presidencia le corresponderá la definición de políticas de gobierno digital, y a la Secretaría de la Función Pública las de gobierno abierto, tocándole vigilar las primeras.
Habrá mucho aún por escribir al respecto de estas muy limitadas y preliminares notas, por lo pronto, aquí está un brevísimo bosquejo de una visión sobre la próxima administración pública federal. ■

@CarlosETorres_

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