Necesario, crear instancia de inteligencia para desmantelar redes de corrupción en Godezac

Necesario, crear instancia de inteligencia para desmantelar redes de corrupción en Godezac
La secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, compareció ante la 63 Legislatura ■ foto: facebook

■ Paula Rey afirma que jamás ha recibido un peso que no provenga de su trabajo

■ Le cuestionaron sobre cuánto es el monto de observaciones que no ha sido solventado y cuánta es la cantidad de sanciones resarcitorias que se han reingresado a las arcas públicas

 

En el Gobierno del Estado hay redes de corrupción, por lo que es necesario que se cree una instancia de inteligencia que permita detectarlas y desmantelarlas. Así lo expuso la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, durante su comparecencia ante los diputados, realizada este miércoles por la tarde.
La funcionaria refirió que en muchas ocasiones se hacen señalamientos que indican que las sanciones sólo se imponen “a los de abajo” y sólo de vez en cuando tocan a los titulares de las dependencias.

En este sentido, expuso que “realmente si el problema fueran los titulares o cabezas ya no habría corrupción porque cambian continuamente, pero tenemos a las mismas personas operando. No es un problema que se advierta solamente en un nivel, tenemos que ir identificando, tenemos que ir desarrollando una instancia de inteligencia que nos permita detectar esas redes de corrupción y en eso habremos de capacitarnos y fortalecernos”.

Este tema, precisamente, fue abordado en el posicionamiento inicial por el diputado José Juan Mendoza Maldonado, quien se refirió a la instancia necesaria para desmantelar las redes de corrupción como un sistema de información institucional.

En la ronda de preguntas, la legisladora Alma Dávila le cuestionó sobre cuánto es el monto de observaciones que no ha sido solventado y cuánta es la cantidad de sanciones resarcitorias que se han reingresado a las arcas públicas.

En este sentido, la secretaria refirió que al llegar la actual administración había 4 mil millones de pesos observados que no habían sido subsanados y, a la fecha, dijo que se han solventado 300 millones. Esto implica que en estos momentos todavía hay 3 mil 700 millones de pesos de irregularidades que fueron detectadas por instancias de fiscalización y que no han sido aclarados.

Por su parte, la diputada Verónica Díaz habló del tema del Centro Cultural Toma de Zacatecas, calificando la obra como un “monumento a la corrupción”. Tras recordar que de 2014 a 2016 se le asignaron casi 400 millones de pesos y enumerar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pidió que se dieran a conocer los nombres de todas las empresas que han participado en esta obra.

Respecto a estos cuestionamientos, la secretaria dijo que esta obra ha sido observada tanto por la ASF como por la dependencia que encabeza porque se usaron recursos de diferentes programas e informó que “recientemente acabo de recibir pliegos de no solventación de la auditoría, lo que implica que evidentemente los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores directamente vinculados derivarán en sanciones”.

Agregó que ya ha habido sanciones y mencionó las emitidas en contra de un subsecretario, un director y supervisores de esta obra, aunque sostuvo que no serán las únicas porque hay muchas observaciones.

Ortiz Medina enumeró que “teníamos elevadores que no se habían instalado, teníamos butacas que no se habían instalado, conceptos de obra pagados que no se ejecutaron” y recalcó que hasta el momento no han tenido elementos para presentar denuncias penales pero, en su caso, procederán ante la Fiscalía de Justicia.

Los diputados también preguntaron sobre el hermano del ex gobernador, Juan Alonso, y el cobro de “moches” a los empresarios constructores del estado. Al respecto, Ortiz Medina dijo que ya hay empresarios y contratistas que han manifestado que “alguien” les pidió tanto en la pasada administración como en la actual los llamados “moches”.

Ante esto se les ha solicitado a los afectados por esta situación que presenten las evidencias que tienen en mensajes o correos, “pero todavía no han tenido esa confianza de acercarse. Dicen que lo van a hacer y que les demos oportunidad de pensarlo”, pero hasta el momento no han regresado a la secretaría.

El legislador Omar Carrera aseguró que, al igual que en la glosa del año pasado, solicita la renuncia de la secretaria debido a que no es confiable una persona que recibió en el pasado gobierno un millón 800 mil pesos por concepto de bonos.

Ante esta acusación, la secretaria dijo que “jamás he recibido un peso que no devenga de mi trabajo, que no me haya ganado” y agregó que no le otorgaron un millón de pesos, sino que obtuvo un estímulo en los últimos meses del sexenio pasado por la carga de trabajo que se tuvo, pero precisó que éste no alcanzo los 100 mil pesos en total.

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