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Violó gobierno derechos humanos al intervenir en asamblea de El Potrero: activistas

Violó gobierno derechos humanos al intervenir en asamblea de El Potrero: activistas
El pasado 14 de octubre se instaló en cerco policiaco para resguardar asamblea ejidal en que se votó sobre el Sistema Milpillas ■ foto: cortesía

Advierten que autoridades justificaron las acciones en mandato de AMLO

La intervención de los gobiernos estatal y Federal en la asamblea ejidal de El Potrero, el pasado 14 de octubre, implicó la violación de derechos humanos y ejidales por su carácter intimidatorio, y por tanto, “esa asamblea es nula de pleno derecho; sobre todo por el despliegue policiaco”, sostuvo Efraín Arteaga Domínguez.

El líder estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), organización que se ha manifestado en respaldo con los ejidatarios opositores al proyecto y a favor de una solución alternativa al problema del abastecimiento para los próximos años, de agua para consumo humano en el corredor Fresnillo-Calera-Zacatecas-Guadalupe, manifestó vía telefónica desde la Ciudad de México donde se encuentra, su solidaridad con los campesinos de “todos los ejidos que van a ser afectados; estamos con ellos y no podemos sino hacerles un llamado a que resistan”.

Afirmó asimismo que el Gobierno del Estado mal informó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el Sistema Milpillas que acotó, involucra “múltiples puntos por los cuales es cuestionable”.

“Pero nunca se imaginaron que iban a perder las elecciones del 2018 y pensaban seguir en caballo de hacienda como lo han hecho, decidiendo de manera oligárquica en los últimos 35 años de gobierno neoliberal. Están tratando de sorprender a Andrés Manuel con información mentirosa”, reiteró.

Agregó que aunque el próximo mandatario federal manifestó públicamente en su visita del pasado 7 de octubre haber hecho un compromiso “inicial” con Alejandro Tello para apoyar la construcción del sistema luego de una reunión celebrada entre ambos, “cuando fue cuestionado por personas que le dijeron al bajar del templete que debería escuchar las razones de los opositores” al mismo, “dijo que no se preocuparan, que su gobierno va a hacer lo que el pueblo ordene”.

De esta manera sostuvo que “no es cierto que el Gobierno del Estado la tenga consigo y la tenga ganada; siempre en lugar de informar, hace propaganda. Han cometido muchas tropelías”.

Entre otras, justificar su presencia no sólo en la comunidad El Potrero sino en la reunión de los ejidatarios con el pretexto de que iba a informar y “auxiliarse” para ello de vasta presencia policiaca.

“Ya habían tenido como dos o tres reuniones informativas previas, no había para que ir a entrometerse a una asamblea ejidal”.
Justifican atropellos.

Por su parte, la activista del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZ), Grecia Rodríguez, expuso a través de uno de los videos mediante los que difundió la organización detalles del operativo de Gobierno del Estado en El Potrero, Jiménez del Teul, que el mismo fue ordenado por el gobernador Alejandro Tello.

Y citó el dicho de Luis Fernando Maldonado, también manifestado a los ejidatarios y habitantes de la comunidad, “y lo acaba de decir el representante de SAMA -Secretaría de Agua y Medio Ambiente-, dice que este es un mandato de López Obrador”.

Tras señalar la presencia previa a la realización de la asamblea ejidal de 15 patrullas que estima implicaron la presencia de 100 elementos policiacos para realizar un cerco con vallas metálicas al salón ejidal a fin de impedir el libre tránsito en la comunidad a la par de controlar el acceso al mismo, expuso estos acontecimientos como una serie de violaciones a los derechos humanos.

Y agregó, “y le queremos decir a López Obrador que venga a rendirnos cuentas, si es verdad que él está permitiendo que se masacren así los derechos, porque cuando se votó por él, él dijo que no iba a permitir que ninguno de estos atropellos sucediera”.

La manifestante pidió a quien la grababa, que hiciera tomas de la población allí reunida. Luego del paneo añadió, “nadie de estas personas es delincuente, nadie ha cometido un delito para que pongan una valla y no los dejen estar en el mismo lugar”.

Contrario a esta versión, Arteaga Domínguez refirió que en su visita a Zacatecas Andrés Manuel López Obrador se manifestó dispuesto a escuchar los argumentos de los opositores a la construcción del Sistema Milpillas.

Refrendó que el morenista ha sido mal informado sobre el proyecto por las autoridades estatales y se dijo convencido de que cuando se le planteen “los cinco o seis puntos básicos” del proyecto alternativo que suma la tecnificación del riego para el campo zacatecano, el aprovechamiento de la ya existente presa Leobardo Reynoso y la creación de programas de gasto eficiente del agua para uso doméstico, agrícola e industrial, “Andrés Manuel lo va a comprender”.

“Entonces este debate no está cerrado, y esa decisión al más tradicional estilo oligárquico pensando en los intereses de unas cuantas empresas como es la cervecera de Modelo y quizás las empresas mineras, quitándole el agua no solo a Jiménez del Teul sino a todos los poblados y ecosistemas que están rio abajo”, se verá como “un intento erróneo de estos tecnócratas que se piensan que son más sabios que la naturaleza” al no considerar el impacto humano y ambiental que va a tener en los ecosistemas y poblados su proyecto.

Violación a derechos
humanos y ejidales
Arteaga Domínguez expuso con sustento en su conocimiento de la Ley Agraria que la asamblea realizada en El Potrero mediante la que según Godezac, los ejidatarios se manifestaron mayoritariamente en favor de la expropiación de sus tierras para que se construya el Sistema Milpillas (conformado por una presa y un acueducto), “es ilegal”.

“Porque no puede estar en ella nadie que no sea ejidatario, y se entiende que los funcionarios de Gobierno del Estado no lo son, a menos que comprueben lo contrario”.

Dijo que si la asamblea les dio voz informativa a los funcionarios, una vez que dieron a conocer su mensaje tendrían que haberse retirado del lugar, “y no sucedió así”.

Pero además, si se permitió la manifestación de su postura a favor de la construcción de la presa tuvo que hacerse lo mismo con la presencia de los asesores de los ejidatarios que se oponen al proyecto “por un simple principio de equidad”.

La activista del OCMZ, Grecia Rodríguez, quien fue agredida por la Policía Estatal como evidencian los videos que tanto ella como integrantes de la comunidad El Potrero hicieron circular en redes sociales, informó que en un primer momento le habían permitido estar en la asamblea en su calidad de asesora, pero luego le ordenaron abandonarla.

“Cosa que es inequitativa y violatoria de la Ley Agraria” porque sacan a los asesores de una parte y permiten a los de la otra continuar “muy horondos”. Esto implica “un trato discriminatorio no para la activista sino para los ejidatarios”, sostuvo por su parte Arteaga Domínguez.

Pero ella cuando decide registrar y documentar con videos y fotografías lo que sucede, es agredida por los elementos policiacos quienes la empujan y forcejean arrancándole el teléfono de las manos, “lo cual es violatorio de las garantías constitucionales más elementales”.

No sólo le quitan el celular “sino que se observa ahí que un policía con sus brazos la tiene inmovilizada contra la valla metálica; que yo no dudaría que incluso la hayan agredido sexualmente en el sentido de manosearla y cosas así”.

Cabe mencionar que puede escucharse en los videos difundidos, cómo un agente policiaco la amenaza incluso con el arresto.
“Ahí hay violación de derechos humanos a la libertad de tránsito, de expresión y de manifestación”.

En un audio que también difundió Rodríguez, señala que se impidió a algunos ejidatarios el acceso a la asamblea; información que refrendó en entrevista con este La Jornada Zacatecas, Javier Sánchez Herrera, ejidatario de 71 años, quien manifestó haber sido golpeado por los agentes.

Parte de la agresión al campesino, su expulsión por la fuerza del cerco policiaco, también fue documentada mediante un video que difunde el OCMZ en sus redes sociales.

Efraín Arteaga Domínguez añadió que la información que él obtuvo es que tampoco se garantizó el quorum legal de la asamblea ejidal y no se permitió a los ejidatarios opositores, el conocimiento previo del padrón. “Todas estas circunstancias afectan la validez de la asamblea. Pero sobre todo, por la presencia de la Policía”.

Al respecto, el líder de la UNTA refirió un antecedente similar ocurrido cuando se llevó a cabo una asamblea ejidal en Francisco I. Madero, comunidad de la capital del estado, “para que aceptaran” los campesinos la entrada de la empresa minera Peñoles.

“Es decir, son operativos que hasta donde yo entiendo tienen como objetivo amedrentar a los opositores porque en la historia del ejido El potrero nunca había habido un despliegue policiaco de ese tamaño, y como vimos en los videos llevaron incluso vallas metálicas para encorralar, se puede decir así, la cancha y el entorno inmediato del salón ejidal donde el control ya no estuvo en manos de los ejidatarios sino de Gobierno del estado”.

“Entonces la presencia intimidatoria a través de los cuerpos policiacos afecta de nulidad la validez de esa asamblea” al limitar la libertad de decisión de los ejidatarios.

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