Padres de Litzi Sarahí interpondrán demanda para obtener guarda y custodia de su nieto

Padres de Litzi Sarahí interpondrán demanda para obtener guarda y custodia de su nieto

■ El padre ha sido considerado no apto para cuidar del menor

■ La joven desapareció hace algunas semanas y fue ubicada muerta

 

Los padres de Litzi Sarahí interpondrán una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas para combatir el procedimiento administrativo mediante el que la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia de Zacatecas, dependiente del Sistema Estatal DIF, entregó el pasado 26 de septiembre a Samuel, hijo de la madre adolescente, a la abuela paterna, lo que implicaría entre otras cosas, la cercanía con el padre, mismo que fue considerado por peritajes psicológicos no apto para cuidar de él.
Cristela Trejo Ortiz, abogada de los abuelos maternos y defensora de derechos humanos precisó que la Procuraduría de Protección debió haber judicializado este asunto en un lapso no mayor a 48 horas luego que fue enterada de que implicaba la probable violación de los derechos humanos de niños, “en este caso era evidente”, por el tema de la desaparición y posterior muerte de Litzi, y el hallazgo del bebé en el vecino estado de Aguascalientes en situación de abandono.
La Procuraduría no otorga guarda y custodia de menores de edad, precisó, y la integración de estos a una familia debe hacerse a partir de la consideración a sus derechos humanos. El procedimiento debió haberse judicializado como lo establece la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, para que un juez con todas las pruebas que aportara la Procuraduría de Protección validara o no “su determinación”.
Trejo Ortiz, observó que según los protocolos de investigación de feminicidio, la guarda y custodia de los hijos e hijas de mujeres que víctimas, como lo fue Litzi, nunca debe otorgarse a la familia paterna porque con frecuencia la pareja de las mismas son sospechosos principales de sus asesinatos.
En este caso la línea de investigación que descartaría la participación de Luis, la ex pareja de Litzi Sarahí Valadez Hernández, y padre de Samuel, no ha sido agotada, y aun el procedimiento investigativo en general del feminicidio de la joven, se encuentra “congelado”, se
expuso.
Hay el antecedente también de que la adolescente denunció ante autoridades en algún momento antes de su muerte, a su pareja por violentarla, y existen testimonios de vecinos que atestiguaron episodios de este tipo, agregaron los padres de Litzi.
La denuncia pública hecha la mañana de ayer en conferencia de prensa, fue justo para exhibir que el procedimiento administrativo que involucra al menor Samuel de cuatro meses de edad, llevado por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia de Zacatecas no ha estado apegado a los criterios de perspectiva de género ni de infancia, y en general, al enfoque de derechos humanos, todos, que obedecen a convenciones internacionales firmadas por el Estado mexicano, y que por tanto, tienen rango constitucional.
La institución decidió “reintegrar” a Samuel con su abuela paterna, cuando ésta ni siquiera lo conocía, pues antes del asesinato de Litzi jamás estuvo cerca de él o le ofreció algún respaldo económico monetario o en especie, informaron Verónica Hernández y Sergio Valdez, padres de la menor.
Por otra parte, el padre del bebé no lo había reconocido como hijo legalmente. Al momento de la muerte de la madre, prácticamente fue obligado a hacerlo durante el citado procedimiento administrativo.
Luis tampoco cumplía con sus obligaciones de manutención hacía ambos, de tal forma que la madre de 16 años, murió justo intentando obtener ropa regalada de quien o quienes, finalmente resultaron sus asesinos.
Al momento en que ocurrió el feminicidio, Luis y Litzi no vivían ya juntos, pero durante el tiempo de su concubinato tuvieron como domicilio el de los padres de la joven.
Litzi Sarahí  y su bebé desaparecieron el 29 de julio de este año luego de acudir a una cita para el propósito señalado, que la adolescente había acordado a través de redes sociales. Fue encontrada sin vida al día siguiente en el municipio Genaro Codina, demarcación limítrofe con el estado de Aguascalientes donde Samuel fue localizado abandonado en un parque público.
En la conferencia de prensa la madre de la menor, Verónica Hernández Padilla, recordó que la manera en la que fue atraída su hija por su asesino o asesinos, ya había sido registrada en el país en tres ocasiones anteriores, pero no hubo una campaña de difusión que alertara sobre ello a esta u otras jóvenes madres zacatecanas.
“El estado de Zacatecas no realizó ninguna acción que advirtiera a las mujeres en esta situación de los riesgos de aceptar citas con personas desconocidas. La necesidad económica llevó a mi hija al matadero sin que nadie, ninguna autoridad, lo previniera”.
De misma forma reiteró como ya se ha expuesto en este caso, que la desaparición de Litzi fue informada a las autoridades con oportunidad, pero decidieron no activar la Alerta Amber ni el Protocolo Alba, ambos, mecanismos de búsqueda inmediata respectivamente, para menores de edad y mujeres, y por tanto aplicables al caso de la adolescente de 16 años y su bebé.
“Nuestra hija Lizti Sarahí Valadez Hernández de 16 años podría estar con vida pero no, murió de manera terrible apuñalada decenas de veces a pesar de que mi esposo y yo dimos parte inmediatamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; nuestra voz y desesperación no valieron de nada”.
El caso de la menor suma una serie de elementos que violentaron sus derechos humanos, entre otros, el establecimiento de una relación entre un mayor de edad, de 23 años, con una adolescente de 15.
“El embarazo de Litzi estuvo bajo nuestro cuidado. Al momento de embarazarse nuestra hija tenía 15 años y el padre de Sami, 23. Es decir, el embarazo de Litzi fue un embarazo adolescente con toda la violencia que eso implica por parte de un hombre hecho y derecho. Cuando el Estado determina que sea la familia paterna quien se queda con la guarda y custodia no está aplicando una perspectiva de infancia”, dijo.
Sobre esto, Cristela Trejo precisó que si la Procuraduría de Protección actuara con perspectiva de infancia en este caso, “vería la condición de abuso que vive Litzi” al establecer una relación con un adulto.
En la determinación de la institución se tomó en consideración que el padre de Samuel es profesionista, ingeniero, “pero no sale a la luz la desigualdad en esta relación de violencia que se establece porque no es normal ni natural que los adultos establezcan relaciones afectivas y sexuales con niñas y adolescentes (…) Y en ese tenor el nieto no podría estar en la familia paterna, es un factor de riesgo para empezar”.
Agregó que la Procuraduría de Protección no puede hablar de “reintegración” del niño a una persona con la que el menor nunca estuvo vinculado ni desde el periodo de gestación ni luego de su nacimiento, como lo es la abuela paterna.
Los padres de Lizti exigieron a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Estado de Zacatecas, que revisen el caso, pues los abuelos paternos dijo Verónica Hernández, pretenden llevarlo a Chihuahua “donde ya no podríamos verlo, dada nuestra precaria situación económica”.
Mara Muñoz Galván, quien habló en representación de la Unión de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas de Zacatecas expuso a este como un caso de revictimización institucional a la familia de una mujer muerta por feminicidio, que agregó, no es un asunto atípico que impacta también en el destino de las niñas y niños que quedan huérfanos por este delito.
El padre de la joven, Sergio Valadez Luna insto a las autoridades a que “tengan en cuenta todo esto que estamos pasando. Es un dolor tan fuerte que no se lo deseamos a nadie”.
Pidió asimismo que el crimen de su hija se resuelva “lo más pronto que se pueda, porque no podemos esperar más tiempo. Porque la sociedad puede estar en riesgo, no nada más nosotros, más familias están en riesgo aquí en Zacatecas”.
En la conferencia de prensa también se manejó por parte de la prensa en forma de pregunta ante la evidente parcialidad hacia la familia del padre de Samuel, que en este caso pudiera estar operando el criterio extra judicial de la presidenta honoraria del DIF estatal, Cristina Rodríguez Pacheco, esposa del gobernador Alejandro Tello, quien tanto el Procurador de Protección como la Directora del DIF han referido a medios de comunicación, les ha solicitado que se le dé “prioridad a este caso”.
En respuesta, Mara Muñoz Galván, dijo que “sería gravísimo que el prejuicio de una persona influya en un tema tan delicado. Estamos hablando de un niño que quedó sin su madre por un asesinato que se pudo haber prevenido por parte del Estado”.
Comunicado electrónico.
Más tarde el procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia de Zacatecas, Manuel David Pérez Navarrete, apareció flanqueado por la fiscal especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, y la correspondiente de Delitos contra las Mujeres, Fátima Encina, en un video publicado en la página de Facebook de la Fiscalía, donde no ofrecieron aclaraciones a las acusaciones hechas por la mañana en la citada conferencia de prensa.
El funcionario dijo que la Procuraduria de Protección “agotó” las valoraciones psicológicas, de trabajo social y convivencia, mismas que fueron sometidas al Consejo de Adopciones el día 24 de septiembre, mismo que por votación y luego de “un análisis profundo del expediente administrativo”, determinó “la reintegración” (utilizó este término) de Samuel a su abuela paterna, Juana Ávila Avitia, el día 25 del mismo mes.
“Para con ello dar cumplimiento al acuerdo tomado y garantizar un sano y pleno desarrollo psicosocial del hijo de Litzi”.
“Me parece importante manifestar que ningún trámite que se realiza ante esta Procuraduría respecto de NNA debe politizarse y mucho menos servir a ambiciones personales”.
Invitó a las partes involucradas a acercarse a la institución “para poder aclarar dudas al respecto”, a las que dijo siempre estarán “las puertas abiertas”.
Por su parte, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, refrendó que la entrega del menor de edad a la abuela paterna se hizo “en aras de proteger y respetar el bien superior del niño”.
“Esta decisión es paralela a los trabajos de investigación que se siguen por el feminicidio (…) respetando en todo momento el trabajo autónomo que desempeña la Procuraduría”
Finalmente la Fiscal Especial en Delitos contra las Mujeres sostuvo que “hemos demostrado el compromiso con las víctimas de delito en particular de feminicidios”, y asimismo, que se ha brindado “acompañamiento a las victimas indirectas, lo que incluye la información que es susceptible de exponer” para no obstaculizar la investigación.
“La investigación continua y como es nuestra obligación, en el momento en que se tenga un avance objetivo y demostrable se procederá a la solicitud de una orden de aprehensión en contra de la persona o las personas, por la probable participación en este delito”

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