La cancelación de la “Reforma Educativa”

La cancelación de la “Reforma Educativa”

La plazuela Miguel Auza recibió el pasado domingo 8 de Octubre al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en su gira de agradecimiento, a través de todo el territorio nacional, ha reivindicado algunos de los postulados que lo llevaron a alcanzar la presidencia nacional. Mientras la esperanza muere al último, la actitud decidida del Peje ante su fanaticada, en el evento público, lo presenta con cierto grado de audacia en sus declaraciones, contrarias a la normalidad que los antiguos regímenes impusieron independientemente de la injusticia, del incremento de los niveles de corrupción derivados de la falta de transparencia en sus procesos y de la desintegración casi irreversible, al corto plazo, del entramado social, en sus relaciones interpersonales.
En cuestión de la “Reforma Educativa”, Andrés Manuel fija postura una vez más, y de manera tajante ratifica los términos cancelar, abrogar, derogar, abolir, dejando sólo el manejo de la nómina como una atribución de carácter federal. Nuevamente se genera el debate acerca de la caída de la supuesta reforma. Si bien, el término abrogar implica anular, significa la supresión total de la vigencia de una ley. La abrogación expresa se presenta cuando un nuevo ordenamiento invalida otro anterior que regulaba la misma materia, mientras que la derogación es la privación parcial de los efectos de una ley, no de todo su ordenamiento jurídico. Si la cancelación de la “Reforma Educativa” va a darse en la medida de las exigencias legítimas del gremio magisterial, entonces se debe de hablar de una abrogación, de la sustitución de una ley injusta por otra que se caracterice por su contenido incluyente y apegado a un concepto objetivo de la justicia laboral y de mejores condiciones en la tarea educativa. Para eso sirven las consultas; para recabar el sentir de las masas involucradas y afectadas por las disposiciones de carácter vertical impuestas, más acordes con las visiones de los gobiernos totalitarios y simuladores, que en el último de los casos, el grueso de la población consciente espera que no vuelvan a presentarse en un país que históricamente ha padecido los efectos nefastos perpetrados por la indolencia de sus gobernantes.
Educativamente hablando, se espera la presentación de una ley alternativa que realmente genere condiciones de calidad en la prestación del servicio, que se preocupe por generar verdaderas oportunidades de inclusión de los niños y jóvenes en edad escolar, que integre al gremio magisterial en estrategias óptimas de formación, de acuerdo al carácter humanístico que conlleva el proceso de la adquisición de aprendizajes, realmente significativos, fundamentado más en cuestiones éticas y morales que en la simple inserción a una lucha eterna en la que quien tiene las mejores “influencias” puede acceder a mejores espacios laborales, donde pueda desplegar su conjunto de conocimientos adquiridos, netamente pragmáticos. En el plano laboral, se espera la presentación de un ordenamiento que, más allá del posicionamiento de familias “políticamente afortunadas” y sus aduladores, brinde oportunidades de desarrollo a quien, en la práctica demuestra mejores aptitudes que los “eupátridas” beneficiados por cuestiones hereditarias, discordantes en sus prácticas, contrarias a la verdadera calidad educativa.
Posiblemente sería mucho pedir, pero la nueva disposición legal debe incluir las cinco grandes dimensiones que el perfil, los parámetros e indicadores, impuestos por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa exigía a discreción: el conocimiento de los alumnos y cómo aprenden; la organización y la evaluación de la tarea educativa; una auténtica actualización docente; la adopción de responsabilidades éticas; pero sobre todo, una relación adecuada con la comunidad, en el entendido que a todo esto, el docente debe asumir el reto de estar informado sobre los acontecimientos que afectan de manera directa el proceso educativo, apegado a la realidad de su contexto inmediato y exento de fanatismos y servidumbres, que en la práctica han favorecido la mala calidad que se observa en los centros de trabajo, aunque mediáticamente se afirme lo contrario.
La nueva ley educativa debe considerar condiciones óptimas que garanticen la emancipación, la liberación de las conciencias que se encuentran apresadas entre las garras de los intereses de consumo, a la vez que elimine las prebendas derivadas de las estrategias de dominación que han impuesto los caciques magisteriales a sus subordinados, a quienes por comodidad o beneficios no merecidos acceden a un estado de catalepsia política y social. Aunque todos los males que no permiten el desarrollo educativo adecuado están arraigados en las integridades de quienes privilegian el estímulo económico ante la transformación social, es momento de recordar algunas declaraciones de José Revueltas, en 1968: “No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos sin contenido humano… nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento crítico que impugna, contradice, controvierte, refuta y transforma, a la vez que revoluciona la realidad social, política cultural y científica…”.
La gran tarea a desarrollar por el nuevo gobierno federal es la de regresar el verdadero carácter emancipador de la educación, para el ser humano, el recomponer los escenarios que se han visto afectados por las visiones estereotipadas de los últimos sexenios. Ingenuamente una de las grandes manifestaciones del charrismo sindical en un centro de trabajo, desde su posición de capataz decía: “es que no podemos contravenir las recomendaciones de la OCDE, hay mucho dinero de por medio”… la gran tarea de Andrés Manuel López Obrador es refutar los designios intransigentes de los requerimientos de la empresa, privilegiando el carácter humanístico del quehacer educativo.

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