■ Perspectiva Crítica Protección a periodistas, mucho más que una obligación gubernamental

En las últimas horas se ha generado una fuerte incertidumbre para el gremio periodístico nacional, ello a partir de que el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, informara que el Gobierno Federal no ha entregado el recurso que tiene comprometido con dicho organismo.
El dinero que se deriva del fideicomiso beneficia a 727 periodistas y defensores de derechos humanos, y en el pasado mes de septiembre, el gobierno informó a dicho consejo que, de los 126 millones de pesos que le fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solamente se podrían brindar 75 millones para medidas de protección para defensores y activistas en riesgo, y eso sólo hasta diciembre de 2018. A pesar de dicho acuerdo el recurso dejó de fluir sin previo aviso, llegando a perjudicar necesidades tan elementales como las medidas de alimentación. Ante el reclamo y la mediatización de la falta de compromiso gubernamental, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha tratado de maniobrar con demagogia y promesas entrecortadas para proponer una solución.
El hecho es grave en tanto representa la falta de seriedad del Gobierno Federal hacia un acuerdo formalizado y del cual dependen cientos de personas y sus familias, pero lo es más por el contexto en el que se genera la falta de cumplimiento de la palabra empeñada por la administración peñanietista. Dicho contexto está hilvanado por el asesinato, la desaparición o la presión hacia el gremio periodístico por diversas razones, pero dos de ellas sobresalen por lo lacerante que han resultado tanto para la prensa como para la propia sociedad civil: la cobertura periodística sobre el tema del narco, y sobre la maraña de corrupción que implica tanto a la esfera política como a la empresarial.
Sobra decir que el ejercicio libre de dicha cobertura debe ser garantizado por el gobierno mexicano en tanto es una labor de alto riesgo, pero también porque es el medio para mantener a grandes porciones sociales informadas y prevenidas sobre estos fenómenos. Pese a ello, la desprotección al gremio ha sido sello característico del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso a pesar de que ha sido en estados como el de Veracruz o Tamaulipas (con gobiernos priístas) donde se han presentado más casos de asesinatos.
De acuerdo a lo reportado por Artículo 19, del año 2000 a la fecha van 116 periodistas asesinados en el país, además de que dicho organismo ha documentado más de 500 agresiones hacia profesionistas del medio, lo que ha llevado a México a ocupar el deshonroso primer lugar en América para ejercer el periodismo, y el segundo después de Siria.
La situación es crítica para los comunicadores mexicanos primeramente por las razones expuestas líneas arriba, pero es preciso señalar que ello es sólo la superficie del problema. Para comprender el fondo es preciso hacer hincapié en que las agresiones a periodistas están enmarcados en buena parte en la violencia de Estado, es decir, la violencia que perpetran las propias autoridades con el fin de acallar las voces que buscan exponer ilícitos o corruptelas en las que están involucradas. El propio Artículo 19 ha advertido sobre esto implícitamente, al señalar que hasta 48 por ciento del aumento de los ataques a periodistas registrado durante el periodo electoral, fue perpetrado por funcionarios y autoridades de todos los niveles de gobierno. La contraparte de esta situación es incluso peor, pues la procuración de justicia queda opacada por una impunidad que alcanza a 99.7 por ciento de las agresiones contra los periodistas, según el propio organismo.
El mutismo obligado en el que miles de comunicadores son sumidos no sólo representa un atentado a la libertad de expresión, sino que perjudica directamente a la sociedad debido a que es justamente el periodismo –en particular el de investigación- el que en los últimos años ha asumido el compromiso de dimensionar la descomposición política y el crecimiento y ramificación de los grupos criminales en el país, lo que ha vuelto al gremio un blanco de ataques directos, pero también una de los últimos bastiones que le quedan a la sociedad civil para informarse, ello en tanto el Estado Mexicano no sólo ha abandonado dicha labor, sino que incluso es partícipe en diversos niveles de las actividades ilícitas.
Quitarle la protección a los periodistas mexicanos que viven bajo amenaza, contraviene los planteamientos del “Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad”; representa un acta de desamparo e incluso defunción para decenas de periodistas que literalmente están siendo cazados por los grupos criminales; implica una afrenta a la memoria de periodistas como Javier Valdez, Regina Martínez o Yolanda Ordaz, entre muchos otros; violenta los acuerdos que pacientemente el gremio periodístico ha construido con el Gobierno Federal en los últimos años, y finalmente apunta a que el espíritu priísta de menosprecio y agravio hacia los periodistas dignos de este país sigue muy vigente. ■