La desaparición de personas ante un Estado incapaz

La desaparición de personas ante un Estado incapaz

Hay mucha distancia entre los dramas humanos y las reacciones institucionales. El tener un familiar desaparecido, sin saber si vive o muere; y si está vivo, en qué condiciones se encuentra, provoca ansiedad y angustia: dos nombres técnicos que en realidad refieren al infierno. La desesperación que desborda y hace que estallen las vísceras; y la angustia como esa forma de instalarse en la nada y vagar a ningún lado. La calidad de vida de las personas que buscan a su familiar resulta destruida como por un terremoto: todo cae hecho pedazos. Entonces, es una situación especial en la cual las instituciones del Estado que atienden este problema público deben actuar con especial cuidado y eficacia. Sin embargo, tenemos instituciones que son lentas, torpes e insensibles. Lo que significa que deberían ser de acción rápida, inteligentes y cuidadosas con las personas.
La clase política que pelea para lograr el poder del Estado debió hace tiempo diseñar instituciones con amplias competencias que diera reconocimiento jurídico de sujeto de derechos a las personas desaparecidas, dotar de capacidades de coordinación a los diferentes niveles y órdenes de gobierno para lograr la red de búsqueda, y sin duda, también protocolos para integrar a los familiares en los procesos de investigación, que contemplen apoyos, protección y facilidades amplias. Pero tenemos dependencias de gobierno de ventanilla, burocratizadas y llenas de bloqueos. En cada ciclo electoral la bandera es la misma y nada se avanza. Los colectivos familiares y organizaciones podrían están integrados con dispositivos institucionales para buscar a las personas desaparecidas, y no andar solos buscando, sin saber cómo, sin dinero y exponiendo su vida.
La exigencia de las familias de participar activamente en los procesos de indagación es completamente legítima. La combinación entre condiciones e interés se logra coordinando a las instituciones con los familiares: las primeras pueden ofrecer las condiciones de apertura de pesquisa, los segundos el interés genuino de encontrar a los desaparecidos. ¿Qué implica dar a los familiares condiciones de búsqueda? Establecer que el resultado de las pesquisas de familiares debe ser atendidas por el Ministerio Público, que puedan conducir interrogatorios, crear espacios interinstitucionales de escucha, sobre todo cuando hay casos de desaparición forzada y las autoridades están coaligadas con los grupos delincuenciales, abrirles facilidades para irrumpir en todo tipo de lugares, conocer de las hipótesis de las policías, poder pedir colaboración de investigadores privados sin que sean bloqueados y tener vitrina mediática.
La desaparición es un tema con enormes brechas. Ahora mismo las autoridades dejan todo que desear. Vivimos la ausencia de voluntad política para hacer los cambios en los diseños institucionales necesarios para cerrar las brechas de las que hablamos. Hay muchas propuestas que vienen de las propias víctimas del drama de la desaparición, pero el Estado está sordo, ciego y mudo. A la fecha los experimentamos como un Estado incapaz.

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