El pliego petitorio del 2 de Octubre y la opacidad informativa

El pliego petitorio del 2 de Octubre y la opacidad informativa

Los móviles políticos que suscitaron la matanza de Tlatelolco, en la más cruel y alevosa intervención que un gobierno mexicano ha aplicado en contra de manifestantes, estudiantes en su gran mayoría, fue ocasionado por el desentendimiento del rol de un gobierno hacia sus gobernados: libertad a todos los presos políticos, encarcelados por disentir de las disposiciones unilaterales del gobierno federal encabezado por Gustavo Díaz Ordaz; la derogación del artículo 145 del Código Penal, que regulaba los delitos de disolución social, que se entendían como la difusión de ideas que “perturbaban” el orden público o “afectaban” la soberanía nacional; desaparición del cuerpo de granaderos, que previamente había participado en la represión de actividades de carácter estudiantil; destitución de los jefes policiacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea; indemnización a las víctimas de los actos represivos y el deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra estudiantes, para luego establecer el diálogo público entre autoridades y el Consejo Nacional de Huelga.
El pliego petitorio bien puede aplicarse a los momentos actuales, independientemente de que el legado de los héroes que aquella noche ofrecieron su vida por la consolidación de un país más democrático generaron condiciones apenas suficientes, por el cinismo gubernamental, para una participación política demandante de justicia social más decidida; en el entendido de que la participación organizada de diversos grupos inconformes es la vía óptima para corregir la cerrazón de los gobiernos, implícita en la aplicación intransigente del poder en todos sus órdenes, resultando una estrategia eficiente para la toma de decisiones conjuntas rumbo a la solución de problemas que en la mayoría de las veces se maquillan o se discriminan. El pliego petitorio se refuerza en el entendido que la obligación de todo gobierno es la de ofrecer las garantías constitucionales en la solución de diferencias con todos y cada uno de los individuos que conforman la nación, aunque en la práctica, las garantías constitucionales no pasan de ser simples citas discursivas para desanimar conciencias.
Las acciones represivas del gobierno federal, en aquel entonces, se enfocaron a la distribución de información escrita, rústicamente elaborada, sobre las situaciones diferentes a la imagen que un gobierno verdaderamente democrático estaba obligado a ofrecer; rojo fue el color de la disidencia y comunista todo aquel que no tuviera la misma visión de los dirigentes de la vida nacional, ante la opinión pública, alagando las sugerencias de carácter internacional; resultaron más adecuados unos Juegos Olímpicos para simular la imagen de un país perfecto, que consumiría los productos promocionados en el evento deportivo de 1968, que la pobreza y la precariedad en la que vivían cientos de miles de conciudadanos, y sus estudiantes, el futuro promisorio, para escapar de la miseria, del anonimato y de la exclusión social.
El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión…”, mientras que la misma disposición establece en su artículo 19 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”; por último el apartado 1, del artículo 20 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. El artículo sexto de la Constitución Política de México decreta que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”; entonces el atentado perpetrado en contra de la sociedad civil el 2 de Octubre de 1968, por parte del ejército mexicano y del grupo paramilitar “Batallón Olimpia”, se fundamentó en que el pliego de demandas resultaba ser un atentado en contra de las visiones, aún vigentes, de un mundo de maravilla del que todos deberían participar, resultando ser de carácter inmoral el no compartir las mismas opiniones de quienes disponen, de manera errónea, el carácter correcto e incorrecto del devenir, de las relaciones humanas, de las visiones parciales del actual neoliberalismo.
Para lograr imponer su visión de la perfección social, a partir del 2 de Octubre de 1968, los gobiernos nacionales en turno eligieron aliados poderosos: la televisión de índole privada comenzó a engrandecer su fortuna al innoble precio de la alienación social; Los métodos discriminatorios cambiaron, aprovechando la injerencia de los medios de control social y la inmovilidad se fortaleció desde los espacios de aparente libertad que en teoría sirven para la emancipación del individuo, entendida como el acceso a un carácter racional de fomento al máximo desarrollo de sus facultades, fundamentadas en una mejor comprensión de los fenómenos naturales y sociales.
El 2 de Octubre, a partir de la masacre de Tlatelolco, debe de concebir un momento de reflexión, para discriminar el verdadero desarrollo humano, de la irracionalidad con que los intereses nefastos de la “modernidad”, como ellos la entienden, han abierto brechas difíciles de ocultar para someter a los pueblos en aras de la ficción imperialista que ni siquiera garantiza el derecho a la vida. El 2 de Octubre se conmemora a los héroes caídos que ciertamente han ofrecido patria a las generaciones subsecuentes.

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