Dice que “hay una política de puertas y ventanas abiertas” en casos como el de Salaverna
Cuestionaron diputados la falta de respaldo de las autoridades estatales a los municipios en el cobro del impuesto predial a las empresas extractivas
“Pareciera que el Gobierno del Estado ejerce una política de autismo tratándose de reclamos sociales y ambientales, y una política de complicidad a favor de los grandes capitales”, sintetizó Raúl Ulloa Guzmán, del Partido Encuentro Social (PES) en la postura del instituto político ayer en la glosa del segundo Informe del Gobierno de Alejandro Tello, las críticas de muchos de los más de 20 diputados y diputadas que interrogaron a su responsable de la política interna del estado, Jehú Eduí Salas Dávila.
Los cuestionamientos se centraron en los conflictos entre mineras y poblaciones, la pobreza en que se mantienen a pesar de los grandes volúmenes de metales preciosos que se extraen de sus territorios, la desigualdad que se manifiesta entre el poder de los ayuntamientos y los consorcios, el reclamo de la garantía de los derechos humanos de las comunidades donde se asientan los proyectos mineros, las problemáticas de desplazamientos forzados, el daño patrimonial, el retiro de servicios básicos de las comunidades como salud y educación, las afectaciones ambientales y el dispendio del agua para uso industrial que hacen las empresas.
También se trajo a colación la falta de respaldo de Gobierno del Estado a los municipios en el cobro del impuesto predial a las mineras, y la manera en la que la Secretaría General de Gobierno ha intervenido en el tema de la reapertura de la Mina San Martín, ubicada en Sombrerete y que se mantiene en huelga desde hace más de 11 años.
Fue motivo de crítica asimismo, la mediación que la presente administración realiza entre las partes en disputa, y que se señaló de parcial a favor de las empresas extractivas.
Alma Gloria Dávila (Morena) instó al funcionario luego de hacer una cronología desde el 2010 hasta el 2016 de las denuncias de los pobladores de Salaverna, Mazapil, pero también de manera reciente las de aquellos que se asientan en La Colorada, Chalchihuites, sobre las afectaciones que la presencia de las mineras les han implicado, a que el funcionario manifestara si aceptaba que se les han violado sus derechos humanos.
En respuesta, Salas Dávila se refirió a la problemática entre las comunidades y las mineras como un tema de competencia federal.
Recordó que su antecesora en el cargo, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, compareció ante los diputados de la 62 Legislatura para contestar a los señalamientos derivados de la queja que por el desalojo violento del 23 de diciembre de 2016 en Salaverna, se interpuso ante la CDHEZ, misma que también mencionó, esto en respuesta cuestionamientos sobre el mismo tema hechos por la diputada Gabriela Pinedo (PT), que ya está cerrada.
Sostuvo en el caso de la comunidad de Mazapil, que sí existe la falla geológica que atentaría contra la vida de las personas, reconociendo que “esto establece una posibilidad de riesgo –que- nos hace a nosotros responsables de las condiciones de desastre”.
Sin embargo no respondió porqué sigue permitiendo el Gobierno del Estado que persistan las detonaciones cuyos efectos podrían tener entre sus primeras víctimas a los mineros que trabajan en el subsuelo, como hizo la consideración la diputada.
El secretario general de Gobierno enunció por ejemplo al referirse a los casos de Salaverna y La Colorada, que hay hacia las poblaciones una política de “puertas y ventanas abiertas” y que estos asuntos siguen “siendo un tema de derechos humanos de primera importancia para esta administración”.
Sin embargo, no logró referirse de manera puntual a la garantía de los mismos para sus habitantes en ningún caso. Y no le mereció ningún comentario la referencia que hizo Dávila Luévano a la presencia en territorio zacatecano por el asunto del desplazamiento forzado en La Colorada, de personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
Salas Dávila reiteró asimismo, la postura de Torres Rodríguez de que la presencia de la Secretaría General de Gobierno a través de la dirección estatal de Protección Civil aquel 23 de diciembre en Salaverna, tenía por objeto “salvaguardar la integridad y la vida de los habitantes”.
Pero actualizada la postura gubernamental de que siguen las detonaciones y que es cierta la existencia de una falla geológica que es un factor de riesgo para colapsos, expuso sobre la condición de la comunidad mazapilense: “Se dice que hay 16 familias”, y otras versiones señalan “que hay solamente 12”.
Esto es, expuso así que no ha habido seguimiento de la situación en la viven las personas en ese lugar, pues no sabe estos elementos como información de primera mano obtenida por la dependencia.
Aunque mencionó que una de las labores de la misma es facilitar las cosas para las empresas, Jehú Eduí Salas Dávila, en contrario, no dio respuesta a la propuesta de Javier Calzada (PES) de que se constituya una entidad gubernamental que defienda los derechos de los propietarios de los predios para uso minero, “pero no después de que se violan”, sino antes, dijo el legislador, quien también pidió, no sin reconocer la autonomía de los municipios, que la fuerza del Gobierno del estado respalde a los ayuntamientos en el cobro del impuesto predial a las mineras.
En el caso de la Mina San Martín dijo que la presente administración “ha estado interviniendo como instancia mediadora entre las partes y dando facilidades de logística y seguridad pública”, y manifestó que tiene “un interés de que se llegue a una conclusión positiva”.
Sobre si la unidad extractiva abrirá, ya no lo expuso como lo ha hecho Tello Cristerna, a modo de una afirmación categórica sino se remitió a citar la sentencia, que caber recordar, emitió una juez de Distrito a favor del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana y a favor de los mineros huelguistas (que la propia organización dio a conocer a modo de réplica a la postura del Gobierno estatal), en que se “deja la puerta abierta a la negociación”.
Agregó sobre el tema laboral y el tema de la propiedad de la tierra que se han manifestado como asuntos de disputa entre mineras y comunidades, y mineras y trabajadores, que son de competencia federal e insistió en que la labor que hace la Secretaría General de Gobierno en ellos, es por lo tanto solo de mediación.
A modo de colofón puede señalarse que el funcionario en este tema, no fue puntual en sus respuestas, y aun omitió contestar otras, o sus dichos no fueron considerados satisfactorios por los legisladores, logrando que le increparan por ello Navidad de Jesús Rayas Ochoa (Morena), Javier Calzada Vázquez (PES), Gabriela Pinedo (PT), Alma Gloria Dávila Luévano (Morena) y José Dolores Hernández (PT).
El tema también fue focalizado de manera crítica por legisladores del PRI, incluido el líder de la bancada, Luis Alexandro Esparza Olivares, quien instó a que la atención de las controversias entre grupos en que interviene la Secretaría General de Gobierno deben hacerse con apego a derecho, “especialmente con respeto a derechos humanos”.
Se refirió asimismo a la crítica “de los sindicatos” que se ha levantado contra la dependencia respecto de que favorece a empresarios, por lo que manifestó un “atento exhorto” al gobernador por medio de su secretario de Gobierno, “para que en las tareas de concertación se asuman posturas imparciales, responsables y objetivas” a fin de atender los conflictos.
Otros temas de interés de los diputados fueron la seguridad, la prevención del delito, y vinculados a estos, la atención a la vulnerabilidad a que están expuestos en el estado sus mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes; así como la atención a víctimas en los aspectos de acompañamiento y reparación del daño.
