Periodistas chamaqueados

El triunfo desbordado de votos de Andrés Manuel López Obrador, tuvo como consecuencia inmediata la esperanza de acabar, de una vez por todas, con el problema de la corrupción en México, principalmente la que deriva del saqueo al erario público. No podría faltar el tema relativo a los “salarios y pensiones, inmorales por excesivos y abusivos, que se tiene asignada la clase política y su ramaje administrativo, legislativo y judicial.
Las universidades públicas no pudieron evitar la contaminación corrosiva de la corrupción.
Por eso, cuando el Presidente Electo anticipa que durante su mandato no ganará más de ciento ocho mil pesos mensuales y que, en consecuencia, ningún servidor público cobrará por encima de esa cantidad, el sector de periodistas ponen el ojo y el oído sobre funcionarios diversos de los más altos niveles, para lanzar como dardos la obligada pregunta: ¿Y Usted señor – Gobernador-Presidente municipal-diputado-magistrado-rector-secretario…,¿cuánto gana? Lo que espera es la respuesta sincera y honesta pero, lástima-Margarito:
Los “servidores” públicos que hoy, ante el justo reclamo social, son cuestionados sobre sus ingresos económicos, han tenido todo el tiempo, la oportunidad y el ingenio para disfrazar, encubrir y ocultar, o hasta para “justificar” sus ingresos desmesurados.
Una forma. Tal vez la que mejor resultado les ha dado es el mecanismo de los llamados “bonos”, ya que pueden ser utilizados para todo ingreso subrepticio: Bono complementario al salario, bono al mérito laboral, bono a la puntualidad, bono al desempeño, bono como herramienta legislativa, bono al estímulo académico, bono navideño ( ajeno al aguinaldo), bono para libros, bono de ayuda de renta, bono de alimentos, bono de antigüedad y, así, hasta llegar al bono por el día de la madre, auto-asignado por los señores Ministros de la Corte hace un par de años.
A inicio de la semana anterior, un periodista hizo la pregunta de rigor a un funcionario de la Universidad (UAZ): ¿Cuánto gana? Este respondió de inmediato que 60 mil pesos mensuales, sin inmutarse a pesar que medios nacionales habían señalado un salario de ese funcionario mayor a 200 mil. Los periodistas presentes callaron y dieron por real la respuesta informativa y así la trasmitieron al público.
Seguramente, de haber existido alguna observación, el funcionario hubiera solicitado la nómina de directivos, donde efectivamente aparece con un salario de 60 mil pesos, pero ¿cuál es la realidad, La “verdad verdadera”, como decimos los abogados? Esta corresponde a la suma del salario de nómina, con la suma de bonos que este funcionario recibe.
Igual si se pregunta a un diputado local, este contestará que 76 mil pesos, pero no aclara el número de bonos, conceptos y cantidades que recibe y que suman arriba de 150 mil mensuales. Así los magistrados, sin excluir al gobernador y cualquier funcionario de nivel medio arriba.
El engaño y la “chamaqueada” a los periodistas aparece, cuando estos dan por hecho para su información en medios, el salario de nómina de sueldos que convenientemente aparece en el portal de transparencia. Sólo que los bonos lo que menos tienen es transparencia.
Frente a la mentira, la trampa y la omisión, el periodista deberá preguntar invariablemente ¿Y los bonos? Si el funcionario los niega, entonces hay que hacerle a la “Aristegui”. Esto es, al periodismo de investigación con los medios legales establecidos: La Ley de Acceso a la Información, hasta obtener la “verdad verdadera”.
¡EL MERCADO PENAL!
Sorpresa causó a la opinión pública, que no a los abogados, la sentencia que fue impuesta a Javier Duarte, quien desvió a su favor miles de millones de pesos del erario de Veracruz.
Nueve años de prisión con abono de dos que ha cumplido, son siete, menos tres y medio que le serán descontados por “buena conducta”, le quedan tan sólo tres y medio, sin que pueda ser juzgado dos veces por el mismo delito. Saldrá con un gran equipaje de miles de millones de pesos para su disfrute en la vejez. ¿Qué tal?
El Presidente electo se indigna y los diputados llamarán a cuentas al encargado de despacho de la Procuraduría para que les explique. Sólo que, ¿Qué les explica, si los causantes fueron precisamente los diputados y no la procuraduría ni el poder judicial? ¿Quién abrogó el Código Penal Federal y todos los códigos penales de los estados para aprobar el llamado Código Nacional de Procedimientos Penales, copia del Sistema Penal Norteamericano, que es un sistema de negociación económica?
El Comando Norte impuso a Felipe Calderón ese sistema penal a través del Plan Mérida y la mansedumbre e ignorancia legislativa aceptó y operó.
El Sistema norteamericano llamado Adversarial o de juicios orales establece la interrupción del juicio oral, a cambio de una salida negociada llamada procedimiento abreviado y que requiere: que el procesado se declare culpable, que pague la reparación del daño y otras cantidades como multas. La pena es disminuida considerablemente. Así sucede y así en todo el país en asuntos como homicidios dolosos y otros considerados como graves.
Debe quedar claro: Es el Sistema Penal norteamericano adoptado en México, no son los jueces los responsables. La impunidad permea por todo el territorio nacional. La responsabilidad: Felipe Calderón y las legislaturas.
ACTO DE JUSTICIA.
El Diputado Juan Mendoza ¿Maldonado abrió la Caja de Pandora en el Poder Judicial del Estado: Pensiones millonarias por tan solo 3,5,7,9,12 y 14 años de servicios. Menciona el diputado una larga lista de beneficiados, sólo que incluye entre ellos al Licenciado Jesús Gutiérrez Vázquez, cuya situación es totalmente diferente:
El Maestro Jesús Gutiérrez Vázquez, fue juez allá por los años sesentas y llegó a magistrado en 1972 y 1973. Se retiró un tiempo y fue nuevamente magistrado durante todo el período de Genaro Borrego como Presidente del Tribunal de Justicia. Luego, el propio maestro Gutiérrez ocupó el cargo de Presidente del Tribunal, de tal manera que, cuando se aprobó el sistema, por única vez, de pensiones escalonadas con el enlistado de personajes que refiere el diputado Mendoza, el Maestro Gutiérrez ya era merecedor de su pensión obtenida por toda una carrera judicial dentro de un alto grado de honestidad y ética que le es reconocida.
Por lo mismo, la pensión del querido maestro Jesús Gutiérrez Vázquez tampoco es del alcance de las otras que coincidentemente en tiempo se otorgaron. La del Maestro es más baja.
Por razón de justicia, desde esta columna pido al diputado Mendoza la consideración hacia un abogado, excelente maestro y magistrado, en su condición de hombre honesto que ha sido el Licenciado Gutiérrez durante toda su vida. Vale la rectificación y una disculpa.