Primer informe del poder judicial: una buena intención sin sustancia

Primer informe del poder judicial: una buena intención sin sustancia

Un fantasma recorre a todas las instituciones del Estado: la transparencia y austeridad. Una ola se ha levantado con el tema de los gastos en personal y en general de gasto corriente del Ejecutivo, el Legislativo, y ahora también, en el Poder Judicial. El debate y los señalamientos en torno a los gastos en funcionarios del poder ejecutivo ya tienen tiempo y ganaron centralidad por obvias razones: es donde se va el grueso del gasto de los presupuestos anuales. Sin embargo, una vez que se busca en los dos poderes restantes, resulta que el nivel de privilegios y opacidad es igualmente un escándalo. En el caso del Legislativo ya se ha documentado la necesidad de diseñar mecanismos de transparencia de los recursos ahí ejercidos. Pero recientemente se ha puesto en relieve la situación financiera del poder judicial.
Para este año, el Poder Judicial del estado se programó un gasto de 490 millones de pesos, frente a un poco más de 27 mil millones del Ejecutivo. Sin embrago que ese recurso es comparativamente bajo, quedan muchas dudas en el uso adecuado del mismo. En todo el país se ha puesto a la luz los ingresos de los magistrados y recursos para apoyos, observando privilegios inaceptables en cierto personal de este poder.
Sin embargo, el interés de los ciudadanos es en torno a los resultados que arroja la inversión pública en la impartición de justicia. En su primer informe, cosa que se reconoce, el TSJEZ deja mucho que desear, se incurre en los mismos viejos vicios de la ‘rendición de cuentas’ del Ejecutivo: se emiten cifras absolutas que resultan carentes de significado porque no se convierten en indicadores que nos diga qué tanto avance de la materia sustantiva de su labor se ha logrado. Por ejemplo, en el informe del magistrado Ávalos, se informó de los 68 juzgados y los 18 distritos, y las poco más de mil personas que laboran en ese poder; pero nunca se aclaró qué tanto se ha avanzado en Zacatecas en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. En este último tema, se nos dijo que hubo 273 juicios orales, ¿respecto a cuántos en total? ¡Nunca supimos! Se supone que en el año 2016 debió estar completo el 100 por ciento de la instalación del nuevo sistema de justicia, pero en este informe presentado en tribuna, no nos dijo el dato fundamental: cómo se ha avanzado en las metas de la impartición de justicia en Zacatecas.
Curiosamente, ahí donde hay datos favorables, si se usaron datos relativos e indicadores, como el porcentaje de equidad de género en magistrados y jueces: casi mitad por género. Situación mejor que la media nacional. Pero de las metas sustantivas de impartición de justicia estuvieron notoriamente ausentes. Y los retos de igual manera: se informó de algunas brechas, como el caso de los centros de justicia alternativa que hay sólo 3 de 18 distritos judiciales (faltan 15). Pero en rezago de casos, el porcentaje de procesados sin sentencia y confianza en las instituciones de impartición hubo mutis. ¡Silencio en lo esencial! Esperemos poder revisar el informe por escrito para evaluar mejor los datos, el mensaje oral no arrojó muchos indicadores sustantivos. Sin duda hace falta reglamentar los formatos en la presentación de los informes para que se hagan como bien les conviene y pueden omitir la información más importante. Así las cosas, el primero y sin sustancia informe del Poder Judicial lo estaremos desmenuzando conforme conozcamos el texto y los anexos que depositó en la 63 Legislatura. En suma: presenciamos un informe opaco y sin sustancia sobre los temas de interés público.

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