La 56 Legislatura local aprobó en el año 2000 decreto que “atora” austeridad del Poder Judicial

La 56 Legislatura local aprobó en el año 2000 decreto que “atora” austeridad del Poder Judicial
No se puso a debate el privilegio de la pensión vitalicia para quienes no cumplirían el periodo de 14 años como magistrados FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Avalaron entrega de pensiones vitalicias a magistrados, aunque no cumplieron 14 años en el cargo

Dieron su visto bueno al decreto número 157 de reformas a la Constitución Política del estado, Arturo Ramírez Bucio, Leonel Cordero Lerma, Catarino Martínez Díaz

También Miguel Ángel Trejo Reyes, Edith Ortega González y Jorge Hiriartt Estrada

 

El 22 de febrero del año 2000, en la 56 Legislatura local, se aprobó por unanimidad de votos de los diputados que acudieron a la sesión ordinaria de ese día el decreto que hoy está generando polémica en un contexto social que exige austeridad y el cese de los privilegios en la función pública.

Mediante este documento se autorizó al Poder Judicial del estado entregar pensiones vitalicias a un grupo de magistrados, pese a no haber cumplido 14 años en el cargo.

Entre los diputados que avalaron el decreto número 157 de reformas a la Constitución Política del estado estuvieron Arturo Ramírez Bucio, Leonel Cordero Lerma, Catarino Martínez Díaz, Miguel Ángel Trejo Reyes, Edith Ortega González y Jorge Hiriartt Estrada.

En la discusión del dictamen, plasmada en el acta que se encuentra resguardada en el archivo histórico del Poder Legislativo, no se puso a debate el privilegio de la pensión vitalicia para quienes no cumplirían el periodo de 14 años como magistrados antes de recibir este haber de retiro.

El enfoque de las participaciones que hubo en la discusión en lo general, planteado por los diputados que intervinieron y que fueron Jorge Hiriartt, Miguel Ángel Trejo, Catarino Martínez y Teodoro Campos, fue el de defender la autonomía del Poder Judicial.

Esto se debió a que uno de los cambios aprobados fue el del periodo de duración de los magistrados en sus puestos y que pasó de seis a 14 años, a fin de evitar que hubiera cambios en el Tribunal Superior de Justicia del Estado al inicio de cada sexenio, supeditando el nombramiento de los magistrados a los intereses del nuevo gobernante.

El artículo 95 de la constitución de la entidad, en el año 2000, quedó formulado de la siguiente manera: “Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo 14 años (…) y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber por retiro”.

En el artículo tercero transitorio del decreto se estableció que “para garantizar la renovación escalonada y la no interrupción de las actividades del tribunal superior de justicia por única vez los actuales magistrados concluirán su cargo y pasarán a situación de retiro asignándoles a cada uno su pensión correspondiente”.

Posteriormente se enumera un listado de 13 magistrados, que son los que debían de terminar su periodo antes del plazo de 14 años recibiendo, aun así, su pensión vitalicia.

Entre ellos está Felipe Borrego Estrada, quien en ese momento era presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y, además, la persona que propuso las reformas finalmente aprobadas por los diputados locales.

Aparte de él, están José de Jesús Gutiérrez Vázquez, Leopoldo Enrique Santos Pérez, José María Soto Solís, Roberto Durán Donlucas, Antonio Pinedo del Real, Armando Ambríz Medina, Manuel Ortega Martínez, Yrene Ramos Dávila, José Guadalupe García Balandrán, María del Carmen Arellano Cardona, José Antonio Rincón González y Abelardo Esparza Frausto.

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