- Tanto la denuncia ante la Fiscalía Especial Anticorrupción como la queja ante la CDHEZ fueron interpuestas esta mañana
- Los presuntos delitos cometidos corresponden a la investigación del hecho ocurrido hace casi 3 meses, cuando Salvador Llamas Urbina agredió a 7 jóvenes en una taquería de la capital del estado
- Al ex candidato a diputado local por el PVEM se le imputan los delitos de portación de arma de fuego, disparo de arma de fuego y lesiones
- El político carecía de permiso para portar el arma de fuego que disparó esa noche, pero la FGJE no dio vista de ello a la PGR ni ha llamado a los testigos presenciales del suceso
El abogado Iván Arturo Casas Figueroa informó que fueron interpuestas, esta mañana, una denuncia ante la Fiscalía Especial Anticorrupción y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por los presuntos delitos de obstrucción de la justicia y omisiones graves en la investigación del episodio ocurrido la madrugada del pasado 27 de junio en la taquería 24 Horas de la colonia Sierra de Álica de la capital del estado, donde Salvador Llamas Urbina, ex candidato a diputado local por el distrito 1 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), agredió a siete jóvenes.
A Llamas Urbina se le imputan los delitos de portación de arma de fuego, disparo de arma de fuego y lesiones.
Luego de que mediante un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que obra en la carpeta de investigación se ha comprobado que el político no tenía permiso para portar el arma calibre 40 mm que disparó esa noche, la FGJE debió haber dado vista a la Procuraduría General de la República (PGR), ya que el tema es de competencia federal. Pero no lo ha hecho luego de tres meses.
A esta omisión se agrega que en mismo lapso no ha llamado a ninguno de los entre 20 y 30 testigos presenciales del hecho.
Las deficiencias en la investigación de la FJGE afectarían incluso al propio imputado, explicó el abogado Casas Figueroa, pues tampoco ha sido notificado de que se le sigue una investigación por los citados delitos y, por lo tanto, citado a declarar en su defensa.
Tras la audiencia celebrada el pasado 5 de septiembre, una juez de control “consideró lamentable el hecho de que la FGJE no haya dado vista a la PGR aun cuando ya tenía elementos suficientes para hacerlo”, dijo.
La autoridad jurisdiccional también dio un plazo de un mes contable a partir del citado 5 de septiembre para que la Fiscalía subsane sus deficiencias en la investigación. No obstante, al día 24 de septiembre que cursa, persisten tales omisiones, también informó Casas Figueroa.
La Fiscalía Especial Anticorrupción, que es un órgano independiente a la FGJE que deriva de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, está a cargo de Salvador Villa Almaraz.
“Esperamos que el fiscal Anticorrupción haga una investigación profunda, objetiva y de calidad, y no sea una fiscalía que solamente fue creada para cumplir con el requisito que marca la ley, para poner el nombre, pero que realmente en la práctica no haga esa investigación”.
La denuncia interpuesta hoy contra funcionarios de la FGJE puede derivar, en caso de que prospere, en imputaciones de delitos contra la administración de la justicia y que se inicien procedimientos administrativos de responsabilidad que inhabiliten o suspendan a los servidores públicos omisos.
En caso de que las víctimas “no vean respuesta de estos organismos estatales, acudiremos a organismos nacionales o internacionales con el objetivo de que se garantice la justicia, que se les dé acceso a esa justicia a mis representados”, dijo el abogado.
