En la nueva era no cabe la corrupción, y menos en las autoridades progresistas.

No cabe ninguna duda de que la corrupción galopante que sufre nuestra sociedad fue una de las preocupaciones que movieron el voto hacia Andrés Manuel López Obrador. Para las fuerzas políticas que integran los órganos del poder público en este nuevo escenario la corrupción política no debería restringirse exclusivamente a las conductas delictivas, sino asumir que la superación del actual estado de cosas se constituye en un imperativo ético que supone luchar por la reafirmación de la vida humana en un mundo impulsado por el afán de lucro, la desigualdad y la condena de millones al hambre y la exclusión. En definitiva, a la muerte.
Desde esa concepción, el poder no es algo que se posea ni debe entenderse como ejercicio de dominación, sino como un instrumento creativo en la construcción de la nueva sociedad a la que parece aspirar la mayoría. Por ello la burocratización es una forma de corrupción política, en tanto el poder se fetichiza y el individuo tiende a afirmarse a sí mismo o a la institución en la que presta funciones como fuente primera y última del poder, olvidando que debe subordinarse al bienestar general. Los descomunales privilegios son un ejemplo de la corrupción legalizada. Esta pérdida de referencia a la comunidad política, a las mayorías sociales excluidas, esa disociación con las relaciones sociales que dan sustento a los proyectos populares es también una forma de corrupción que ha impregnado a la propia izquierda cuando arribó al gobierno de la entidad.
En el nuevo escenario político nacional creado por el voto popular, es vital para las fuerzas progresistas reivindicar que los espacios institucionales no constituyen un privilegio sino un lugar de militancia y de servicio. Utilizarlos en beneficio particular o de intereses corporativos o minoritarios, independientemente de que para la legalidad vigente esos actos no constituyan delito alguno, constituye una forma de corrupción política, de traición a las mayorías sociales y al programa de cambios que apoyó la mayoría.
La credibilidad y la representación política cabal de las mayorías sociales son fundamentales en esta nueva era. Ante las nuevas formas de decir “todos son iguales” como estrategia propagandística para debilitar al nuevo gobierno de la República, los representantes de Morena deben legitimarse reivindicando la política como espacio privilegiado de construcción de lo público. Deben corregir a quienes se salgan del camino y constituirse en testimonio viviente de las ideas que dicen defender. No puede haber disociación de la vida privada y la pública posible; la transparencia debe ser una seña de identidad de la izquierda, y el servicio, la única forma de vida aceptable para las nuevas autoridades.
Las autoridades recién electas con el registro de Morena deben asumirse como servidores de las mayorías populares, de los excluidos y proclamar con hechos que están en el gobierno, pero también contra un sistema esencialmente corrupto. Ahí debe radicar su diferencia, y desde ahí deben construir su identidad.