Dinero fácil en la Legislatura local

Dinero fácil en la Legislatura local

Los servidores públicos en general, y en particular, para comentar esta colaboración, los diputados locales de la 63 Legislatura, no se dan cuenta que al ocupar esos cargos, llegaron como representantes populares, los confunden, pensando que se trata de una empresa comercial y, de entrada, sin tener facultades legalmente, pretenden formar un fideicomiso mediante la aportación de 3 fideicomitentes:

1.- 23 millones de pesos los aportaría el Poder Legislativo del Estado, en donde ya existe esa cantidad, porque se trata de un remanente que, hasta diciembre próximo estaban etiquetados para herramientas legislativas.

2.- 23 millones de pesos los aportaría el Gobierno del Estado y,

3.- 46 millones de pesos, los aportaría el Gobierno Federal, a partir del 1 de diciembre.

       Total 92 millones.

          ¡Glup!

     Señalan que, el destino del fideicomiso lo fijarían los fideicomitentes, pero, se adelantan y señalan que sería para impulsar y fortalecer proyectos productivos; entrega de becas o la realización de obra pública.

     Todo ello forma parte de las herramientas legislativas, cuyo concepto fue eliminado por la 62 Legislatura. Por consecuencia, si existiera el sobrante de 23 millones de pesos, ya no sería posible aplicarlos en tal concepto por el resto del año, y mucho menos querer disponer de ellos como proponen los diputados. Deben ser devueltos y de inmediato a la SHCP. Al tratar de darle el destino como se menciona,, nos encontraríamos en una situación de retroactividad de la ley. Esto es, regresar la que regulaba las herramientas legislativas, para aplicarla a una situación nueva, ajena a las circunstancias de cada momento. En nuestro orden jurídico existe el principio de que, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

     Resulta desafortunada la propuesta por varios motivos:

     Primero, el concepto de herramientas legislativas dejó de existir, debido entre otras cosas al despilfarro y manejo discrecional que se hacía de este recurso por parte de los legisladores. Lejos de ser destinado realmente para apoyos y proyectos sociales iban a dar a sus  bolsillos. En términos más comunes, se lo robaban.

     Segundo, Existen instancias federales, estatales y municipales que atienden toda esa problemática y servicios sociales, a los que según los diputados, estaría destinado el fideicomiso. Pero esa atención tiene un sustento legal y por tanto, es una obligación fundamental. No se trata de que las autoridades se conmuevan para prestar este tipo de servicios. Deben prestarlos. Que existe corrupción y no se cumple con ello, es cierto, eso es otro tema. Tal obligación es mandato legal.

     Tercero, este tipo de propuestas genera dudas, deja lugar a la sospecha entre los 30 millones de ciudadanos que votaron por un proyecto nuevo en favor de AMLO. Se llega a pensar que los legisladores locales puedan  a futuro, como ya ha sucedido, acumular la cantidad de 92 millones de pesos en su propio beneficio vía ahorro, etc. Y repartírsela al concluir su cargo.

       Esto, es lo que propicia entre otras muchas cosas la opacidad, la duda, que permite que los legisladores tengan y obtengan dinero fácil. Sin el esfuerzo de trabajar como un albañil, un médico, un empleado, un maestro, etc., que tienen un horario de entrada y salida de su fuente de trabajo y contemplando los días que deben ser laborales.

     Los ciudadanos, el día de la jornada electoral les dieron un cheque en blanco a los diputados locales. Sin conocerlos, sin aplicarles un examen que pudiera reflejar sus conocimientos, su grado de preparación, su escolaridad o su grado escolar…y fue así por dos razones principalmente. Una, así lo establece la CPEUM y en consecuencia la CPEZ, por eso así ha sucedido siempre, no sólo con los diputados de la 63 Legislatura. Dos, porque la función principal de los legisladores tanto locales como federales, es la de legislar. Tienen otras, que son exclusivas de cada Cámara, por ejemplo para la de diputados aprobar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, revisión de la cuenta pública, etc. Para pera la de senadores aprobar los tratados internacionales que ejecutivo firme etc. Pero la fundamental, como bien decimos es legislar.

     No tienen otras, mucho menos disponer bajo sospecha, de un dinero que ya no corresponde a la actual Legislatura.

     Es una opinión ciudadana muy recurrente, que los legisladores no justifican las exorbitantes cantidades de dinero que perciben bajo todos los rubros que se quiera, sueldo, dieta, bonos, apoyos, etc.

     Si se reflexiona y se analiza a detalle esa opinión, es muy real, sobre todo si nos damos cuenta que el origen de esa dinero proviene de los ciudadanos. Es dinero del pueblo. El pueblo les paga, y el pueblo del Estado de Zacatecas, es pobre. No les paga el gobierno, porque también a éste le paga el ciudadano. En consecuencia, los legisladores son empleados de los ciudadanos, quienes están a la espera de que les rindan buenas cuentas.

     Sola su dieta es buen pago.

     ¿Qué hacer con los 23 millones de pesos etiquetados para herramientas legislativas hasta diciembre próximo?

     La respuesta no requiere mucha ciencia, de inmediato y de manera urgentemente se deben devolver.

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