Postura de gobernador en caso de San Martín Refleja el “compromiso con Germán Larrea”

Postura de gobernador en caso de San Martín Refleja el “compromiso con Germán Larrea”
El acta de defunción del minero que supuestamente acudió a votar FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Denuncian que incluso hubo mineros que votaron a pesar de estar muertos

 

Jesús Rodríguez, delegado del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) “Sindicato Minero”, manifestó que el tema de la huelga de la mina San Martín, de Sombrerete, se mantiene en litigio ante instancias federales. Pero observó respecto de la postura del gobernador del estado, “obviamente sabemos lo que ha declarado en algunos medios; reflejo del compromiso y de la entrega que ha tenido con Germán Larrea”.

Alejandro Tello Cristerna se manifestó en entrevista con este medio el pasado 13 de septiembre respecto del tema del litigio que mantiene el Sindicato Minero y la empresa IMMSA por la huelga estallada en la Mina San Martin hace 11 años, a favor “de la legalidad”, y en segundo término, del empleo para las familias que puede proporcionar esta empresa.

Esto, luego de enterarse de que el gremio que encabeza Napoleón Gómez Urrutia obtuvo un amparo que protege el derecho de huelga de los trabajadores.
El 10 de septiembre al ofrecer el primero de sus informes regionales, para el que eligió justo la cabecera municipal de Sombrerete, pasó en su mensaje del pronunciamiento a favor de la reapertura de la Unidad San Martín de IMMSA expresado mediante un boletín de fecha 26 de agosto del 2018, a adjudicarse el hecho.
“El reinicio de las operaciones impulsará el crecimiento económico de Sombrerete sí, pero también de toda los municipios colindantes (…) Logré cumplir uno de mis compromisos más importantes con las familias de esta región”.

Su injerencia en un asunto judicial fue refrendado por el presidente municipal de la demarcación en el mismo evento, quien habló de un esfuerzo de mediación hecho por el mandatario entre los sectores involucrados, sin integrar a ellos al Sindicato Minero, así como de una labor de gestión “con las autoridades federales” para que se resolviera el conflicto obrero-patronal.

“Hoy somos testigos de que el objetivo se ha logrado. Con ello se lograrán cientos de empleos directos e indirectos que nuestros ciudadanos necesitan y que nuestro municipio recibirá gran derrama económica. Muchas gracias señor gobernador”, remató Ignacio Castrejón Valdez.

Las palabras de los mandatarios estatal y municipal contrastan con lo expuesto en entrevista con La Jornada Zacatecas, ofrecida por la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, realizada el 28 de agosto, y que fue solicitada para abordar justo el tema de la legalidad en la reapertura de la mina San Martín.

La respuesta de la funcionaria a la interrogante de si Tello Cristerna pudiera estar respaldando actos ilegales en este asunto fue, “puedo decir que es un tema totalmente laboral, efectivamente aquí el gobierno se mantiene al margen en todo el proceso judicial”.

Desde el otro lado, el de los trabajadores que han mantenido una huelga que trasciende ya la década y que tiene entre los puntos que la validaron la confirmación de que la empresa de Germán Larrea Mota Velasco estaba violando las disposiciones de seguridad de higiene, esto es, poniendo en riesgo su vida en un momento, 2007, incluso posterior al episodio de Pasta de Conchos (una explosión que tuvo verificativo el 19 de febrero de 2006 en una mina de carbón ubicada en el estado de Coahuila donde por esta misma razón perdieron la vida 65 mineros) se ha acusado que los tres niveles de gobierno, el municipal, estatal y federal, han respaldado “una violación flagrante a la vista de todo mundo (…) es una vergüenza que estén pasando por encima del estado de Derecho”.

El entrecomillado refiere las palabras del mismo Jesús Rodríguez, delegado del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).

El recuento que el Sindicato Minero ha hecho al respecto del intento reiterado de Larrea Mota Velasco y la colusión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para reabrir la mina San Martín obviando las disposiciones legales, refiere dos solicitudes para que se declarara inexistente la huelga promovidas ante la JFCA y que le concedió en 2007, para que luego una instancia judicial superior concediera en sendas ocasiones un amparo al Sindicato Minero.

En 2008, la empresa solicitó que la imputabilidad de la huelga “fuera un derecho patronal, y se lo concedió la Junta y la Suprema Corte, pero la empresa perdió la imputabilidad”, han expuesto el Sindicato Minero en un comunicado del pasado 12 de septiembre.

Luego en 2012, la empresa uso a la CROC para disputarle la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) al Sindicato Minero, pero aunque la organización priista perdió la votación, “usó a 300 bandoleros en contra de la guardia de huelga que fue golpeada, y la Junta Federal y el gobierno de Zacatecas no hicieron nada”, no obstante su obligación de proteger este derecho laboral fundamental y en general al estado de Derecho en la entidad.

Al siguiente año el Sindicato de Exploración relevó a la CROC en su intento de hacerse con el CCT de la Unidad San Martin de IMMSA, para lo que presentó un padrón de trabajadores alterado para ganar el recuento.

Y esta misma organización logró que la Junta pusiera otra fecha para un nuevo recuento que se celebró el pasado 28 de febrero y que presuntamente ganó otra vez con un padrón “abultado”. Cabe recordar que la misma instancia dispuso que el laudo que emitió derivado de este procedimiento, no podía ejecutarse, por un mandato judicial de una instancia superior que le dio nuevamente la razón al Sindicato Minero.

“Este juicio se lleva por separado del procedimiento de la huelga, pero en realidad es otra alternativa patronal” contra la misma, agrega el boletín.

El más reciente episodio, este que también tiene elementos que ponen en entredicho la legalidad del procedimiento de reapertura, fue la resolución de la JFCA de dar por terminada la huelga, luego que presuntamente un grupo de apenas seis trabajadores en representación de los demás, hizo manifiesto ante el Notario público 18 de Sombrerete, Juan José Vacio Castrejón, el 21 de agosto, que la mayoría de los huelguistas querían reiniciar actividades en la San Martín.

Pero entre esta mayoría, ha referido el Sindicato Minero, hay un listado de 153 de ellos que ya no tenían relación laboral con IMMSA y por tanto no tienen derechos que defender o reclamar en este asunto.  Y un caso particularmente interesante, el de un trabajador que habría manifestado su voluntad de regresar a trabajar aun muerto. Jorge Cuevas Barboza, quien falleció por un infarto, un año y meses antes de que se realizara la asamblea que validó el notario público (el 2 de junio de 2017).

Esto se debió dijo Nahir Antonio Velasco, abogado del Sindicato Minero, por la celeridad con que quisieron realizar este acto, de tal forma que no se dieron cuenta que habían integrado a una persona ya fallecida en el presunto padrón de trabajadores.

El 11 de septiembre una juez federal concedió la Suspensión definitiva que protege a los huelguistas y la huelga hasta que se resuelva el fondo el fondo del amparo interpuesto por el Sindicato Minero que objeta el padrón de los trabajadores, que incluye a la persona muerta.

La reapertura de la Mina San Martín se realizó el pasado 21 de agosto, como lo han expresado, Jesús Rodríguez reiteró que el episodio “fue una faramalla” que tuvo detrás a la empresa.

“Nunca se han movido desde el 2012 en que llegaron a romper la huelga por instrucciones de German Larrea, ellos siguen posesionados de las instalaciones (…) Ellos saben muy bien que todo lo que están haciendo es ilegal porque no hay ninguna resolución definitiva en la que ya le puedan decir a la empresa que puede iniciar labores, una resolución en ese sentido”.

Para la Secretaria de Gobierno, el que el asunto no sea cosa juzgada, esto es, el que todavía las partes en conflicto puedan interponer recursos legales ante instancia judiciales, significa lo contrario, que el proceso de reapertura puede continuarse.

“Si se omitió, si hubo algún problema dentro del procedimiento no estamos tan empapados del procedimiento legal, le corresponde a la empresa y a los sindicatos de alguna manera impugnarlo si hubo alguna violación (…) ¿a nosotros que nos compete si se va a abrir la mina, si nuevamente se reabre la mina? pues la complacencia de que se haga porque implica un desarrollo regional, incluso dar las facilidades”.

-“¿No tendría que ser el Gobernador de un estado más cuidadoso, justo para no involucrarse en una cosa que todavía no está resuelta y que pudiera involucrar violaciones a la ley?…

-Vamos a revisar porque a nosotros no nos notifican, a quien notifican es a la empresa y al sindicato”.

No obstante fue la oficina de Comunicación Social de Gobierno del estado la que remitió en versión electrónica  (no completa) a este medio, la resolución de la JFCA del 23 de agosto de la Secretaría Auxiliar de Huelgas (Junta Especial Número Diez), expediente III-3670/2007 que refiere el litigio entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana vs. Industrial Minera México, SA de CV (Unidad San Martín) donde se refiere la comparecencia de los seis trabajadores ya mencionada.

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