Inhabilitan a ex funcionarios estatales por irregularidades detectadas por la SFP

Inhabilitan a ex funcionarios estatales por irregularidades detectadas por la SFP

Fernando Soto, Patricia Salinas Alatorre y Cristopher Ávila Mier, los señalados

No se actuó en ese caso como si fuera delito mayor, a pesar de tener elementos

 

La semana pasada se dio a conocer la inhabilitación de tres ex funcionarios estatales por diversas irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Se trata del ex secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, por el pago de intereses excesivos en un crédito que se contrató con el Banco Interacciones, y de la ex secretaria de Economía y el ex subsecretario de esta dependencia, Patricia Salinas Alatorre y Cristopher Ávila Mier, por haber pagado sobreprecios en terrenos de parques industriales.

Esta sanción administrativa que se aplica en la presente gestión de la SFP contrasta con la impunidad en la que quedó el caso de un delito penal en el que se vio involucrada también la ex secretaria de Economía Salinas Alatorre.

Documentado por La Jornada Zacatecas y además acreditado por las declaraciones de dos empresarios locales, quienes hicieron las acusaciones sin escudarse en el anonimato sino que dieron sus versiones con nombre y apellido, en el año 2015 se demostró que para ocultar un conflicto de interés entre la ex titular de Economía y su socio, el joyero Daniel Espinosa, la ex funcionaria falsificó documentos oficiales, en concreto, el acta de una sesión del Fideicomiso de Impuesto Sobre Nómina.

El caso quedó impune pues ni la todavía Procuraduría General de Justicia del Estado ni la Secretaría de la Función Pública intervinieron, pese a que el caso se hizo público y el delito de falsificación de documentos oficiales es un ilícito que se persigue de oficio, de acuerdo a lo expuesto en una ocasión por el ex procurador y ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Arturo Nahle García.

Inclusive, quien en ese entonces se desempeñaba como secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, participó en el delito de la falsificación pues fue uno de los que avalaron con su firma el documento alterado.

Las dos únicas personas que no accedieron a signar las nuevas hojas del acta fueron los presidentes, en ese momento, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la de Comercio de Zacatecas, Joshua Mendoza Jasso y Juan Enríquez Suárez del Real, quienes reconocieron en entrevista que se les presentó el documento alterado pero no lo firmaron por considerar que falseaba lo ocurrido en la sesión.

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