La integración legal de las cargas de trabajo en la UAZ es un problema que se resiste a cualquier solución. Una de las causas de ello consiste en la tenaz ignorancia que los funcionarios universitarios tienen del Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT) y otra, complementaria, es la creatividad que poseen los funcionarios sindicales para, en cualquier oportunidad y bajo pretextos arbitrarios, soslayar la aplicación del CCT y buscar el beneficio de las autoridades alegando el bienestar de los agremiados. Recordemos dos de estas aviesas políticas que se toman hoy día como moneda corriente. La primera de ellas es el hábito de alegar que “para estirar la cobija” se dotará a todos los docentes de, mínimo, 10hrs. frente a grupo aunque para ello se deba quitar a otro lo que, de acuerdo a contrato, le corresponde. Si no hay carga suficiente para todos cuando se asigna de acuerdo a lo contratado, en un ejercicio de “justicia sindical” se le quitará al “rico” para darle al “pobre”. Esta política es violatoria de todo lo establecido en los Estatutos sindicales, en primer lugar, porque para implementarla se debe tener la anuencia de la Asamblea General y en segundo la del involucrado porque de acuerdo al artículo 45 del CCT todo trabajador académico tiene derecho a preservar su carga cuando exista la disponibilidad de ella y se tenga el derecho. Sin embargo, el Coordinador de Admisión, Adscripción y Promoción del SPAUAZ cree que puede repartir la carga de los docentes porque “fue un acuerdo” del secretario general con la patronal. Bien, no es extraño que el secretario general se tome atribuciones que no le corresponden, sobre todo si con ello cree que apuntala su candidatura a la rectoría. Otra inveterada y lesiva práctica de los funcionarios sindicales es su negligencia para citar a Coordinadora de Delegados en las fechas previstas en el Estatuto, que establecen una periodicidad de quince días para las sesiones ordinarias. Así pueden pasar meses sin que haya reunión. Tiempo durante el que acontecen innumerables eventos en contra de los agremiados con el beneplácito de sus representantes. Por ejemplo, en la última sesión de Coordinadora de Delegados se discutió acerca de los castigos que amerita Crescenciano Sánchez por haber modificado el contrato a espaldas de los docentes, y de si era posible extenderlos hacia Pedro Martínez Arteaga, actual secretario general del SPAUAZ, por su complicidad evidente en el delito. Sin duda muchos creemos que Martínez Arteaga debe abandonar el SPAUAZ por su incapacidad, corrupción, frivolidad y deletérea presencia, pero algunos más asumen que es inocente por inconfesables “razones”. Pero ya no hubo continuidad de aquella sesión convocada por el Comité Ejecutivo en uso de sus facultades porque, en palabras de ellos, “estaban enfermos”. Pobre excusa con la que se pretende defender lo indefendible. Podemos apreciar por qué no tiene solución la apremiante cuestión de las cargas de trabajo: no se quiere resolver, se procede a una negociación en lo particular para acallar a los quejosos y mantener el status quo, de hecho, esa problemática es el telón de fondo de las negociaciones de candidaturas, sobre todo ahora que ya inició la sucesión en la rectoría, por lo que podemos ver al secretario general ejerciendo sus “facultades transversales” para beneficiar a los amigos y frenar a sus enemigos con las cargas de trabajo. Conclusión de lo anterior es que a los agremiados les falta visión amplia de su papel en la universidad y el proceso en el que están inmiscuidos, ignoran los nexos que los unen con todos los demás universitarios y medran en la imaginaria isla de los problemas que aparecen en sus unidades académicas, cuyas soluciones son siempre temporales porque volverán a aparecer en un semestre; o ya están aquí de nuevo. Vamos a parafrasear una frase de Horkheimer (“Teoría tradicional y teoría crítica” Paidós (2000) p. 29) para vislumbrar una posible explicación: cuando los agremiados en las unidades académicas conciben sus problemas como independientes de la dinámica del proceso universitario “reifican” su comprensión y se vuelve “ideológica” (los “teóricos” de la posverdad fruncen el cejo ante esto), que significa: las soluciones negociadas que encuentran para sus problemas no son una solución porque se desvinculan de las demás unidades y del problema general de la violación de los procedimientos contractuales como renuncia de la bilateralidad y a los derechos colectivos. Una solución del problema de las cargas de trabajo es general o no es solución, pero si tal cosa puede darse sólo tendrá lugar si los agremiados logran unificarse. Pero esto no pasará porque como valladar tenemos a un comité ejecutivo incapaz, sin independencia frente al secretario general, y a un líder cuyas ambiciones no son la defensa de los derechos sindicales, sino la negociación de las mejores condiciones para su posible candidatura. Conviene citar a Horkheimer: “ La existencia de la sociedad o bien descansa sobre la opresión inmediata, o bien es el resultado ciego de fuerzas en conflicto” (ibid. p. 35). ¿Pero cuáles son esas fuerzas en conflicto? ¿quién en la UAZ se opone al grupo dominante y sus aliados? Mientras mantengamos luchas aisladas buscando soluciones locales estaremos condenados.
