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jueves, 28 marzo, 2024
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Consolidar el Estado de Derecho: tarea pendiente

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Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz •

El régimen pos-revolucionario se concentró en la construcción de un nuevo Estado. Como lo afirma Luis Medina Peña (Hacia el nuevo Estado, México 1920-2000), construir bases sólidas de un Estado unitario, que a su vez permitiera el desarrollo económico sostenible, pero sobre todo, la paz, el orden y la disputa pacífica (más o menos) del poder, pareciera ser la visión que predominó en el México que va de 1929 a 1994 (período subjetivo). Sin embargo las condiciones de consolidación del Estado mexicano en el siglo XX, no fueron propicias para instalar un modelo de estado constitucional democrático moderno, sino hasta los últimos cuatro gobiernos del mismo, y más marcadamente, en los últimos dos. En ese sentido, la construcción de una cultura de legalidad y más tarde de constitucionalidad, se mantuvo ausente, y apenas asomó la justificación en búsqueda de legitimidad, de ambos conceptos. Hoy, muchos de nuestros problemas arrastrados, entre ellos la resistente violación a derechos humanos, la corrupción y su causa y fundamento principal, la impunidad, permanecen a la espera de un nuevo pacto que, partiendo de un Estado ya formado, pase al adjetivo mismo que le da vigencia a su existencia: de Derecho.
Aunque hemos transformado al Estado, de tal forma que pasamos de un modelo legalista, a uno constitucional, y le dimos las características de uno que se inserta en el mundo globalizado, con garantías de seguridad jurídica (cuando menos en la norma) e instituciones modernas, la sujeción a permanente a un modelo de respeto a la Ley, que no permita la impunidad general, ni la distracción de las autoridades, se mantiene como una tarea (titánica) pendiente.
Es así sí entendemos Estado de Derecho, en los términos del Ministro José Ramón Cosío Díaz: un modelo de convivencia social y política en el que las personas (ciudadanos y autoridades) saben cuáles son sus derechos y obligaciones a partir de las disposiciones del orden jurídico, y no así de las decisiones de los sujetos socialmente poderosos o de los gobernantes que ejercen poder público. Vaya concepto recordatorio. Sí atendemos a que además del respeto a los derechos humanos, el combate a la corrupción y la impunidad, nuestros retos más urgentes son el combate a la pobreza, buscando reducir la desigualdad y regenerar el tejido y la unidad social, el Estado de Derecho es una condición sine qua non. No será posible dar una solución sustancial y con aspiración de permanente, sí no lo entendemos así, todos.
Creo que en la búsqueda de explicaciones, causas e incluso rutas, de lo sucedido en primero de julio y sus consecuencias, no hay que olvidar este punto, hoy ajeno nominalmente en la agenda pública. El sexenio que se va, se despide con un mal sabor de boca al no haber sido capaz de entender que la impunidad, la peor trasgresión al Estado de Derecho, y el favoritismo, un generador de desigualdad, son ingredientes que los mexicanos no toleramos más para la vida pública. Ojalá los actores dirigentes en el próximo sexenio, lo entiendan así. Esta tarea pendiente pasa por una sólida comprensión ética de la Constitución y sus instituciones (organizaciones y derechos). No caben en ésta, por ejemplo, lo sucedido en días pasado en el seno del Senado de la República, en la que se ha permitido a un servidor público, no solo hacerse una Constitución a modo (una de las peores prácticas del régimen autoritario, y curiosamente, práctica extraordinaria), sino utilizar a la institución parlamentaria, representación del Pacto Federal y de lo que se supone, es lo más acabado de nuestra clase política, para legitimar, legalizar y burlar la máxima norma jurídica de este país. He ahí un ejemplo claro de una cultura que permanece: la de obviar el Estado de Derecho.

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@CarlosETorres_

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