Una ruta crítica para una Ley de Participación: los ciudadanos en las acciones de gobierno (local)

Si la sociedad es un entramado comunicativo, esto es, no es algo que se compone de personassino de múltiples formas de relación entre ellas, entonces la participación es una manera de dotar de realidad (efectividad) a los procesos de gobierno. Las acciones de gobierno tendrán más efectividad cuanto más participativas sean. No sólo por aquello de la legitimidad o respaldo social a ciertas decisiones, sino porque los problemas a los que se dirige la acción de los gobiernos son, justamente, fenómenos sociales; esto es, entramados de relaciones comunicativas. Por ello, las formas participativas de gobernar si pueden cambiar la realidad problemática que tienen la obligación de atender.
Pero esto que se dice fácil, es algo muy complejo. La participación social es de muchos tipos: social, comunitaria e institucional. Las dos primeras son formas más o menos autónomas, esto es, bajo el supuesto de que los actores deciden su actuación con independencia del poder público. Y la última es la participación que se lleva a cabo dentro de las estructuras institucionales de los gobiernos con el fin de tomar parte de las decisiones estratégicas, operativas y presupuestales de los mismos. La manera más eficaz de impulsar la participación ciudadana en la conducción gubernamental es crear formas de corresponsabilidad con los afectados de dichas decisiones públicas. Pero esto dicho así, dice poco, porque en los problemas públicos todos somos afectados. Sin embargo, hay formas de ordenar y escalar el interés (o afectación) y el nivel de decisión, pero lo cual supone definir agendas, priorizar temas (con sus enfoques) y definir criterios en la distribución de los presupuestos. Lo que a su vez implica librar el espacio social constituido con pluralidad de valores e intereses: formas deliberativas que lleven a la construcción de acuerdos entre actores sociales.
El orden de gobierno que mejor puede organizar una participación ciudadana (institucional) armando los espacios deliberativos que acerquen o concilien la pluralidad social, es el municipio. Sin embargo, hay algunos obstáculos de enorme peso en esta ruta. Uno de ellos es la enorme centralización de los programas de gobierno. Esto es, ahora mismo la mayoría de los recursos que llegan al municipio están decididos desde el centro. Se da una suerte de planeación dirigida desde afuera y arriba, que inhibe la planeación local. Los recursos que vienen de aportaciones federales llegan con lineamientos de aplicación tan específicos que cierran la posibilidad de que un proceso de planeación participativa en lo local defina su destino. Los municipios se han convertido en aplicadores de estrategias ya definidas en México. ¿Cómo pensar la planeación participativa en un formato de aplicación de recursos federales previamente dirigidos? Y el margen de recursos libres a la planeación local propia son muy limitados. Otro obstáculo es el nivel de endeudamiento y el porcentaje de los presupuestos destinados a gasto corriente. ¿Cuánto recurso queda libre para el desarrollo del territorio? Podemos contar algunos piquitos, nada más.
Empero que los obstáculos son grandes, se pueden hacer acciones que hagan posible la participación ciudadana en la actividad de gobierno. Si los municipios construyen dos espacios clave pueden superar algunas dificultades: uno es el necesario espacio deliberativo que reúna la pluralidad de actores y acerquen criterios generales para tomar las decisiones concretas, se trata de una configuración tipo parlamento local; y otro espacio es el que debe ser ocupado por amplios equipos técnicos que estén elaborando la viabilidad de las propuestas imaginadas por los actores sociales. Ahora mismo los municipios carecen de capacidades técnicas para atender el amplio número de competencias, que va desde dotar de servicios básicos a las calles y viviendas de su demarcación, hasta la intervención en problemas de desarrollo social, y hasta llegar a temas de cambio climático. Por ello, el primer espacio debe ocuparse con actores tanto de diversos sectores como de la totalidad del territorio; y el segundo espacio implica acercar a las instituciones educativas a colaborar con sus capacidades cognitivas. Pero acercar a la gente que debe estar en ambos espacios supone dos condiciones: (1) contar con capacidades relacionales en los aparatos administrativos de los gobiernos locales, y (2) la disposición de los gobernantes de encabezar la distribución social del poder. Esto último es lo más difícil porque los presidentes municipales llegan con la idea de ellos decidir todo para orientar dichas decisiones en la reproducción de su carrera política.
Como podemos observar, la manera de hacer efectivas las acciones de los gobiernos es la planeación y presupuestación participativa, sin embargo, es una ruta llena de dificultades. Por ello, habría que pensar en sí elaborar una ley de participación ciudadana para empujar a todos los municipios por esa ruta, pero antes deberíamos pensar en crear la ruta crítica para que no se convierta en una ley vacía. Emplazar a los municipios a fortalecer sus capacidades relacionales y ensayar algunos formatos de presupuesto participativo para mejorar los modelos que se propongan en la mencionada ley. Elaborar una suerte de leyes transitorias con las metas concretas de la ruta crítica que debemos emprender para plantear una ley de largo alcance en el tema de la participación ciudadana en las acciones de gobierno local.