Una confirmación muy curiosa la del rector de la UAZ, Dr. Antonio Guzmán Fernández, cuando el pasado 30 de agosto admitió que las cuotas impuestas a los estudiantes en las unidades académicas no están reguladas por el Consejo Universitario (La Jornada, 30/08/18). Días antes el secretario general de la universidad, Dr. Rubén Ibarra Reyes, sostuvo la posición de los directores cuando dijo que las cuotas eran legales y todas las denuncias en las redes sociales, en particular la de Francisco Carlos Infante, quien delató el asunto en la Unidad de Derecho, eran por problemas de convivencia (El Sol de Zacatecas, 21/08/18). La respuesta ante esta declaración no se hizo esperar, y en conferencia de prensa Miguel Moctezuma Longoria, Ernesto Alvarado Flores y el referido Francisco Carlos Infante denunciaron ante la opinión pública una serie de problemas al interior de la universidad (La Jornada 29/08/18) consistentes en: 1.- La universidad está secuestrada “por la misma camarilla de siempre”, 2.- Las cuotas que se cobran en las unidades académicas son ilegales, 3.- No se hace una integración legal de las cargas de trabajo, 4.- Se nombró de manera irregular al coordinador de la Comisión Electoral Universitaria. Desde el punto de vista sindical es reclamable el punto (3), el resto pertenecen a la organización interior de la universidad. Comencemos por el tema sindical. De acuerdo a la cláusula 82 del Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ, salvo que haya sido ya modificada por el secretario general en uso de sus facultades “transversales”, la propuesta de asignación de grupos (no la “carga de trabajo”) para el semestre en curso debió ser aprobada presupuestalmente por el rector el semestre pasado a propuesta de los directores, quienes, una vez realizado lo anterior, debieron haber convocado a sus Consejos de Unidad para aprobarla formalmente y remitirla al Comité Ejecutivo y el Comité Delegacional respectivo. Con esto se abre el periodo para que los aspirantes a asignación de grupos soliciten al Comité Ejecutivo, quien, de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto, remitirá el proyecto de asignación a la cartera de Admisión, Adscripción y Promoción para que integre el proyecto de carga de trabajo de común acuerdo con los delegados sindicales de cada Unidad; a menos, claro, que el secretario general ya haya decidido que él debe hacer eso por su transversal voluntad. Concluidos los pasos anteriores los resultados netos son la carga de trabajo y la propuesta sindical, conjuntas, que se giran al Comité Ejecutivo, a Planeación y a la Coordinación de Personal a más tardar el 10 de marzo. Ninguno de los procedimientos previos se realiza, incluso el secretario general del SPAUAZ los desconoce al igual que el Comité Ejecutivo, en lo que es una disimulada complicidad con la patronal para declinar la bilateralidad. Por eso no se resuelve el problema de las “cargas de trabajo”, es el resultado de complicidades y declinaciones, de la histórica vocación por la servidumbre de los sindicatos. Vamos ahora al problema de las cuotas. Si consultamos la Ley Orgánica de la UAZ en el artículo 17 fracción XI nos enteramos que el Consejo Universitario tiene la facultad de conocer, discutir y decidir acerca de todos los ingresos extraordinarios de la universidad, en particular, de las cuotas que impongan las unidades académicas, pero no sólo de esos ingresos, también de los recursos que entran por proyectos de investigadores, proyectos de las áreas y demás. Además, el artículo 47 fracción VII es claro: todo ingreso directo de las Unidades Académicas debe estar de acuerdo a lo estipulado por el Consejo Universitario y la reglamentación expedida por él. El rector reconoce que no existe ni la discusión al respecto, ni el reglamento respectivo, por lo que todo ingreso directo a las Unidades, por cualquier concepto, es “ilegal”. También son ilegales las “cargas de trabajo” que expiden los directores o la Coordinación de Personal, pero eso no lo reconoce el rector. ¿Cómo se resuelve el problema de las cuotas? Está en manos de los directores normar y transparentar el uso que hacen de los ingresos directos, y si no lo han hecho es por mala fe, ignorancia o perversión. Vamos ahora al asunto del nombramiento de Crescenciano Sánchez Pérez en la Comisión Electoral Universitaria. ¿Dónde está la irregularidad?, sólo puede residir en un punto: el Reglamento General de Elecciones aprobado en marzo de 2011, establece en la fracción III del artículo 22 que para ser miembro de la comisión se debe ser una persona de reconocida calidad moral. Desde el punto de vista de los sindicalizados Sánchez Pérez no tiene calidad moral porque modificó el contrato colectivo UAZ-SPAUAZ para dañar a sus compañeros, pero desde el punto de vista de la patronal es casi un mártir. Esto nos debe dar una idea de quién es el que manda en la UAZ, no “los universitarios” sino la “camarilla que tiene secuestrada a la universidad” y que fue la que decidió mutilar el contrato. Chano es un corrupto y debería ser expulsado del SPAUAZ junto a Pedro Martínez, pero si somos sensibles y lo vemos desde la óptica patronal, se merece más de lo poco que se le ha dado. ¿Quizá la rectoría? ■
Temas para un desvelo
