En 2006 Álvaro Uribe, a la sazón presidente de Colombia, decide reenfocar su estrategia de combate al narcotráfico: cambia la erradicación del cultivo por la prohibición de su transportación, con lo que consigue aumentar la incautación de cocaína en un 60 %. Esto es causa concurrente de la elevación de su precio en 50% en las calles de los Estados Unidos. Por otro lado, Bill Clinton envió, en 1994, una iniciativa al Congreso norteamericano para prohibir la venta de armas de asalto que fue aprobada y entró en vigor ese mismo año. El defecto de esa ley era que duraría 10 años, por lo que expiró en 2004, así que, para cuando se incrementó el precio de la cocaína y disminuyeron los proveedores colombianos, era una inversión relativamente segura para los cárteles de la droga mexicanos comprar armas de asalto para aprovechar la oportunidad de hacer mucho dinero expandiendo sus operaciones. Y si sumamos la repatriación, entre 2002 y 2008, de talento mexicano incubado en prisiones de Estados Unidos, tenemos los ingredientes de un magnifico negocio. Resulta entonces que el incremento exponencial de la violencia en el período 2007-2011 fue el producto de una serie de factores geopolíticos. Alejandro Hope ofreció la anterior explicación en el número de la revista Nexos correspondiente a noviembre de 2013, en el que rápidamente desechó las explicaciones que ponen como factor principal la pobreza crónica de la población mexicana y la consabida debilidad institucional del Estado mexicano; i.e la corrupción de las corporaciones policiacas y la impunidad. Argumentó, además, que lo que pudo acelerar el proceso fue la estrategia desplegada por el gobierno federal bajo el nombre de “guerra contra el narco”. Seis puntos: el uso de la fuerza federal, que comenzó en Michoacán, el incremento de las agencias involucradas, i.e. el ejercito y la marina, el asesinato de los líderes principales de los carteles, los decomisos aéreos y marítimos, la política de extradición a Estados Unidos y la negligencia de los gobiernos estatales. Dadas las condiciones acontecen fenómenos amplificadores, como los canales de realimentación. El ejemplo de Hope consiste en lo siguiente: el incremento del número de crímenes disminuye la probabilidad de sanción, por lo que cometerlos es más prometedor para el delincuente. Debido a la complejidad de la situación cualquier afirmación al respecto puede ser desafiada. Tomemos un caso: el asesinato de los líderes de los carteles. Por un lado, están los que sostienen que esto incrementa la violencia (e.g. Eduardo Guerrero), es decir, actúa como elemento amplificador, por el otro hay los que argumentan lo contrario (e.g. Alejandro Poire), indicativo de la necesidad de más investigación. Para finales de 2011 la violencia disminuyó en 30% promedio quizá porque el gobierno federal cambió de metodología(incrementó el gasto en seguridad, decidió atacar la estructura de las organizaciones, no sólo los liderazgos, destruyó al grupo más violento) o porque disminuyó el precio de la cocaína. En juego está, desde el punto de vista epistemológico, la necesidad de introducir cada vez más elementos interrelacionados en las posibles explicaciones de la violencia, al menos en el debate público, para evitar la recaída en errores ya superados. Uno de ellos, muy común en estos días, es el que atribuye la incidencia criminal a la pobreza, la falta de empleo, o la ausencia de crecimiento económico, por lo que asume que un camino para disminuirla es incrementar y financiar los programas sociales. Hope lo dice así: “para propósitos de seguridad, buena parte del presupuesto invertido en programas sociales de corte general se desperdicia” en un documento que amerita ser leído por los hacedores de políticas públicas y los aspirantes a alquimistas (Alejandro Hope, Jaime López Aranda “La mentada estrategia” Senado de la República (2015)). Ahora bien, después del descenso de 2011 en 2017 hubo niveles de criminalidad nunca vistos, por lo que el fenómeno muestra signos de ciclicidad cuyas causas permanecen en la sombra, Alejandro Hope ( “Letras Libres” enero, 2018) no cree que en el corto plazo la situación mejore, y tampoco lo cree Eduardo Guerrero (Nexos, enero, 2017) quien escribió: Un escenario sombrío de normalización de la violencia, donde nos resignamos a que algunas regiones del país sean controladas por mafias y grupos de autodefensa, se perfila como uno de los más tristes legados de estos primeros 10 años de violencia criminal”. Si no se sabe cuál es el origen de esas olas de violencia ¿cómo combatirla? Ensayo y error es la recomendación típica, pero en este caso tal procedimiento cuesta vidas humanas y podría no ser efectivo porque una posibilidad es que los orígenes de la criminalidad tengan causas que siempre se renuevan. Ante ello las capacidades de investigación y desarrollo que tengan las agencias dedicadas a su control parecen indispensables, pero en nuestro país nada es seguro excepto que el ejercito y la marina seguirán en las calles, como tributo a Felipe Calderón. Queda la frase de Eduardo Guerrero, dedicada a Peña Nieto: “La práctica de anunciar grandes acciones sin hacer un esbozo de sus mecanismos de operación o un análisis previo de su viabilidad, ha sido un error recurrente del actual gobierno”.
Seguirán en las calles
