Alcalde de Ojocaliente ha tenido una “posición valiente” ante empresa de Slim: Fabiola Torres

Alcalde de Ojocaliente ha tenido una “posición valiente” ante empresa de Slim: Fabiola Torres
Fabiola Torres Rodríguez, secretaria general de Gobierno foto: andrés sánchez

Desde hace 10 años la empresa no ha pagado cuotas actualizadas del predial; adeuda 43 mdp

Enfatiza que los consorcios que llegan al estado a explotar sus minerales “deben tener muy claro que el beneficio debe ser para la región”

Considera que la Mina Real de Ángeles Unidad El Coronel “está generando ganancia y tiene la posibilidad de pagar”

 

La secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, dijo que Humberto Rincón García, presidente municipal de Ojocaliente ha hecho manifiesta “una posición valiente” ante la Unidad El Coronel de la Mina Real de Ángeles, filial de Frisco, propiedad de Carlos Slim, la que desde hace 10 años ha dejado de pagar las cuotas actualizadas del impuesto predial, y por tanto de enterar por este concepto al ayuntamiento de esa demarcación aproximadamente 43 millones de pesos, según ha informado el propio alcalde.

La funcionaria destacó el que Rincón García haya dejado ver “que durante muchos años –El Coronel- ha explotado -los yacimientos minerales en esa demarcación, y- ha generado riqueza para sí, “pero no ha pagado algo tan simple como el impuesto predial que todos los ciudadanos estamos obligados a pagar”.

En entrevista con La Jornada Zacatecas, donde también se trajo a colación el que la Unidad El Coronel fue una de las empresas extractivas que interpuso un amparo para evitar pagar el Impuesto Ecológico que la administración del gobernador Alejandro Tello propuso al inicio de su gestión (asunto que aún está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación), la funcionaria agregó que “si no quieren pagar el impuesto predial, muchos menos van a querer pagar un Impuesto Ecológico”.

Al respecto añadió que si bien es correcto cuidar las fuentes de empleo, también lo es el proteger y conservar el entorno ecológico y “que haya desarrollo regional”.
Así manifestó su convicción de que los consorcios que llegan al estado de Zacatecas a explotar sus minerales “deben tener muy claro que el beneficio debe ser para la región, (…) porque sí me parece injusto que una empresa llegue, explote los recursos y se vaya sin haber dejado un beneficio a la comunidad, al municipio o a la región”.

En este sentido y luego de precisar que es facultad del municipio como ente de gobierno autónomo con facultad administrativa de recaudar impuestos, uno de ellos el predial, consideró que es correcto el reclamo del alcalde y agregó que “no debió haberse permitido la omisión por tantos años de este pago (…) porque todos tenemos que pagar impuestos y más las empresas, también es una persona moral; está generando empleos, pero también está generando riqueza”.

Humberto Rincón García ha comentado que a pesar de que El Coronel ha dejado de pagar en los 10 años recientes aproximadamente 43 millones de pesos al municipio de Ojocaliente por concepto de impuesto predial, su administración sólo le está cobrando 18 millones 61 mil 641 pesos con 87 centavos, referente a lo que corresponde a su periodo de mandato.

Esta condonación de casi 25 millones de pesos, ha dicho el alcalde, fue propuesta a los abogados de la empresa para facilitarle que mostrara “voluntad de pago” y así se pusiera al corriente.

Cabe recordar que en el pasado trienio el panista Iván Husain Vitar Soto dijo que el haber heredado una deuda de su antecesor, Héctor Bernal Gallegos, le habría impedido cumplir con el pago de la nómina de los trabajadores del ayuntamiento, por lo que se verificaron varias tomas de las instalaciones, al igual que en la presente administración, también los pagos reclamados respecto de prestaciones y derechos laborales, han generado movilizaciones de los trabajadores de la presidencia municipal de esa demarcación.

Sobre ello, Fabiola Rodríguez Torres reiteró que la Mina Real de Ángeles Unidad El Coronel “está generando ganancia y tiene la posibilidad de pagar”.

Cabe mencionar con información del propio informe anual publicado por Minera Frisco, recuperada por Raquel Ollaquindia en su nota aparecida en este diario el pasado 27 de agosto, que el consorcio de Slim tuvo en 2017 “ingresos cercanos a los 15 mil millones de pesos”, por lo que el adeudo del impuesto predial que le cobra el ayuntamiento de Ojocaliente representa apenas el 0.1% de los mismos.

Además informa que en su unidad El Coronel se producen “barras doré con contenidos vendibles de oro y plata”, un producto que en general le aporta a la empresa el 60 por ciento de sus ingresos totales.

La secretaria general de Gobierno observó que todos los municipios del estado en este momento “están batallando con su situación financiera” porque las administraciones pasadas les heredaron el compromiso de pagar laudos derivados de asuntos laborales en que los trabajadores no fueron liquidados correctamente.

En este sentido, los recursos que reclama el municipio de Ojocaliente a la Mina Real de Ángeles filial de Frisco, servirían para cubrir estos compromisos, “sí todos cumpliéramos”, agregó respecto del pago de impuestos, para luego señalar que si se le exige este cumplimiento al ciudadano común, por lo tanto la empresa “que se está llevando riqueza y tiene ganancias también debiera de cumplir”.

No obstante, la reacción de la Mina Real de Ángeles Unidad El Coronel al reclamo de pago por parte del alcalde de Ojocaliente fue interponer un recurso de nulidad contra el avalúo del predial (realizado por la Dirección de Catastro y Registro Público de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del estado en 2017), y tras que el Tribunal de Justicia Administrativa emitió su sentencia a favor del ayuntamiento el 13 de abril de 2018, recurrió al amparo para combatirla, ahora enderezando el recurso contra la Ley de Ingresos del municipio y la Legislatura del estado de Zacatecas por su promulgación (resolución que está pendiente de resolverse).

A la par demandó de manera personal a Humberto Rincón García por los delitos de concusión, cohecho y abuso de autoridad.

Al respecto de esto último, la funcionaria comentó, “yo celebro que el presidente municipal de Ojocaliente haga este cobro a la empresa, y la empresa tiene derecho a defenderse también, pero vamos a esperar a ver cómo se resuelve esta queja en la vía judicial”.

Observó sin embargo respecto a la demanda que de manera personal ha interpuesto Mina Real de Ángeles Unidad El Coronel contra Humberto Rincón García (quien dejará el cargo el próximo 13 de septiembre probablemente todavía enfrentado legalmente contra la filial de Frisco), que el pleito legal es de carácter institucional.

“No puede manejarse como un pleito personal, porque son las facultades que tiene como presidente municipal y está en sus atribuciones también como órgano de gobierno cobrar el predial”.

Opinó que aunque se haya interpuesto una demanda contra el actual alcalde como persona física, el asunto es institucional y debe tener continuidad con su sucesor.
Finalmente y sobre los señalamientos que Humberto Rincón ha hecho de que los recursos que pretende cobrar a la minera serian dirigidos a subsanar problemáticas tanto de salud como de contaminación del agua generadas por tóxicos que la propia empresa arroja al ambiente, y que ya afectan a poblaciones como San Juan de Carboneras y Sauceda de Mulatos, entre otras, Fabiola Torres Rodríguez consideró que debe hacerse un trabajo de investigación al respecto, “serio y muy exhaustivo”, que tanto Profepa como Semarnat deben documentar, y actuar en consecuencia según sus atribuciones.

“Si de veras hay un daño que esté afectando a la población en su salud debe primero detenerse ese impacto” y buscar por la vía legal una reparación del daño para las personas mediante una indemnización.

Por ello reiteró la importancia de documentar tanto el caso de la contaminación en mantos acuíferos como de daño a la salud de los habitantes de Ojocaliente.
“Hay que demostrarlo también, tenemos que hacer las investigaciones (…) Yo creo que es importante que todas las autoridades en materia ecológica estén actuando, estén dando los dictámenes, y si hay algo que reclamar también que se proceda de manera legal con una demanda o buscar la manera de que no se contamine ni se ponga en riesgo la salud de los pobladores”.

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