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Tres Errores de Diseño de la Política de Seguridad

Tres Errores de Diseño de la Política de Seguridad

¿Por qué en los informes de gobierno exhiben resultados de mejora de las policías en términos de depuración por medio de los exámenes de confianza, o compra de equipo e infraestructura o procesos de profesionalización de los elementos policiales; y sin embargo, los indicadores objetivos y subjetivos de inseguridad siguen creciendo? La respuesta, sin más vueltas, es clara: porque el diseño de la política de seguridad está mal. Veamos.
Cuando el Sistema Nacional de Seguridad, a través de sus órganos ejecutivos y de planeación, elaboran el plan de seguridad, hacen su definición y árbol de problemas. Y en ese instrumento ponen como problema “El Debilitamiento de las Instituciones de Seguridad Pública”, y como el objetivo es la contra-cara del problema, el objetivo es “Fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública”. Como efecto de fortalecer a las instituciones de seguridad pública, se espera que se reduzca la incidencia delictiva. Y los componentes que harán posible el objetivo, (y en el árbol de problemas constituyen la causa del problema) serán tres grandes cosas: mejorar el equipamiento e infraestructura, incrementar la profesionalización de los elementos policiales (lo cual significa capacitación y mejoramiento de condiciones laborales), y homogeneizar los protocolos de actuación. Y pues, observamos que los reportes de avances en los componentes están entre 80 y 100% de logro de las metas propuestas, y sin embargo, las cifras de incidencia siguen empeorando. ¿En dónde está el error?
Pues hay tres errores importantes. El primero es la definición del problema: no es un problema intra-gubernamental (debilitamiento de instituciones…), sino que se trata de un problema social: los factores que producen las conductas delictivas. El problema es la ocurrencia delictiva anómala. Y eso es un problema social, no burocrático-institucional. El segundo error, es que una vez definido el problema como ‘debilidad institucional’, se buscan las causas de esa debilidad, y pues ahí se introduce la visión gerencial y se llega a los medios de fortaleza institucional en un procedimiento evaluación-certificación-profesionalización de los elementos policiales. De la misma manera que para ‘fortalecer la planta docente’ en la reforma educativa se optó por la evaluación-certificación-profesionalización docente. Y los que sean ‘aptos’ se quedan a trabajar y los que sean considerados no-aptos se despiden. Es la misma visión gerencial en el ámbito de la seguridad y de la educación respectivamente. Nunca se les ocurre, por ejemplo, que las capacidades relacionales son una manera de fortalecer a las instituciones de seguridad. El segundo error es limitarse en las visiones gerenciales para pasar del objetivo a los componentes. Un tercer error, es la omisión que esta visión provoca: si se hubiera puesto al fortalecimiento de las instituciones policiales no como problema o propósito, sino como componente (como lo que es), entonces, las causas del mismo no aparecen factores intra-gubernamentales, sino sociales, y por ello, los componentes de los programas serian la atención de los factores reales que están provocando las conductas delictivas.
En suma, lo que ponen como propósito, es sólo un componente. Y los medios de enfrentamiento del problema van mucho más allá de la visión gerencial. Curiosamente, los factores que provocan las conductas delictivas son arrojadas a programas marginales de prevención del delito, que no tienen mayor relevancia presupuestal. En los municipios metropolitanos del presupuesto dedicado a seguridad, se destina menos del 2% a proyectos de prevención del delito. Y como son proyectos financiera y operativamente marginados, sus procesos son descuidados e inefectivos.
Si queremos que las acciones de los gobiernos muevan los indicadores de incidencia delictiva, debemos poner componentes que sean causas reales de las conductas delictivas. Además de hacer una crítica rigurosa al propio sistema penal, en el cual, puede ser que la propia imposición del tipo penal está creando un problema mayor del que dice querer inhibir (como el caso de punibilidad de drogas). En otras palabras, para reconstruir el esquema lógico de la política de seguridad, debemos emprender dos actividades analíticas rigurosas: localizar las causas efectivas de las conductas delictivas y la crítica del propio sistema penal, en aquello que pervierte. Y sobre este ejercicio, se puede re-definir el problema, reconstruir el árbol de problemas y con ello, restaurar la Matriz de Indicadores sobre la que basan toda su estructura programática. Esto es: otra política. No centrada en medidas intra-gubernamentales, sino centrada en las personas y territorios donde vive el problema. Dicho de otra manera, el problema de seguridad implica atenderlo con visiones post-burocráticas.
La visión errónea con la que se ha planeado la política de seguridad, ha sido muy cara en términos financieros, desde el sexenio de Calderón los presupuestos de seguridad se incrementaron 500 por ciento; y caro en términos humanitarios. Hemos comentado la parte del diseño, pero igual se puede analizar la dimensión de la implementación de dicha visión. Todo ha sido un gigantesco error. La pregunta que salta es, ¿el nuevo gobierno la va a cambiar o sólo la va a suavizar? Lo veremos muy pronto. ■

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