Recientemente el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), realizó la “Encuesta 2018: una visión desde las unidades de transparencia”. El análisis de los resultados de dicha medición nos permite anotar en estas líneas los logros que se han tenido en la materia desde que hace más de catorce años se promulgara la primera ley de transparencia en Zacatecas, pero también los retos que aún están pendientes, muchos de ellos agregados a las recientes reformas en las materias relacionadas (protección de datos personales, anticorrupción y fiscalización).
La encuesta fue realizada a Unidades de Transparencia, por lo que su perspectiva es desde el interior de la administración pública, pero justo a través de los operadores de este derecho en el ámbito estatal, en referencia a las conductas tanto de servidores públicos, como de ciudadanos. Así pues este instrumento estadístico permite conocer la positiva evaluación que estas áreas hacen (hacemos) de los resultados de la normatividad y los procedimientos, en el objetivo de volver más transparente al Estado. No podría ser de otra manera. Quiénes tuvimos la oportunidad de vivir el proceso de transformación en esta materia, dada a partir de la reforma constitucional promulgada en mayo de 2015, y los subsecuentes lineamientos que permitieron su operación, no nos puede caber duda de que con la homologación de las obligaciones, procesos, plazos, derechos e instituciones, la transparencia llegó no solo para quedarse, sino para ampliarse conforme a un impulso histórico a favor del derecho de acceso a la información, en todas sus modalidades.
En esta labor hay que reconocer una positiva disposición de todos los integrantes del Estado mexicano para consolidar este derecho humano, tanto en la normatividad, como en los hechos. La propia encuesta nos revele que aún queda mucho por hacer en torno a la cultura de la transparencia hacia el interior de la administración pública, pero también en torno a la ciudadanía, pues en cuanto al primer grupo, podemos ver como las propias unidades de transparencia suponen que para otras áreas de la administración, su labor es vista como un fastidio (51.72%), mientras que la ciudadanía sigue atendiendo mayormente al interés de conocer sobre salarios y compensaciones (es 53.79% muy común), y muy poco a licitaciones (es solo 16.55% muy común) o los padrones de beneficiarios y endeudamientos (es 16.5 y 14.48% muy común este tipo de solicitudes). Por supuesto que esto podría explicarse por la indignación social que existe en referencia a la desigualdad en materia salarial entre los mexicanos, pero no es un punto en el que se cometan los abusos más dañinos y reprobables en materia de corrupción.
Entre los aspectos que hay que mejorar también se encuentra la consolidación del servicio profesional de carrera para quiénes son los operadores de dicho derecho, pues según la propia encuesta un 70% de los integrantes de las unidades de transparencia en el estado no tienen más de dos años en el cargo. Esto no solo demuestra que no se está atendiendo a lo previsto por la ley en referencia a nombrar titulares de estas unidades a personal con “experiencia en la materia” (per se, ambigua dicha obligación), sino que además, la inestabilidad laboral de dichas áreas, no permite margen de maniobra, ni independencia o cierto grado de autonomía, para la toma de decisiones o posturas, para contribuir a garantizar el derecho humano de acceso a la información y además, la poca continuidad en buenas prácticas y la pérdida de la inversión en la formación profesional de dichos servidores públicos. En este sentido no solo hay que avanzar en torno a recomendaciones, sino también jurídicamente: habrá que analizar la pertinencia de una reforma que haga de estos puestos (la jefatura de las Unidades de Transparencia), sujetos a una convocatoria por competencia de habilidades y nombramientos por tiempo determinado independientes a la duración de los titulares de las dependencias y con posibilidad de permanencia, de otra manera, la experiencia y las habilidades obtenidas, serán constantemente desechadas.
También hay que decir que un ingrediente faltante más es el de articular este derecho, con el de otros derechos fundamentales y el combate a la corrupción. La encuesta demuestra que un 40% de los participantes suponen que la corrupción no disminuye con la normatividad actual en materia de transparencia, que la mayoría de la población sigue sin conocer y ejercer este derecho a saber y un muy bajo porcentaje cree que la publicación de la información es una herramienta para evitar abusos de poder.
Queda mucho trabajo por hacer, sin embargo, hemos comenzado bien. Enhorabuena por este ejercicio al IZAI, y particularmente a su Centro de Investigaciones, dirigido por el reconocido Doctor Sergio Contreras Padilla.
@CarlosETorres_
