El debate sobre la fiscalía anticorrupción: autonomía o lealtad

El tema central de la elección pasada fue la corrupción. Por ello López Obrador es presidente, porque la población cree que el gobierno que él encabeza eliminará este mal. Por ello, es muy importante observar los pasos que se den en torno a este tema en la administración que inicia en diciembre. El PRI perdió porque se le vincula con la enorme corrupción de este país y fue claro que no hubo nunca el mínimo compromiso para disminuirla, desde el 2015 a la fecha no avanzó la implementación del sistema nacional anticorrupción. Tres años bloqueando su funcionamiento.
Se gastan enormes cantidades de dinero público en una burocracia de segundo piso, con la idea de que esta última evitaría que la burocracia de primer piso no desvíe los recursos que maneja. Pero eso no ha ocurrido. La Auditoria Superior, la Función Pública, el Instituto de Acceso a la Información, ahora la Fiscalía Especializada y un tribunal también especializado (en Justicia Administrativa), constituyen una enorme burocracia que es muy cara. En el caso del Consejo Ciudadano no está claro si estarán bajo nómina del Estado. Estos organismos que ahora deberán actuar juntos bajo la idea de ‘sistema’, son los encargados de que no exista corrupción en México. La pregunta es, ¿con el nuevo gobierno sí funcionarán? La expectativa de que sí lo hagan es muy alta. Sin embargo, desde mi punto de vista, se deberá actuar en dos bandas: acciones que prevengan la corrupción y la del óptimo funcionamiento del sistema.
La prevención se puede pensar a partir de la idea que la corrupción es producto de dos motivos básicos: la política como medio o vehículo para hacer dinero y la concentración de poder que lo hace arbitrario. La propuesta de tener un gobierno austero ayuda a no atraer personas que tienen como objetivo enriquecerse, y disminuir a la mitad los recursos a los partidos políticos puede contribuir a transitar a diseños electorales que no estén fundados en el dinero, sino en identidades ideológicas. Ojalá y esas medidas caminen en ese sentido. La concentración de poder con manejo arbitrario se disminuye generando gobierno abierto. Pero la sociedad civil organizada en México es demasiado pequeña,aun así, puede muy bien esa sociedad civil ligada a universidades convertirse en contrapeso al poder en el Estado. Justo en este punto es donde se ubica el debate en torno al nuevo Fiscal Especial Anticorrupción.
La coordinación que se denomina “por una fiscalía que sirva”, que aglutina unas 300 organizaciones, ha presionado por modificar el artículo 102 de la constitución para lograr un procedimiento que garantice un fiscal especial autónomo, que no tenga ningún tipo de compromiso con el jefe del ejecutivo, porque es justo a quien tiene que observar. Por principio, ningún gobernante debería nombrar al funcionario que lo vigilará, porque de entrada estaría viciada su función. Como el caso de Peña cuando nombró a Virgilio. En el caso de AMLO hay algunas particularidades: tiene credibilidad pública de honesto, es decir, la gente cree que tiene interés genuino en acabar con la corrupción; así las cosas, aparece la hipótesis de que nombraría a una persona que efectivamente vigilaría o investigaría con autenticidad. Sin embargo, cuando pensamos en mecanismos institucionales no podemos depender de hipótesis que se funden en el carácter personal del gobernante. Si es honesto, entonces no debe haber problema que se tenga un fiscal autónomo. Empero, los actores del gobierno argumentan una razón política para rechazar el mecanismo que le quite a López Obrador la posibilidad de nombrar al fiscal anticorrupción, que es un argumento que denominamos “el Lulazo”. Este argumento dice que las organizaciones civiles aglutinadas en “una fiscalía que sirva”, que promueven el procedimiento que excluye a amlo del nombramiento, son financiadas por los poderes económicos que, eventualmente, quisieran tener un fiscal que les ayude a atacar a amlo si este afecta sus intereses. Tipo Lula.
Me parece un argumento peregrino. Diré por qué. En el procedimiento actual, se contempla un ciclo de designación donde el senado, de inicio, nombra 10 candidatos a ocupar ese puesto, de esos 10, el presidente palomea 3, y los regresa al senado para que defina a uno de esa terna. Lo que piden las OSC mencionadas, es que el senado acepte una serie de criterios para integrar la lista de los primeros 10. En el procedimiento actual, el presidente no puede iniciar el ciclo de designación proponiendo una terna, por ello no sabemos cómo piensan hacer esa terna de inicio sin modificar el 102. Eso por un lado, y por otro, afirmar que esa una organización que planea una intriga para arrinconar a amlo, es un delirio. En esa organización está Lydia Cacho y organizaciones como México Evalúa, y un sinfín de organizaciones y personas de alta calidad académica como Alberto Olvera y así. Por cuatro nombres dudosos que aparecen en la larga lista de firmantes no se puede sostener que es un complot. Es como decir, que el gobierno de amlo es un gobierno de mafiosos por 3 nombres dudosos que ahí se encuentran. Lo cual, evidentemente es falso. Me parece un mal argumento para desacreditar la propuesta de las OSC’s. Pero me parece muy importante que este caso se resuelva positivamente porque es una pieza clave de todo el sistema anticorrupción. No dudo que pueda proponer a una persona confiable, como lo hizo con una parte importante de su gabinete. Pero quitar de dudas al fiscal al quitarle relaciones de lealtad con el presidente, es algo esencial para que funcione correctamente. Si en algún momento amlo ve riesgo político encarcelar a un actor que haya incurrido en corrupción, puede maniobrar para que la acción de la justicia se desvíe, para evitar ese riesgo político. Siempre hay posibilidades de que eso suceda. Por eso es importante que el fiscal no tenga relaciones de lealtad personal con el presidente, sea quien sea este último. ■