Uno de los objetivos, regular los salarios y percepciones de los servidores públicos: Ramírez
“Nadie ganará más que el Presidente, las percepciones se medirán en efectivo y en especie y ningún funcionario podrá tener una remuneración mayor a la de su superior jerárquico”
Otro punto relevante, la compactación de la administración pública federal para centralizar gran parte de los fondos presupuestales que ahora se manejan de manera dispersa y sin control
Elaborar el reglamento del artículo 127 constitucional que regula los salarios y percepciones de los servidores públicos, modificar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, crear la Secretaría de Seguridad Pública, trabajar en la reestructuración de la administración pública federal y aprobar el presupuesto de 2019.
Éstas serán las prioridades que tendrán los nuevos legisladores federales que inicien sus funciones a partir del mes de septiembre, de forma que se concreten antes de que termine el presente año, aseguró el diputado federal electo por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar.
Los objetivos de dar salida a estos temas rectores de la agenda legislativa antes de que termine 2018, precisó, será el de mostrar, primero, que se están cumpliendo desde el principio los compromisos de campaña; y en segundo término, el de hacer patente la decisión que se tiene de lograr que el país tenga finanzas sanas.
Por último, dijo que la tercera finalidad de avanzar en estas materias será la de dejar asentado que el próximo Gobierno Federal será “promotor del desarrollo, un Estado con mayor capacidad de regulación pero, al mismo tiempo, decidido a promover el crecimiento”.
Acabar con privilegios y opacidad
En cuanto a los salarios de los servidores públicos, recordó que desde hace nueve años se aplicó una reforma constitucional en este sentido, pero el PRI y el PAN “prácticamente anularon” porque no se reglamentó.
Por ello, el primer punto será elaborar el reglamento de esta norma constitucional partiendo de tres criterios: nadie ganará más que el Presidente de la República, las percepciones se medirán en efectivo y en especie y ningún funcionario podrá tener una remuneración mayor a la de su superior jerárquico. Si alguno de estos preceptos se incumple, dijo, habrá sanciones.
La cantidad de recursos que “se va a liberar” con estas medidas rondará los 38 mil millones de pesos y apuntó que las conversaciones para que todos los poderes del Estados y los órganos autónomos se sumen a estas acciones están avanzando.
“Vamos por un buen camino para que a partir del primero enero 2019 haya servidores públicos que vivan en la medianía, que no abusen de su cargo, se acabe el derroche y los privilegios y que se sepa que el próximo gobierno cumple con su primer compromiso de tener una política de austeridad”.
En cuanto a la reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, Ramírez Cuéllar sostuvo que buscará acabar con el hecho de que ahora, este poder, se ha constituido como “una caja negra, se ha institucionalizado la opacidad, la corrupción y la ciudadanía está totalmente alejada del proceso legislativo”.
Mediante las modificaciones que tendrán que aprobarse, se logrará un verdadero parlamento abierto, en el que la sociedad ejerza de contrapeso real y vigilante de las acciones legislativas, además de que se taparán “las cañerías donde circulaba una gran cantidad de dinero ilegal que manejaban grupos parlamentarios, pero que enriquecían a diputados y senadores”.
El diputado federal precisó que la experiencia de Zacatecas, donde se eliminaron privilegios como las herramientas legislativas y prácticas de opacidad como las sesiones privadas, “puede ser muy importante para la nueva organización del Congreso federal”.
Informó que ya presentó un proyecto de austeridad en este poder que podría reducir el costo de la Cámara de Diputados en 2 mil millones de pesos y que garantizaría “mayor calidad en el trabajo legislativo y mayor transparencia”.
Otro de los trabajos que tendrán en cuanto ocupen sus curules será el de crear la Secretaría de Seguridad Pública federal, iniciativa que inclusive podría estar presentando el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La urgencia de este cambio, apuntó, radica en que una de las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la pacificación del país.
Presupuesto eficiente
La compactación de la administración pública federal para centralizar gran parte de los fondos presupuestales que ahora se manejan de manera dispersa y sin control será el cuarto punto relevante en los primeros cuatro meses de la próxima Legislatura federal y el cual está estrechamente vinculado a la conformación del presupuesto para el próximo año.
Los cuatro criterios que se tendrán para la elaboración y aprobación del paquete económico, dijo Ramírez Cuéllar, serán, en primer lugar, la recentralización de “casi todo” el ramo 23 “que es un ramo donde los gobiernos estatales y presidentes municipales hacen y deshacen; hacen un gasto discrecional”.
El segundo elemento será el de revisar los fideicomisos, cómo y para qué se conformaron y en qué están siendo utilizados, pues sostuvo que son aproximadamente 800 mil millones de pesos los que se manejan a través de estos mecanismos que “se han usado para tener guardaditos”.
La centralización de los programas sociales de los tres niveles de gobierno para hacer eficiente el uso de estos recursos será el tercer punto y, por último, mencionó el concentrar los proyectos productivos para detonar el crecimiento en el país.
Antes de iniciar con la puesta en marcha de la agenda legislativa deberán ser designados los coordinadores de los grupos parlamentarios y, en el caso de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar es uno de los aspirantes a ocupar este puesto.
Expuso que la experiencia que tiene como legislador y el calificarse como “de los pocos que puedo tener una relación armónica con el resto de grupos parlamentarios” provocan que tenga “muchas posibilidades de contar con la confianza de la mayoría”.
Concluyó que “puedo hacer la labor para ser contundente en los cambios, radical en la aplicación de nuevas disposiciones de austeridad y de lucha contra la corrupción. No va a haber gradualismo ni largas etapas”.
