Aumento de tarifas al transporte público sin consulta

Ante el reciente anuncio de Gobierno del Estado sobre el aumento en la tarifa del transporte público de pasajeros colectivo concesionado, la reacción inmediata, que surge automáticamente entre los usuarios, es la exigencia a las autoridades para que este incremento garantice una mejora en la calidad del servicio, operación e infraestructura, y no solamente sea una respuesta al aumento en los costos de la gasolina, pues de ser así sólo se convertirá en una medida paliativa temporal para resolver los problemas del transporte público en la zona metropolitana.
El aumento en la tarifa del servicio debiera propiciar la solidez financiera para restructurar de manera inmediata este servicio público tan necesario, para garantizar de forma acelerada la profesionalización y calidad del servicio que tanto exige el usuario. Ante el crecimiento de los precios de la canasta básica por encima de la inflación, es necesario que se acelere la decisión de incrementar el salario mínimo y, al mismo tiempo, iniciar el debate de la propuesta de subsidiar las tarifas de transporte público mediante mecanismos que transfieran su costo a los usuarios del automóvil privado, quienes deberían pagar las externalidades que genera el uso de su vehículo: la contaminación y la elevada inversión para la infraestructura del auto. De acuerdo con diversas encuestas realizadas recientemente dos tercios de los usuarios indican que los viejos autobuses son degradantes para los usuarios, que los tiempos de traslado son excesivos y siguen aumentando y que si pudieran utilizarían su propio automóvil, sin embargo, es fácil concluir que esa es una falsa solución que trae como consecuencia la saturación y el colapso vial en demérito de la calidad de vida y del derecho a la ciudad de sus habitantes.
Ante los hechos consumados, la autoridad debe de hacer valer de inmediato los compromisos asumidos por parte del sector transporte para brindar un servicio profesionalizado, tanto en el modelo hombre-camión o con una denominación mercantil (empresas) y optar por ofrecer soluciones de movilidad, eliminando la sobreposición de rutas y sobre oferta de unidades. Es fundamental pensar integralmente el problema de la movilidad, rediscutiendo los diversos proyectos de metrobús y poniendo sobre la mesa, como prueba piloto, la apertura de un carril confinado para ciclistas desde la Unidad académica de Odontología en Guadalupe, hasta la plaza bicentenario de Zacatecas.
Una vez más se ha puesto de manifiesto la ausencia de una organización que represente a los usuarios del transporte público colectivo. Las autoridades no asumen que la toma de decisiones como la que hoy comentamos, sin que medie consulta alguna a los afectados, sólo les resta legitimidad y fortalece la percepción de que ninguna autoridad se esfuerza en representar los intereses generales, de manera que disminuye su credibilidad y agudiza la crisis de representación que padecemos como nación.