Ciudad de México. En un memorándum entregado ayer al presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la organización Amnistía Internacional (AI) presentó observaciones y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en México, además de una serie de recomendaciones para contribuir en los planes y acciones del nuevo gobierno en esta materia.
“El cambio que México necesita requiere que el presidente electo y su equipo coloquen la agenda de derechos humanos como prioridad en las decisiones gubernamentales y revisen aquellas políticas públicas y leyes que hoy representan una amenaza para los derechos de todas las personas”, destacó AI.
La organización puntualizó que a pesar de algunos avances legislativos e institucionales puntuales en los últimos años, “subsisten serios obstáculos en relación con cuestiones como el acceso a la justicia, las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas y la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.
De igual manera, sigue habiendo una situación muy preocupante en lo que se refiere a la violencia de género contra mujeres, niñas y personas LGBTI, los abusos sufridos por personas migrantes y refugiadas, la fallida estrategia de seguridad pública, y el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, entre otras.
Amnistía Internacional consideró que la administración de AMLO podría impulsar cambios sustanciales en el país si garantiza que los avances –sobre todo legislativos– registrados en años recientes se volvieren una realidad palpable para todas las personas. “Sería ello una contribución histórica de las nuevas autoridades para mejorar la vida de millones de personas”, indicó.
Algunas de las recomendaciones de AI son reorientar la política de control de drogas en México de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública a uno basado en la protección de los derechos humanos de las personas, y presentar al Congreso una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior.
También llamó a AMLO a fortalecer las capacidades técnicas de los cuerpos de policía de todo el país, investigar a cualquier funcionario sospechoso de estar implicado en graves violaciones a los derechos humanos, hasta que se realice una investigación imparcial e independiente, y crear un mecanismo internacional contra la impunidad para investigar de forma independiente delitos de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en México.
