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Russia Today publica un reportaje sobre la problemática que se vive en Salaverna

Russia Today publica un reportaje sobre la problemática que se vive en Salaverna
El pueblo de Salaverna fotos: la jornada zacatecas

Secretaría General de Gobierno del estado falsificó documentos oficiales

Delito quedó documentado por la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas

 

El nombre de Salaverna se ha constituido ya como un sinónimo de lucha de los pueblos frente a la depredación del capital minero. Su historia de resistencia al desalojo que quiere perpetrar Grupo Frisco, propiedad del multimillonario Carlos Slim, ha sido ampliamente abordada por La Jornada Zacatecas y medios nacionales, pero ahora da un paso más.

La agencia internacional de noticias Russia Today, conocida como RT, acaba de publicar un reportaje extenso sobre la problemática que se vive en esta comunidad, enclavada en el municipio zacatecano de Mazapil, como la primera parte de un trabajo periodístico sobre los conflictos generados por la minería en México.

La voz de Roberto de la Rosa es la que da vida al texto y conduce al reportero desde los inicios y el estado actual de la disputa por los terrenos de Salaverna hasta el intento de desalojo orquestado por el gobierno estatal de Alejandro Tello Cristerna, ocurrido hace apenas año y medio.

“La historia que relata Don Roberto es la historia de un pueblo que lucha contra la extinción”, asegura Manuel Hernández Borbolla en su reportaje.
Uno de los pasajes del texto recuerda la que se califica como “trampa” que el gobierno del estado operó el 23 de diciembre de 2016, en plenas vacaciones decembrinas.

Se narra que las autoridades estatales citaron a los pobladores de Salaverna a una reunión en la capital del estado la cual, destaca el periodista, se encuentra a 285 kilómetros de la comunidad.

Aunque la finalidad acordada para el encuentro era la de buscar soluciones al conflicto que mantienen con la empresa minera, en el mismo momento en el que un grupo de habitantes de Salaverna llegaba a la capital recibieron el aviso de sus vecinos de que maquinaria pesada estaba entrando al pueblo para demoler sus viviendas.

Las protestas por este hecho se realizaron en la capital del estado, con bloqueos de las calles principales, para demandar el cese de la demolición de la comunidad que, por la tarde noche del 23 de diciembre, ya había afectado a la iglesia, a la escuela y las viviendas de Leticia Mendoza Cárdenas y su madre.

La Jornada Zacatecas se trasladó a Salaverna para documentar el despojo. El acceso a la comunidad, cerrado por elementos policiacos, no se abrió para la reportera de este periódico. Solamente pudieron pasar el reportero gráfico de este medio, representantes legales de algunos afectados y personal de derechos humanos.

Ellos fueron las únicas personas, ajenas a funcionarios y pobladores, que pudieron entrar al pueblo cercado por la policía y ser testigos de lo acontecido, pues fue hasta las 8 de la noche cuando se permitió el paso libre, una vez que habían cesado los trabajos de demolición.

El desalojo irregular que se llevó a cabo, pues las autoridades no contaban con una orden judicial sino sólo con una notificación de Protección Civil, motivó que la Secretaría General de Gobierno del estado falsificara documentos oficiales para deslindarse de su responsabilidad como cabeza del operativo del 23 de diciembre de 2016.

Este delito fue evidenciado y quedó documentado en la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHEZ) y, en concreto, tuvo que ver con la alteración del parte policial de los elementos estatales que acudieron a Salaverna el día de los hechos.

En un reportaje publicado en La Jornada Zacatecas el 3 de agosto de 2017, tras la conclusión de las recomendaciones por parte de la CDHEZ, se muestran los documentos originales y falsificados, así como la declaración del comandante que encabezaba a los policías en el operativo de desalojo, en las que advierte que Raquel Ortiz, coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobierno, le obligó a entregar un parte alterado.

En el trabajo periodístico de RT se precisa que buscaron tanto a la empresa minera Frisco como al gobierno del estado pero ninguno respondió para dar su versión del conflicto.

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