Con San Juana, la Alerta Amber se emitió hasta 10 horas después
Ante desapariciones, no hay política de prevención, advierte
“Evidentemente falló la Fiscalía –General de Justicia del Estado- en la activación” de los mecanismos de búsqueda Alerta Amber y Protocolo Alba para localizar a Litzi Sarahí, “y también hay que decirlo, en el caso de San Juana –asesinada el pasado 20 de julio- la Alerta Amber se emitió hasta 10 horas después de que la niña estaba desaparecida”, dijo Mara Muñoz Galván, integrante del colectivo feminista 8M.
Sostuvo que el Estado está actuando de manera reactiva ante los casos de desaparición de mujeres y niñas y su feminicidio en la entidad, “sin una política que ayude a prevenirlos”.
“No basta con que la autoridad diga que no quiere que vuelvan a suceder, tiene que sentarse con la ciudadanía a hacer la consulta de qué es lo que está sucediendo en Zacatecas”, dijo.
Mara Muñoz Galván fue contactada por una prima de Litzi Sarahí el lunes al medio día para solicitar su intervención a fin de localizar a la joven madre de 16 años y su bebé de tres meses, pero la persona no tenía la información suficiente por lo que luego de solicitarle el contacto con un familiar más cercano que la proporcionara, fue que alrededor de las ocho de la noche se comunicó con ella un tío de la menor de edad, tras lo cual las integrantes del colectivo 8M al que se integra la activista se pusieron de acuerdo para publicar en sus perfiles de Facebook los datos y fotografías con un texto común que se hizo viral aun cuando ya antes circulaba en redes sociales información al respecto con poca difusión, relató.
“Pero desafortunadamente –hubo- un silencio sepulcral por parte de las autoridades, si no es porque los familiares de Sarahí me buscan para solicitar apoyo, pues no se habría dado por enterada la sociedad de la gravedad del asunto”.
Esa misma noche Muñoz Galván se comunicó con la fiscal en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, Fátima Encina Arroyo, quien le habría dicho que tenía desconocimiento del asunto y que en ese caso de no localización, “no había razón por la que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos tuviera que informarle a ella”.
“Yo me pregunto entonces para qué queremos una Fiscalía en Delitos de Género, ¿para qué nos sirve entonces? Es la primera que debería tener conocimiento cuando desaparece una niña o una mujer para asegurarse que se trate el asunto con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de las niñas y mujeres desaparecidas”.
Alrededor de las 9:30 de la noche llamó a la fiscal especializada en Derechos Humanos, Berenice Vázquez quien le dijo “de viva voz”, según refirió, “que Sarahí se estaba comunicando con la familia ayer en la noche –lunes- y por eso no se habían activado las alertas; que ellos tenían otras líneas de investigación diferentes a que hubiera sido una desaparición, diferentes de esa naturaleza, como dándome a entender que se había ido con otra persona o que estaba viva en otro lugar”.
La versión de Berenice Vázquez dijo Mara Muñoz, fue negada rotundamente por la familia y para el momento ya era materialmente imposible, pues el lunes por la tarde ya se había localizado el cuerpo sin vida de la joven en el municipio de Genaro Codina.
La fiscal especializada en Derechos Humanos, dijo, es la responsable de activar la Alerta Amber y el Protocolo Alba.
Estos son mecanismos de búsqueda, el primero dirigido a casos de menores de edad, y el segundo para niñas y mujeres y que debe iniciarse de manera inmediata a la denuncia de no localización de las personas, que según las autoridades en este caso fue interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia del Estado en la madrugada del domingo 29 de julio.
“Entonces han sido una serie de contradicciones. Eso fue lo que dijeron ayer –lunes- por la noche y la Fiscal me invitó a que si quería información fuera en compañía de la madre de Sarahí, lo cual ya no fue posible, pensábamos ir hoy –martes- en la mañana pero desafortunadamente la llamaron para reconocer el cuerpo sin vida de su hija”.
“Entonces la Fiscalía no hizo su parte, no cumplió con su trabajo, no cumplió con su obligación”.
El actuar de la Fiscalía General de Justicia del Estado fue inaceptable, reiteró, pues cuando un familiar reporta a una persona desaparecida se deben activar inmediatamente los mecanismos de búsqueda “porque las primeras 24 horas son cruciales para encontrar con vida a la persona. No ha sido así, no ha sido de esta manera, lo cual incumple totalmente con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Al respecto subrayó que estos estándares especifican que en cuanto la autoridad tenga conocimiento de la no localización de una persona por parte de la familia, porque nota un comportamiento irregular en su rutina o extraño, y no logra comunicarse con ella, “tiene que activar los protocolos”.
Recordó que el Protocolo Alba nació a raíz de las desapariciones y feminicidios de mujeres integrados al expediente del Campo Algodonero, “en donde fue tan clara la omisión del Estado –mexicano- para comenzar la búsqueda”.
Los mecanismos de localización previstos deben iniciarse “independientemente de que haya la presunción de que –la persona- se fue con el novio, que anda en el baile, lo que sea; la autoridad tiene la obligación de activarlos”.
Cabe reiterar que la no localización de Litzi Sarahí fue notificada a las autoridades en la madrugada del domingo 29 de julio.
El parte oficial de la FGJE señala que “la menor fue vista por última vez con su bebé de tres meses de edad, el cual fue localizado en buenas condiciones de salud en el vecino estado de Aguascalientes”, sin especificar el día y la hora, para luego señalar la localización de su cuerpo en el camino a la comunidad de Santa Inés del municipio Genaro Codina, y precisar que fue asesinada “a consecuencia de heridas punzo cortantes”.
Sin que sean claras las razones por las cuales las autoridades no emitieron los mecanismos de búsqueda en el caso de la joven, agregó, “aquí la cuestión está en que el Estado está actuando de manera reactiva. Es decir, no hay una política de prevención que ayuda a que esto efectivamente no suceda. No basta con decir que la autoridad no quiere que vuelva a suceder”.
Reiteró, como ya ha propuesto, que las autoridades tienen que sentarse con la ciudadanía, organizar una consulta a la misma y realizar un diagnóstico desde las ciencias críticas, cuantitativo y cualitativo, que revele “cuáles son las causas de esta violencia” y a partir de él, diseñar una política pública integral, que tradujo en que integre en ella la prevención, la atención y la sanción a la violencia contra las niñas y las mujeres de Zacatecas.
“A partir de esta política se deben empezar a ver resultados a corto, mediano y largo plazo porque se tienen que planear las acciones de esta manera”.
Aseveró que el Programa de Prevención, Atención y Sanción a la Violencia contra las Mujeres que tanto el gobernador, Alejandro Tello Cristerna, como la secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, lanzaron el año pasado, “no es fruto” de una consulta ciudadana ni de un diagnóstico serio.
“¡Y que tiene un millón de pesos para funcionar, esto es ridículo, es una burla a la ciudadanía. Ya basta de simulación! Se tienen que poner a trabajar porque a todas luces vemos que lo que se ha hecho hasta ahora no sirve. Y lo vemos desde el momento en que en siete meses del 2018 han asesinado en Zacatecas a más del doble de mujeres que en todo el año anterior. Entonces evidentemente no hay acciones eficaces y no vamos por el camino adecuado”.
Mara Muñoz Galván dijo que la seriedad de la situación de la violencia contra las mujeres en el estado se evidencia en el primer lugar que ocupa a nivel nacional en la presunción de feminicidios por cada 100 mil féminas.
“Que no es la misma seriedad con la que la autoridad toma los hechos. Entonces le exigimos a la autoridad, a la Fiscalía, al Gobierno del Estado que no sean reactivos ante la desgracia, que entiendan que el feminicidio es la punta del iceberg de un continuum de violencias que se viven en las calles, las escuelas, los centros de trabajo, en las familias”.
Las mujeres están expuestas a una violencia estructural y sistémica y mientras el Estado no implemente acciones eficaces contra ella coordinándose con los municipios y la Federación mediante una política integral que la atienda, “no vamos a avanzar y no se van a evitar los feminicidios”.
La activista también consideró respecto de la propuesta que ya lanzaron colectivos de mujeres en la pasada concentración pública que se hizo en Plaza de Armas para demandar justicia en el caso del feminicidio de la niña San Juana, de no solo solicitar la renuncia de las autoridades sino imputarles legalmente responsabilidades por su inacción o negligencia en estos casos, que “tenemos que exigir justicia por todos los medios, no basta manifestarnos en las plazas públicas”.
”Tenemos que hacer uso de los instrumentos legales que tenemos a mano. Y al final de cuentas exigir que se cumpla con una responsabilidad”.
Consideró necesario señalar que al fiscal José Francisco Murillo Ruiseco, “se le dio un cheque en blanco por nueve años. No es posible esta situación. No es posible que estemos condenados a la impunidad durante nueve años. Tenemos verdaderamente que exigirle cuentas a la Fiscalía –General de Justicia del Estado- y por supuesto, al Gobierno del Estado”.
Refirió sobre las imputaciones a que pueden hacerse acreedores las autoridades en estos casos, que en el Código Penal del Estado de Zacatecas en el artículo donde se tipifica el feminicidio, hay una sanción incluso con cárcel para los funcionarios que no cumplan con su obligación en la investigación de este delito.
“Entonces tenemos que analizar la situación legal y política para poder plantear una postura como movimiento feminista, y en eso estamos trabajando precisamente”.
