Nueva York. Después de que un juez ordenó al gobierno de Donald Trump reunir para esta fecha a los más de 2 mil 500 niños de entre cinco y 17 años de edad que separó a la fuerza de sus familias inmigrantes –una práctica que ha sido denunciada como secuestro
y tortura
por expertos y condenada universalmente– cientos de niños siguen sin estar con sus padres, y para algunos crece el temor de que nunca lograrán regresar con ellos.
El gobierno de Trump informó esta tarde que había reunido a mil 820 menores de entre cinco y 17 años con sus padres (aunque 378 de éstos fueron entregados a terceros bajo circunstancias apropiadas
).
Sin embargo, quedaban pendientes cientos de casos más. De éstos, el gobierno reconoció que unos 431 padres ya no se encuentran en el país. Aparentemente la mayoría (las autoridades no están seguras) fueron deportados sin sus hijos en circunstancias poco claras. Nadie puede pronosticar cuánto tiempo durará el proceso para ubicarlos, comunicarse con ellos y lograr reunirlos con sus hijos.
En el caso de otros 37 niños, las autoridades no han logrado identificar a sus padres.
Aunque el gobierno insistió en días recientes que cumpliría con su meta de reunificar a familias que designó como elegibles
esta semana, quedó poco claro qué sucederá con los más de 700 (algunos citan la cifra de 917) progenitores que han sido calificados como inelegibles
. Algunos de estos, según las autoridades, tienen antecedentes criminales, o no se ha comprobado su parentesco.
Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quienes interpusieron la demanda que resultó en la orden judicial de reunificar a las familias, critican el proceso por el cual las autoridades han designado de manera unilateral quién es o no elegible sin un proceso legal. Abogados y defensores de derechos de inmigrantes han insistido sobre mayor transparencia para saber por qué algunos son calificados como inelegibles
, pero el gobierno ha rehusado responder.
Desde que se puso en marcha la llamada política de tolerancia cero
hace un año, pero formalmente anunciada por el procurador general Jeff Sessions en mayo, la que ha llevado a estas separaciones forzadas al criminalizar a todo inmigrante indocumentado, el gobierno ha insistido hasta la fecha que sólo está cumpliendo la ley y obrando en el mejor interés de los niños
.
La orden del juez Dana Sabraw dio de plazo hasta el 10 de julio para reunificar a los 102 niños menores de cinco años. El gobierno designó 63 de estos casos como elegibles, pero no logró entregarlos a todos.
El proceso de reunificación ha estado marcado por el caos, revelando falta de coordinación, registro cuidadoso de datos, apego a normas judiciales establecidas sobre la separación de menores de sus padres en Estados Unidos y un grado de indiferencia oficial a los niveles más altos, dejando a servidores públicos junto con abogados, organizaciones inmigrantes y religiosas de todo tipo y un creciente mosaico de voluntarios tratando de hacer lo posible para lograr los rencuentros.
En muchos casos la falta de datos básicos sobre niños que fueron a veces trasladados a miles de kilómetros de donde están detenidos sus padres han obstaculizado los esfuerzos para coordinar los rencuentros. En un caso, dos niñas fueron trasladadas de sus albergues en la costa este a la frontera, supuestamente para ser entregadas a su madre, sólo para descubrir que ella ya había sido deportada.
Abogados denuncian que no pocos de sus clientes fueron engañados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al ser informados que a cambio de anular sus solicitudes de asilo serían más rápidamente reunidos con sus hijos –lo cual resulta en una deportación acelerada–, otros reportan que les ofrecieron la opción de ser deportados con o sin sus hijos, imponiendo una decisión agonizante a estas familias sobre si era mejor abandonar a sus hijos aquí o retornar con ellos a las condiciones de las cuales huyeron.
El miércoles, Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Interna –dependencia que incluye los servicios de inmigración–, aseguró en una reunión con legisladores federales latinos que estaban cumpliendo plenamente con la orden judicial. El diputado federal Luis Gutierrez –un líder en la defensa de inmigrantes durante años– comentó que en la reunión a puerta cerrada él le dijo a ella que estaba cometiendo crímenes contra la humanidad
y la acusó de abuso de niños
, reportó la agencia Ap.
La abogada Susan Gzesh, directora del Centro Pozen para los Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, comentó a La Jornada que la práctica de la separación de niños de sus padres es por definición nada menos que tortura
.
Agregó que bajo la Convención contra la Tortura, ratificada por Estados Unidos, este tipo de práctica es calificada de trato cruel, inhumano y degradante, aquí no hay duda: es tortura, tortura, tortura
.
